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Indalecio Dangond B.                               

Esta semana, tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio del Partido Conservador donde Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría, y César Caballero, de Cifras y Conceptos, hicieron un análisis sobre el tema de las encuestas y las elecciones del año entrante en Colombia.

Entre las conclusiones de estos dos expertos analistas electorales hubo una que me llamó la atención. Ellos piensan que los colombianos terminaremos más inclinados por los candidatos presidenciales que presenten las mejores propuestas en materia de economía, reforma a la justicia e inversión en infraestructura de transporte y movilidad, que por aquellos que se inclinen por los temas del proceso de paz y la lucha contra la corrupción.

No se trata de minimizar el gravísimo problema de la corrupción política de este país y la impunidad en el proceso de paz, pero en esta coyuntura que estamos viviendo lógicamente que a los colombianos nos preocupa más la salud de la economía —que ya comenzó a pegarnos duro en los bolsillos—, la profunda crisis de la justicia —que en las últimas encuestas alcanzó al presidente Santos y al Partido de la U con un desprestigio superior al 84%— y el alto costo país —que tiene asfixiado a los empresarios con la enorme carga tributaria y el inconcebible atraso en las vías de comunicación y movilidad—.

De estos cinco males que nos deja el presidente Santos (economía, justicia, corrupción, impunidad y costo país), sin duda alguna, el más delicado es la politización de la justicia. El experto constitucionalista Juan Manuel Charry afirma que la Rama Judicial además tiene serios problemas de judicialización, congestión, impunidad, tutelización y burocratización. Según las cifras de este catedrático, el 77 % de las necesidades jurídicas declaradas no están resueltas, de cada 100 homicidios se condenan ocho y hay más de 1,6 millones de casos represados en los despachos judiciales. Para colmo de males, muchos magistrados de las altas cortes han sido cuestionados por la famosa “puerta giratoria” y el llamado “roscograma” que les permite saltar de una corporación a otra e influir en los nombramientos de sus familiares.

También hay muchas quejas y denuncias por persecución política. Los casos de los excongresistas Manuel Ramiro Velázquez (que se murió esperando que le resolvieran su situación jurídica) y Óscar Arboleda (que enfrenta un terrible cáncer hepático), el senador Luis Fernando Velasco y el almirante (R) Gabriel Arango Bacci hacen parte de esa larga lista de actores de la vida pública víctimas de los falsos testimonios y la dilación de los procesos en la Corte Suprema de Justicia.

Parece ser que el turno ahora es para el excongresista Luis Alfredo Ramos, a quien encarcelaron coincidencialmente en las elecciones presidenciales del 2014, y después de tres años le otorgaron la libertad condicional porque la Corte Suprema de Justicia encontró que le habían hecho un montaje con falsos testigos. A pesar de esto y de la absolución solicitada por el procurador Fernando Carrillo, por haberse demostrado su inocencia, el magistrado Eyder Patiño —con los términos legales vencidos— aún no profiere un fallo definitivo.

Al igual que Leopoldo López en Venezuela, han convertido al exsenador Luis Alfredo Ramos en un preso político.

* Consultor.

El Espectador, Bogotá, 28 de julio de 2017

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