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María Isabel Rueda                                   

Es una estupidez hacer una reforma constitucional para prohibir lo que ya está prohibido.

Si mañana sale una reforma constitucional en Colombia que prohíbe matar a la abuelita, solo puede obedecer a un motivo: a que en Colombia se permite matar abuelitas hasta el día en que entre en vigor tal prohibición. Pero si ya está prohibido en Colombia matar a la abuelita, pues evidentemente una reforma constitucional en dicha dirección sería una estupidez.

No cabe apelativo distinto para el único artículo del proyecto de acto legislativo número 4 del 2017, que tengo el deber de publicar entero a manera de denuncia, y está a un debate de ser aprobado como reforma constitucional: “Artículo 1. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio (de Colombia), se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones equivalentes”.

Lo mismo que con la abuelita. Si hay que prohibir que el Estado cree, promueva, instigue o favorezca la creación de grupos ilegales armados, la única razón es que hoy eso está permitido en Colombia. ¿Porque qué sentido tiene prohibir lo que ya está prohibido?

La respuesta a tal estupidez la encontró el politólogo Pedro Medellín, analizando este artículo en el contexto de su exposición de motivos. Y es aberrante: el artículo transcrito atrás insinúa, “en aras de la no repetición”, que en Colombia ha sido legal armar grupos paramilitares. Lo cual es absolutamente falso y tremendamente injusto con el Estado colombiano y con la sociedad que lo constituye. Porque aun cuando es innegable que en la lucha contra la guerrilla narcotraficante hubo desviaciones abominables como el paramilitarismo, en el que participaron actores del Estado, como miembros de la Fuerza Pública, congresistas, alcaldes o gobernadores, siempre se trató de actos criminales perseguidos por el ordenamiento jurídico y castigados por el aparato estatal cuando fueron conocidos, prueba de lo cual es que hay mucha gente presa o extraditada. La colombiana no es una sociedad criminal, como lo sugiere este acto legislativo presentado por este gobierno. Significaría la aceptación de una responsabilidad con los más amplios efectos jurídicos y patrimoniales. No habrá presupuesto de un país que aguante la avalancha de demandas de indemnización por crímenes de los que se hacen responsables todo un Estado y toda su sociedad. 

Y ese es el gravísimo motivo oculto tras prohibir lo prohibido. Matricular la violencia que se ha producido hasta ahora en Colombia como inspirada por el Estado y propiciada desde la sociedad, cuando tanto el Estado como la sociedad pusieron en funcionamiento el sistema de castigo y de rechazo.

Desde luego, esto se está haciendo porque fue acordado con las Farc. Y, como dice Medellín, “no tiene otro objeto que admitir que el Estado colombiano fue complaciente con la creación de los grupos paramilitares, y en adelante, como un gesto del cumplimiento del acuerdo final, esta circunstancia cesará”. (...) “Se está preconstituyendo una prueba en contra del Estado colombiano de culpabilidad ante cualquier corte de derechos humanos nacional e internacional, que entenderá que esta reforma constitucional es una admisión de la responsabilidad del Estado por acción u omisión en la acción de los grupos armados privados paramilitares”. 

Entonces, lo que se le está vendiendo al Congreso bajo el título de ‘Proyecto de acto legislativo para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado’, un propósito correcto que no tendría por qué despertar ninguna sospecha, es un artículo inane a la luz de sí mismo (prohibir lo ya prohibido), pero supremamente peligroso cuando se descubre que en el fondo contiene la monstruosa trampa de que a partir de la aprobación de esta reforma constitucional, el Estado y la sociedad colombianos quedarán admitiendo su responsabilidad como un todo en el surgimiento y las monstruosidades del paramilitarismo en el país.
Entre tanto... eso no puede ser aprobado por nuestros representantes en el Congreso. Es una afrenta a la sociedad colombiana y a su historia.

El Tiempo, Bogotá, 13 de agosto de 2017

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