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Indalecio Dangond B.                                      

Quién se iba a imaginar que, después de 146 años de estar defendiendo los intereses de los productores del agro, la Sociedad de Agricultores de Colombia —SAC— se convirtiera en un gremio favorecedor de los intereses de un gobierno.

Al igual que otros gremios de la economía del país, la SAC no se escapó de la coerción política desde el Palacio de Nariño. Su expresidente de Junta Directiva, Luis Fernando Londoño Capurro, —al estilo de Judas Iscariote— terminó entregándola al Gobierno a cambio de una embajada en Argentina. La mermelada también viene en versión de frasco diplomático con fecha de vencimiento a un año.

Claramente, cuando un gremio pierde su independencia, pierde la dignidad y su brújula. Hoy, la SAC ha quedado convertida en una corporación con funciones notariales de las decisiones que le notifican desde Palacio y desde los ministerios de Agricultura, Comercio Exterior, Ambiente, Minas y del Posconflicto. Su gestión en la defensa y en la búsqueda de soluciones a los problemas que están golpeando las finanzas de los agricultores y ganaderos del país —aftosa, precios de mercado y aranceles— ha sido nula. Ni siquiera ha emitido un sólo pronunciamiento público exigiendo al Gobierno Nacional acciones concretas frente a estos problemas tan delicados.

También guardó silencio ante la importación sospechosa de biocombustibles, materias primas y alimentos sin aranceles (fuertemente subsidiados por países desarrollados) autorizada por el Gobierno en perjuicio de los productores nacionales. La SAC enmudece ante los escándalos de corrupción y la politización de las entidades públicas al servicio del sector que terminaron al servicio de los enmermelados partidos políticos de la coalición de gobierno. Igualmente, pasó de agache en la discusión del mísero presupuesto de inversión al sector agro que anunció esta semana el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el cual fue recortado en un 34,6 % para el año entrante.

La SAC, a pesar de tener asiento en la Junta Directiva del ICA, no ha sido capaz de presentar siquiera una propuesta que permita implementar el decreto 1500 del 2007, sobre las condiciones sanitarias y de inocuidad en la cadena alimentaria pecuaria. Por el incumplimiento de esta norma, y la reculada del Invima en el cierre de 233 mataderos de bovinos y de cerdos que se encuentran en estado crítico en todo el país, es que la aftosa está haciendo desastre en el sector ganadero. Tampoco ha aprovechado el asiento que tiene en la Comisión Nacional de Crédito y Finagro para presentar una propuesta que permita incrementar la cobertura del crédito en el sector productivo. Según estadísticas del Censo Agropecuario, de cada 100 campesinos, sólo diez acceden a un crédito.

En lo que sí ha sido muy diligente la SAC es ratificando normas que desde Palacio se están tramitando ante el Congreso de la República vía fast track para beneficiar a los 7.000 desmovilizados de las Farc. Los 2,7 millones de pequeños campesinos que se encuentran en extrema pobreza y en total abandono por parte del Gobierno envejecerán sin esperanza bajo el silencio de la SAC.

Una reflexión final: “Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo; porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor”. Mateo 9:16.

* Consultor.

El Espectador, Bogotá, 11 de agosto de 2017

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