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Alfonso Gómez Méndez                                      

¿No es hora ya de hacer un alto en la borrachera constitucional?

De nuevo salta a la arena pública el pomposo título de ‘Reforma política’ –de autoría de Rafael Núñez para la recopilación de sus artículos políticos–, esta vez para el proyecto de acto legislativo 012 del 2017, vía fast track y regulatorio de diversas materias como partidos, elecciones e inhabilidades, ya modificadas en la Constitución, alegando su necesidad para implementar los acuerdos de paz de La Habana y el Colón.

Antes se decía que desde el Frente Nacional (FN) se habían cerrado las puertas a organizaciones políticas distintas de los partidos tradicionales, lo cual, en buena parte, justificaba el surgimiento de las guerrillas. Pero ese argumento no es sólido: durante el FN hubo partidos contestatarios.
El Partido Comunista, ilegalizado en el gobierno de Rojas, tuvo actividad legal. Superada la paridad, contó con voceros de gran valía en el Congreso, como Gilberto Vieira, Hernando Hurtado, Humberto Oviedo o Manuel Cepeda.

El MRL de López Michelsen sacudió al establecimiento, llevó en sus listas a antiguos guerrilleros comunistas y respaldó la Revolución cubana. La rojaspinillista Anapo, del rehabilitado general y su hija, puso en jaque a los partidos tradicionales y, según algunos, ganó la presidencia en 1970, en alegado fraude que dio origen al M-19 bajo el lema ‘Con María Eugenia, con el pueblo y con las armas, al poder’.

Aquí nada es nuevo. Pero sí puede haber retroceso en esta reforma, como lo han advertido el procurador Carrillo, el presidente del Consejo de Estado y el contralor Maya

La Constituyente del 91 quiso también “cambiar la política”, justo una de las banderas de Galán, cuyo sacrificio, en cierto modo, impulsó el cambio para combatir el narcotráfico y la corrupción.

La mayor parte de normas de esa constituyente iban en tal dirección: apertura a muchos partidos, hasta el punto de que cada parlamentario podía ser uno, pero, aun cuando hubo más de 70 organizaciones, no cambió la política; prohibición absoluta de la reelección presidencial; circunscripción nacional para Senado, con nefastas consecuencias; elección popular de gobernadores (la de alcaldes data de 1985); conversión de las intendencias y comisarías en departamentos; pérdida de la investidura parlamentaria; asignación de curules por decreto para quienes se vincularan a un proceso de paz; y nada menos que “revocatoria del Congreso”, entre otras.

Después, la Carta del 91 ha tenido ¡43 reformas!, una de ellas, llamada ‘reforma política’, modificó, en 2003, 16 artículos. Muchas más se refieren a lo mismo, como las de 2002, 2007, 2008, 2009, 2011. Y la conocida con el altisonante título de ‘Equilibrio de poderes’, que finalmente quedó como Blas de Lezo por la mezcla de temas políticos y judiciales.

Además, ha habido otras reformas constitucionales, todas de contenido político, como las relativas a suplencias en el Congreso (1993), período de gobernadores y alcaldes (2002), pérdida de derechos políticos (2004), porcentajes para la elección en circunscripciones (2005), etc. En medio del conflicto armado, siempre se ha buscado “ampliar la democracia”.

Aquí nada es nuevo. Pero sí puede haber retroceso en esta reforma, como lo han advertido el procurador Carrillo y el contralor Maya: “Ninguna relación existe entre el Acuerdo Final y el hecho de someter el cumplimiento de las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría (...) al grado jurisdiccional de consulta”; ellos se refieren a las limitaciones a la figura de la pérdida de investidura, una de las pocas innovaciones de la Constituyente que han contribuido a mejorar la política. Parecidas observaciones hizo el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez.

En realidad, la única medida relacionada con el conflicto sería la encaminada a que las organizaciones de desmovilizados puedan hacer política en seguridad y con plenas y reales garantías.

Lo demás ya existe. La lista cerrada para el Congreso ayudaría evidentemente a que tuviésemos auténticos partidos políticos. Pero diferir su aplicación a 2019 o 2022 sería demostración palmaria de que no se necesita el procedimiento abreviado porque la reforma podría tramitarse con suficiente tiempo por la vía ordinaria. 

¿No es hora ya de hacer un alto en la borrachera constitucional?

El Tiempo, Bogotá, 16 de agosto de 2017

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