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Alberto Velásquez Martínez                                        

La empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings ha manifestado que revisaría hacia la baja el crecimiento de la economía colombiana para este año. Calcula que esta se incrementaría entre el 1,8 y el 2 %. Ya el codirector del Banco de la República, el exministro de Hacienda y exsecretario de la Cepal, José Antonio Ocampo, calcula que solo será del 1,5 %.

Entre los argumentos que suministra la calificadora Fitch para colocar al país en riesgo inminente, está el del acelerado endeudamiento público que en los últimos años se ha desbordado. Hoy la sola deuda pública del Estado central supera el 42 % del PIB.

Pero no solo se enreda el monto de la deuda externa sino que se ensombrece el panorama fiscal. Los precios internacionales del petróleo, que constituye cerca del 50 % de las exportaciones colombianas y el 6 % del PIB, caen muy por debajo de los 50 dólares, cotización con la cual el gobierno ajustó sus presupuestos. Lleva año y medio descendiendo. Además disminuye su producción interna. Así, las implicaciones fiscales serán dolorosas, las que se agudizarán por los inminentes desembolsos del posconflicto, que se tragarán buena parte de las ya flacas finanzas nacionales...

El dólar se valoriza. Las exportaciones no reaccionan como se esperaban frente a este estímulo. Se encarecen las importaciones, sobre todo de aquellos artículos básicos para evitar mayor inflación. Y la deuda externa crece para hacerla más agobiante. El panorama no puede ser más difícil.

La industria está de capa caída. Según Fedesarrollo, “en mayo, el índice de confianza industrial se ubicó en el nivel más bajo desde 2009. Y la percepción de los industriales sobre las condiciones económicas para invertir en industria se deterioró”.

Expertos economistas vaticinan que no se cumplirán las metas para poder reducir el déficit fiscal, que supera los 25 billones de pesos, con el agravante de que el gobierno pone oídos sordos a las peticiones reiteradas del Contador General de la Nación que pide mayor austeridad en el manejo del gasto. Clamor que se ahogará en plena lucha electoral cuando este gobierno, con solo un 12 % de imagen positiva y un 91 % de opinión pública descalificando su gestión económica, necesita acelerar su talante derrochón para ver cómo logra ganar en las urnas lo que pierde en las encuestas.

Lo más insólito y paradójico del drama es que Santos le pide a la Corte Constitucional “tener en cuenta los efectos fiscales en sus fallos” para justificar su rechazo a leyes que recogen algunas promesas de su campaña electoral. Y agrega: “Cuando hay fallos que tienen efecto negativo en materia fiscal, lo primero que se vulneran son los derechos de los ciudadanos”. Es en lo que hoy incurre su mandato como operador y agente de tamaña crisis fiscal y económica, causada en buena proporción, por su imprevisión y manipulación política. Santos, como el cura aquel, predica pero no practica.

Duro compromiso le tocará enfrentar al que reciba como presidente tan amarga herencia de las anémicas cuentas nacionales....

El Colombiano, Medellín, 28 de junio de 2017

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