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Jorge H. Botero                                                             

Examinar el impacto del Acuerdo de Paz en el Estado de Derecho no es una trivialidad. Tiene que ver con el régimen de libertades y la calidad de las instituciones que nos gobiernan.

El Instituto de Ciencia Política y la Corporación Excelencia en la Justicia son dos entidades afines por una razón fundamental: su compromiso con las ideas liberales, el cual las conduce a unir esfuerzos para propiciar debates de altura entre quienes sostienen perspectivas diversas sobre el acontecer nacional.

Fruto de esa encomiable alianza fue el foro realizado esta semana para examinar el proceso de implementación de ese acuerdo iniciado a fines del año pasado.

Entre otros tópicos relevantes, se discutió si ese prolífico proceso de producción de normas se ha adelantado acatando la Constitución y las leyes. Es una cuestión que nos concierne a todos. De la plena vigencia del Estado de derecho depende que estemos gobernados por las leyes y no por los hombres; o de otra manera: que vivamos en una república en vez de estar sometidos a un régimen tiránico.

Acudamos a Platón, que es un referente óptimo: “He llamado aquí servidores de las leyes a aquellos que generalmente se llaman gobernantes (…) porque considero que de esta cualidad depende sobre todo la salvación o la ruina de la ciudad. En efecto, allá donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, veo pronto la ruina de la ciudad; y donde, por el contrario, la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, veo la salvación de la ciudad (…)”

A mi modo de ver, el balance de la puesta en marcha de los convenios con las Farc es negativo en aspectos fundamentales, mientras que respecto de otros hay que suspender el juicio hasta que la Corte Constitucional adopte, en los meses que vienen, las decisiones que le corresponden. Por el momento, la incertidumbre es enorme.

Con relación al plebiscito, debo decir que su triunfo en las urnas habría generado una grave tacha de ilegitimidad como consecuencia de la manipulación de las reglas de juego. Sustento esta grave glosa en los siguientes hechos incontrovertibles: la reducción ad hoc del umbral de votación; la autorización, en contra de una tradición inveterada, a los funcionarios públicos para hacer proselitismo; la utilización de bienes y recursos públicos para efectuar propaganda a favor del Sí; y la suscripción del acuerdo (en presencia de la comunidad internacional), antes de que el Plebiscito hubiese sido votado. Son, todos, pecados graves.

De otro lado, recordemos que el Congreso dispuso que el denominado fast track entraría a regir “a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final”. La expresión es inequívoca: refiere a los mecanismos de participación directa de los ciudadanos que la Carta contempla y, en concreto, al plebiscito a la sazón en trámite para que los colombianos decidiéramos sobre el negocio firmado por el Gobierno con ese grupo guerrillero.

Ese acotamiento excepcional de las potestades del Congreso habría tenido sentido si el veredicto de las urnas hubiese sido positivo. En tal caso, la tarea del Parlamento hubiera consistido en acatar el mandato popular. En una muy extraña decisión, por decir lo menos, la corte dispuso que bastaba que en algún momento se hubiese consultado al pueblo (¡así este hubiese votado en contra!) para que fuera factible utilizar ese mecanismo abreviado y escaso en espacios de deliberación. Tal vez consciente de su equivocación, en un fallo posterior la corte devolvió a las Cámaras parte de sus potestades ordinarias.

Ahora bien, según el compañero Iván Márquez: “Lo que está firmado es un tratado que se debe cumplir. Está depositado en Ginebra y en la Organización de las Naciones Unidas en la forma de una declaración unilateral del Estado que se comprometió a cumplir el acuerdo”. No está solo en su tesis. La comparte el presidente, tal como se desprende de su discurso del pasado 20 de julio.

Con el respeto que esas calificadas opiniones merecen, cabe discrepar con estos fundamentos:
(i) Las Farc no son un Estado, condición indispensable para que puedan, conforme a la Convención de Viena de 1969, celebrar tratados. (ii) Pueden sí, según los Convenios de Ginebra de 1949, celebrar “convenios especiales” para humanizar el conflicto, categoría que es muy diferente a la de aquellos que buscan finalizarlo. (iii) Aún si el Acuerdo Final (AF) fuere un acuerdo especial, sus efectos están confinados al derecho interno. (iv) La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para acoger la tesis de Márquez y Santos fue derogada por petición del propio Gobierno. (v) Si el depósito del AF generara obligaciones para el Estado como un todo, no exclusivamente para el actual Gobierno, la Corte Constitucional no podría ejercer, con relación a ese acuerdo, su función de hacer prevalecer la Constitución.

Durante las conversaciones de La Habana la guerrilla sostuvo que “El derecho colombiano es derecho del enemigo que no obliga”. El Gobierno implícitamente (dolorosamente para muchos) aceptó esta tesis y se allanó a estipular un sistema de justicia que margina los principios fundantes de la administración de justicia, las instituciones que para esos objetivos la Carta Política contempla y toda nuestra legislación penal. Abundan las razones para creer que esa estructura judicial no puede subsistir.

Dejo para el final el mayor de los estropicios institucionales. La incorporación a la Constitución del acuerdo con unos alzados en armas. Les ahorro, por hoy, los argumentos jurídicos. Tomen nota de uno político que es de importancia suma. Si esa insólita medida no se anula, quien sea elegido presidente en los comicios de 2018 podría pedirle al Congreso que incorpore a la Constitución su programa de gobierno. De allí en adelante la tarea del Parlamento consistiría, exclusivamente, en implementarlo. Sería el fin de nuestra democracia, la que, a pesar de sus imperfecciones, hay que defender y fortalecer.

Semana, Bogotá, 28 de julio de 2017

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