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Editorial                                        

Se indignan los dirigentes de las Farc cuando les piden cuentas por sus bienes. Quien cuestione es “enemigo de la paz”. Y las medias verdades del Gobierno sobre los decretos causan bochorno.

La carta que esta semana envió el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtiéndole serios reparos al listado de bienes de las Farc que supuestamente se van a destinar a la reparación de las víctimas, requiere una lectura que vaya más allá de limitarse a los de los exprimidores de naranja, escobas y cirugías practicadas a guerrilleros, que las Farc incluyeron en tales listados.

Es evidente que incluir elementos de este tipo, así como la relación de carreteras construidas, como si con eso pudiera repararse materialmente a algunas víctimas, implica un ánimo desafiante. Es una arrogante forma de recordar la concepción que tienen los del Secretariado de cómo habrá de atenerse la sociedad colombiana a sus pretensiones, tras ser atendidos los antecedentes de las negociaciones en La Habana, en las que la guerrilla fue escuchada y la contraparte fue más que generosa.

Las objeciones del fiscal, plenamente justificadas, que merecen respuestas más claras que las medias verdades y balbuceos de los altos funcionarios del Gobierno, demuestran por ejemplo que en el inventario de bienes se señalan inmuebles con apenas sus nombres. Frente a esto, las Farc contestan ofendidas que el fiscal quiere sabotear la paz.

Hay cifras de encuestas como las Gallup Poll de los últimos años, que demuestran que la gran mayoría de colombianos no creen en la voluntad de las Farc de reparar a sus miles de víctimas. En la negociación con el Gobierno lograron que este diera por bueno el argumento de que el conflicto interno era responsabilidad de toda la sociedad colombiana. Y por ende, es esta la que debe reparar a las víctimas.

Ayer, en rueda de prensa, alias “Pastor Alape” dio cifras sobre los bienes aportados, cercanos al billón de pesos. Con dolida teatralidad él y los demás miembros de las Farc protestan a quienes les interrogan y cuestionan por sus bienes. Habrá que recordar que en sus esquemas de actuación, no se aceptan ni cuestionamientos ni llamados a rendir cuentas. Quienes lo hicieron en el pasado lo pagaron bien caro.

Capítulo aparte merece la respuesta del Gobierno. Decía el jueves en la noche el ministro del Interior, Guillermo Rivera, lo siguiente, al informar sobre un decreto reglamentario firmado ese día: “Este decreto precisa que el único destino (de los bienes de las Farc) será la reparación de las víctimas”. Y agregó que “con esto estamos zanjando una discusión que se presentó en torno al decreto 903, y queda absolutamente claro que los bienes y activos de las Farc no se utilizarán para la reincorporación de las Farc sino que conforme al decreto que fue expedido hoy, única y exclusivamente se van a destinar a la reparación de las víctimas”.

Lastimosamente, ya no deben sorprender las medias verdades en esta materia. Porque esta norma a la que hace referencia el ministro Rivera (decreto 1407 de 2017) dice eso, pero en los Considerandos, no en los artículos que son los que tienen fuerza jurídica vinculante. Es, además, un decreto reglamentario, que no puede modificar ni derogar lo permitido en el decreto-ley 903 de mayo de 2017, que sí dice que los bienes de las Farc podrán ir a la reintegración de los excombatientes, a sus empresas comunitarias (Ecomún) y a financiar su “centro de formación y liderazgo”.

Con falsedades y medias verdades, ni las Farc ni el alto Gobierno van a generar la confianza ciudadana que tanto reclaman ni, sobre todo, lograrán que las víctimas sientan que las están tratando con la dignidad y respeto que merecen.

El Colombiano, Medellín, 26 de julio de 2017

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