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Miguel Ceballos Arévalo                                                

En el informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos presentado ayer por la ONU, se confirma lo que ya había advertido Estados Unidos: el mar de coca en el que se convirtió Colombia es consecuencia directa del acuerdo con las FARC.

Ayer la  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- presentó su último informe sobre el aumento de cultivos de coca en el país, reportando un incremento sin precedentes del 52% en los territorios afectados por cultivos de coca,  al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016, un aumento de la producción potencial de cocaína del 34%, al pasar de 646 toneladas en 2015 a 866 en 2016, y un aumento del precio promedio del kilo de hoja de coca del 43% con respecto a las estimaciones del 2013, año en el que la tendencia empezó a ser el aumento del área sembrada.  (ver el informe completo)

Para la ONU, “el mayor crecimiento de los cultivos de coca se presentó en las zonas que ya tenían la mayor cantidad de coca en 2015 y que han tenido coca constantemente durante los últimos 10 años”, lo cual confirma que el gobierno se hizo el de la vista gorda en las zonas de influencia de las FARC mientras negociaba el acuerdo, pues como lo hemos demostrado en otras columnas, hay gran coincidencia entre las zonas de concertación de esa guerrilla y las áreas sembradas de coca. El nuevo informe confirma lo anterior cuando con toda claridad menciona que “las comunidades afectadas siguen siendo las mismas” pero que “han encontrado nuevos estímulos para incrementar el área sembrada con coca”.

Dentro de estos nuevos estímulos se incluye el mismísimo acuerdo de paz con las FARC, pues como lo afirma textualmente la ONU: al haberse introducido en lo acordado “términos como ‘cultivos de uso ilícito’ en lugar de ‘cultivos ilícitos’; algunas comunidades interpretaron esto como una ‘autorización’ para sembrar coca dado que lo ilegal era el uso y no el cultivo.”

En efecto, el acuerdo con las FARC menciona 98 veces la palabra “cultivos de uso ilícito”, en un esfuerzo por “lavar” la palabra cultivos ilícitos. Esta terminología fue propuesta por la guerrilla para justificar el control que quiere seguir ejerciendo sobre las comunidades cocaleras, e inexcusablemente aceptada por el gobierno y su equipo negociador. El problema es quién definirá cuales son los cultivos de uso ilícito y cuáles no. ¿será que para ello también terminaremos en manos de una “omnipotente” comisión compuesta por representantes de las FARC y del gobierno, quienes reemplazarían a la fiscalía y a los jueces de la República?

Tendrá que ser muy cuidadosa la Corte Constitucional cuando estudie la constitucionalidad de las reformas legales y constitucionales que desarrollen este punto de los acuerdos, porque por cuenta de una interpretación equívoca o ligera, podría terminar legalizando la operación más grande de “lavado” de la historia.

Para rematar, la ONU sostiene que otra de las causales de la disparada en los cultivos y la producción de coca es “un incremento de las expectativas para recibir beneficios como “contraprestación” por la sustitución de los cultivos de coca, en particular asociados con las expectativas derivadas del punto 4 del acuerdo de Paz.”

No es solo la oposición política sino las propias Naciones Unidas quienes han “dado en el clavo” al confirmar lo dicho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando a comienzos de este año relacionó la aparición de un verdadero “mar de coca” en el país, con negociaciones y acuerdos claudicantes frente al delito del narcotráfico.

*Ex Viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.                      

@ceballosarevalo

Semana, Bogotá, 14 de julio de 2017

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