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Daniel Mera Villamizar                                    

Consecuencias de haber negociado todo con las Farc bajo el interés del Gobierno y no del Estado.

Un interés nacional es aquel que no se somete a ninguna ideología y cualquier gobierno está obligado a defender. Por excelencia: la integridad territorial, la soberanía del Estado, el control territorial, las reservas internacionales. (Es de esperar que hasta aquí no haya mucho debate). ¿Hubo en las negociaciones en La Habana descuido o sometimiento del interés nacional por cálculo político de corto plazo del Gobierno?

Respecto de la desmovilización, las armas de las Farc, los cultivos de coca y el narcotráfico, estamos viendo que el interés que prevaleció no fue el control territorial. Hoy no tenemos una mejora cualitativa del control territorial y sí más combustible para que la situación empeore.

Hoy tenemos: 1) zonas desocupadas por las Farc que no han sido ocupadas por las Fuerzas Armadas sino por disidencias y otros grupos armados ilegales; 2) un número indeterminado de armas de esta guerrilla que no entregará e irá a otras manos criminales en poblaciones no protegidas por el Estado; 3) más de 120.000 hectáreas nuevas sembradas con coca que nos multiplicarán las violencias en tierras sin ley; y 4) unos exsocios de narcotraficantes y exnarcoguerrilleros que no están obligados a colaborar con el Estado en la persecución del narcotráfico (y expulsan en vez de entregar a mandos medios disidentes que son narcos).

Todo esto se pudo evitar en la negociación, si hubiera primado al menos en este punto el interés del Estado, que en últimas es el de la sociedad, sobre el interés del Gobierno, culipronto y rehén.

La saga de la entrega de armas ilustra la debilidad autoinducida del Gobierno: esta semana sus voceros se lamentaban de la falta de fiesta cívica por la entrega del 60 % o del 40 % de un total de armas... ¡que se desconoce! El 17 de marzo el presidente Santos trinó: “Ya se tiene un inventario de  14.000 armas de las Farc que próximamente pasarán a manos de @MisionONUCol para garantizar una paz estable” (ver aquí). Y el mismo día el Ministerio de Defensa dijo que de esas 14.000, “son cerca de 11.000 fusiles” (ver aquí).

Sin embargo, ¡querían que hiciéramos fiesta por el 60 % (que era en realidad el 40 %) de 7.000 armas (¡!), sin contar las de las 900 caletas que admitió Timochenko, cuya búsqueda no tiene responsables ni plazos conocidos. Y sin contar los milicianos que no se han concentrado, cientos o miles, muchos de ellos armados. Así que falta bastante para el “día histórico” en que la sociedad tenga certeza de que ningún miembro de las Farc porta un arma.

Aunque este Gobierno, sin noción de lo intolerable, tiene previsto darles una pistola hasta a 1.200 (¡!) exguerrilleros como escoltas de sus jefes políticos, porque quién querrá tener de escolta a un militante armado del partido de las Farc.  Esa lindura de un partido político armado por el Estado en nuestra democracia no dura en el Gobierno que Colombia necesita elegir en 2018.

Si el Gobierno Santos defendiera este interés nacional sabría, además, el destino de los 10.000 fusiles AK-47 que Montesinos le vendió a las Farc en 1999 (ver aquí) y habría conseguido un acuerdo con Maduro para controlar el flujo de armas de las guerrillas en la frontera colombo-venezolana. Pero no. Otra ha sido la preocupación del presidente Santos y los voceros de agradezcamos a las Farc por empezar a desarmarse a cambio de nuestra segunda Constitución de 310 páginas.

Les importa poco dejar el país exuberante de coca, con grupos armados ilegales estrenando territorios, incluyendo al Eln, y miles de armas que las Farc no entregarán porque desconfían de, o no aceptan de antemano, las decisiones del pueblo en democracia. Creen que la “posverdad” de este acuerdo de paz sin refrendación popular, mal negociado, terminará siendo la verdad del futuro nacional.

@DanielMeraV

El Espectador, Bogotá, 16 de junio de 2017

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