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Andrés Espinosa Fenwarth                                      

La reducción de la presión estatal sobre los cultivos ilícitos durante la negociación del Acuerdo de Paz permitió triplicar los cultivos.

El monitoreo de los cultivos de Coca en Colombia, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, para el 2016 arroja luces y sombras sobre una realidad que no es posible soslayar. El informe evidencia un fuerte incremento de los sembradíos de coca, de 96.084 hectáreas en el 2015 a 146.139 en el 2016, es decir 52% más. 

El área de afectación de los cultivos del alcaloide, calculada en 238.000 km2, corresponde al 22% del territorio nacional. 
Los departamentos fronterizos con Ecuador (Nariño y Putumayo) y Venezuela (Norte de Santander) explican el 63% de la coca en nuestro país. El auge cocalero en esas regiones tiene su origen, por un lado, en las restricciones para asperjar glifosato a 10 kilómetros de la frontera desde el 2009, y por el otro, en la suspensión de la aspersión concedida por el Gobierno, desde el 2010, para aplacar los disturbios de orden público manipulados por las comunidades campesinas para proteger sus cultivos ilícitos en el Catatumbo. 

En criterio de la ONU, las causas de fondo que explican la alarmante evolución del área sembrada de coca del año pasado son las siguientes: disminución del riesgo asociado con su cultivo derivado de la suspensión, en octubre de 2015, de la aspersión aérea con glifosato; bloqueos contra la erradicación forzosa; potencial legalización de los sembradíos ligada al concepto de “cultivos de uso ilícito” incluido en el Acuerdo del Teatro Colón, que circunscribe su ilegalidad a su uso; generación de expectativas a favor de beneficios económicos asociados con la sustitución de cultivos ilícitos del punto 4 del Acuerdo de Paz; descenso generalizado de los esfuerzos estatales de desarrollo alternativo en todo el país, y aparición de organizaciones comunitarias que defienden los cultivos ilícitos. 

Al tener en cuenta todo lo anterior, sorprende que para el alto Gobierno, “el principal factor” que explica la escalada histórica sea “la devaluación del peso frente al dólar”, que “mejoró el negocio… como ocurriría con cualquier exportación”. No cabe duda de que la reducción de la presión estatal sobre los cultivos ilícitos durante el proceso negociador del Acuerdo de Paz permitió triplicar los cultivos de 47.790 hectáreas en el 2012, el nivel más bajo del presente siglo, a 146.139 hectáreas en el 2016, la cifra más alta de la historia.

Tampoco podemos asumir la actitud del avestruz y desconocer que 24 de las 26 zonas veredales de normalización pactadas con las Farc se encuentran en el área de influencia de los cultivos de coca, lo cual no podría categorizarse como una mera coincidencia, sino como una acción estratégica de control territorial, especialmente en el evento en que su permanencia se extienda en el tiempo.

Portafolio, Bogotá, 18 de julio de 2017

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