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José Roberto Acosta                                    

Cuando con recursos del Fosyga, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, otorgó un crédito por $200.000 millones a Cafesalud EPS, sabía que nadie les hubiera prestado, pues ya era una entidad quebrada con un patrimonio negativo de $521.000 millones.

Cuando se informó que el consorcio Prestasalud no pondría ni un centavo de su propio bolsillo para honrar su oferta de compra y por ello recurría a un crédito por $500.000 millones ante Findeter, esta entidad financiera de todos los colombianos lo desmintió, pero sin tener en cuenta que, al mismo tiempo, la liquidadora de Saludcoop, gran protagonista de este proceso, dejaba constancia ante las juntas directivas de las cuatro cámaras de la salud de la Asociación Nacional de Industriales, que “Prestasalud tiene una solicitud de crédito con Findeter”, como consta en el boletín 189 del pasado 12 de junio de dichas cámaras.

Cuando se reglamentó, con el decreto 1510 de 2013, la entrega de anticipos en dinero por parte del Estado para la ejecución de contratos, quedó un riesgoso vacío para el caso de los billonarios dineros que se entregan a las EPS como Cafesalud, provenientes de la Unidad por Capitación, que en promedio es de $710.000 por afiliado al año. La Superintendencia de Salud no vigila que dichos recursos sean aplicados en la ejecución del contrato de aseguramiento en salud, por lo que muchas EPS desvían esos billonarios recursos a actividades extracontractuales, como lo hizo Saludcoop. La Supersalud aún prevarica por omisión frente a Coomeva EPS, que, a pesar de estar en causal de liquidación por presentar un patrimonio negativo superior al billón de pesos, creó un banco, entre otros negocios diferentes no vinculados a la salud.

El principal argumento del Ministerio de Salud para continuar con la inconveniente venta de Cafesalud EPS es que, por ser una sociedad anónima cuyo capital no está constituido con recursos provenientes de entidades públicas, su proceso de enajenación se sujeta a las reglas del derecho privado, pero nunca niega que maneja billonarios recursos públicos.

Con esta venta no se busca mejorar la tortuosa atención a los pacientes, ni mejorar las condiciones laborales de médicos y enfermeras, ni dar viabilidad financiera al sistema, sólo se trata de maromas financieras para apropiarse, bajo el velo de lo privado, de cuantiosos recursos públicos. Magos.

El Espectador, Bogotá, 16 de junio de 2017

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