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Jorge H. Botero                                           

La expresión, tomada de los Evangelios, refiere a una situación que genera excepcional dolor. En este caso, a la confesión que el Congreso realizaría de la responsabilidad del Estado como perenne violador de los Derechos Humanos.

Bajo el supuesto, quizás ilusorio, de que este columnista tenga lectores regulares, debo pedir excusas por retornar a un tema que de manera un tanto marginal traté la semana pasada. Hago referencia a la propuesta de introducir en la Constitución un texto destinado, según disputable teoría, a garantizar el monopolio de las armas en cabeza del Estado y a prohibir, como consecuencia necesaria, la creación de grupos armados, especialmente “autodefensas y paramilitares”. Este enunciado, en apariencia inocente y obvio, ya revela, para quien lea sin candor, una intención: la falta de mención de los grupos guerrilleros.

Ese silencio obedece a que la propuesta del Gobierno (que es el que pone la cara, aunque acompañado por las Farc desde la penumbra), proviene del Acuerdo del Teatro Colón. En ese farragoso texto se ha procurado eximir a las Farc de las mayores responsabilidades en el conflicto armado, aunque, naturalmente, cargándole la mano al Estado -que somos usted, yo, y nuestros ancestros- y a los grupos armados de signo ideológico contrario a nuestra flamante contraparte habanera. En el fondo, nos quieren a todos los colombianos culpables del pecado original del que vendrán a rescatarnos con el agua salvadora del Acuerdo de Paz.

Decían algunos columnistas, tanto como este servidor, que ya la Carta Política, al asignar al Estado el monopolio de las armas, prohíbe las conductas que ahora se pretende prohibir de nuevo. Si la adición es inocua, se dirá, ¿por qué tanto escándalo? Respondo: porque, así parezca redundante, tiene consecuencias profundas.

Principios de interpretación de normas jurídicas de universal aceptación postulan que no hay adiciones superfluas al ordenamiento jurídico. Es menester suponer, como consecuencia de la lógica interna del sistema, que toda nueva regla tiene consecuencias en el marco regulatorio.

En este caso, un ejercicio interpretativo elemental lleva a concluir que, en rigor, esas nuevas prohibiciones serían necesarias; lo que en apariencia estaba prohibido no lo estaba, o en realidad, estaba autorizado. Es como si hubiese una legalidad que funciona en dos planos diferentes y antagónicos, uno puramente formal, la legislación del Estado opresor, y otra proveniente del pueblo soberano alzado en armas a través del “Ejército del Pueblo, EP”, que es precisamente parte del nombre de estos novísimos “padres de la Patria”.  El Acuerdo de paz pondría fin a esta anomalía.

Poco antes de dejar su cargo de Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo dijo la siguiente enormidad que copio literalmente: “El monopolio de las armas no es solamente prohibirle a un civil usar un arma. Eso lo que significa es que el Estado está reclamando para sí su función única de ejercer el poder coercitivo del Estado sobre el territorio. Lo más importante es que hacia adelante el Estado colombiano dejará de ser tan tolerante con grupos de civiles que reclaman para sí eso; llámese guerrilla o paramilitares".

O sea, a menos que yo sea brutísimo, que hacía atrás (¿desde hace cincuenta y dos años?) el Estado era tolerante con los grupos armados, especialmente con los paramilitares que son los malos redomados del paseo. Esta declaración, hecha por quien goza de la autoridad del Estado y es recogida en el sitio electrónico de la institución a cargo del proceso de paz, tiene consecuencias económicas gravísimas. Me refiero a que aniquila la estrategia defensiva del Estado en los procesos que se adelantan en contra suya en instancias judiciales externas e internas.

Para hacer tan rotunda afirmación he examinado los argumentos que con menguado éxito, es verdad, han usado los abogados de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese foro se ha sostenido, al igual que en las instancias judiciales internas, que aunque el Estado ha realizado denodados esfuerzos para combatir a los actores violentos al margen de la ley, ellos han sido con frecuencia insuficientes. Por este motivo, y con base en el principio consistente en que “a lo imposible nadie está obligado”, debería ser absuelto.

Esta teoría no va más. El Estado, gracias a las declaraciones de Sergio (que, sin embargo, sigue siendo un alma de Dios), y bajo la hipótesis de que el Congreso aprueba la reforma “inocua” que se le plantea, va camino de perder todos los litigios como consecuencia del solemne reconocimiento de su antigua alianza con actores armados irregulares. Con un perverso efecto adicional: como esa asociación con los delincuentes ha sido una política oficial, no podrá repetir contra los funcionarios que por su intención dañina o culpa grave hayan sido responsables. La factura nos llegará completa vía el Presupuesto Nacional.

Hasta aquí los efectos jurídicos que lucen insignificantes frente a los de carácter político, consistentes estos en arrasar con la legitimidad del Estado en su condición de aliado estructural y permanente de los paramilitares y, por ende, responsable de la hecatombe de Colombia en materia de Derechos Humanos. Basta, para quien tenga dudas, leer la diatriba contenida en las ponencias para primero y segundo debate. Parecen redactadas por las Farc.

En ellas aparece la constante persecución de la población campesina inerme por el aparato represor del Estado con la cooperación de autodefensas y paramilitares. Los intentos de expandir la Revolución Cubana en el contexto de la guerra fría, y los enormes daños que las guerrillas ocasionaron, quedan en la penumbra. Mas si esa visión, que a mí me parece maniquea y sesgada, fuera correcta está referida a episodios que ocurrieron hace décadas y que quedaron superados con el fin de la guerra fría. ¿Para qué revivirla?

En vez de andar en el absurdo negocio de auto flagelarnos como Nación, mejor haríamos afrontando los problemas que tenemos pendientes. Los rebrotes de violencia en el campo, por ejemplo. Y la sindicación inminente de impunidad que nos haría la Corte Penal Internacional por la saga criminal de los falsos positivos.

Semana, Bogotá, 11 de agosto de 2017

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