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El Mundo (Editorial)

Poderes derivados y poderes informales niegan a los colombianos su derecho a participar en asuntos públicos de su competencia.

La democracia colombiana ha sido puesta en crisis por una minoría indignada presente en los medios de comunicación, el Congreso, las cortes y el Gobierno, que usa sus capacidades para levantar barreras para contener a las mayorías que apelan a la Constitución para tratar de ejercer sus derechos democráticos a participar y decidir sobre los temas que conocen, les competen y tienen voluntad de decidir.

En votación 20-12, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de convocatoria al referendo sobre la adopción. La iniciativa fue presentada con 2?300.000 firmas, de las que la Registraduría avaló 1?740.000, y había sido aprobada en Comisión Primera y Plenaria del Senado. Para aclimatar el bloqueo a la participación ciudadana, la célula y sus animadores alegaron que las mayorías, de las que presumieron que participarían para negar la "adopción igualitaria", carecían de potestad para limitar los derechos de una minoría conformada por parejas de la comunidad lgtbi o personas solteras con deseos de adoptar. El proceso formal de debate y votación tuvo amplio eco en redes sociales y medios de comunicación, que promovieron la perspectiva que se impuso en la Cámara, mientras se negaron a escuchar, si no fue que las matonearon, muchas voces necesarias para entender un tema tan complejo como el de la formación de las familias y el derecho de todo niño a crecer en una.

Lo ocurrido con el referendo sobre adopción no es muy distinto al proceso por el cual el Gobierno y el Congreso, contando con aval de la Corte Constitucional, aprovecharon su poder delegado por el pueblo soberano para arrebatar valor jurídico a la decisión del mismo pueblo sobre el acuerdo final para terminar el conflicto con las Farc. Tras una votación que reveló que el país participante estaba dividido en mitades casi iguales, pero en la que contra todo pronóstico y en debilidad de posición gano el No, la alianza de la mediocracia y la burocracia inventó un camino para reemplazar la negativa por una refrendación en la que los congresistas, constituyentes delegados, suplantaron la voluntad del constituyente primario y dieron vida al mismo acuerdo con ligeras modificaciones, así como su inclusión en el bloque de constitucionalidad. Aquí, también, alegaron que la voluntad de las mayorías afectaba, según un parecer que consideran más refinado y capaz que el de sus contrarios, la forma como se puede alcanzar la paz en Colombia.

En la misma línea de pretender imponer lo que en este caso piensa una enorme minoría, se encuentran las consultas populares sobre la actividad minera, como la realizada en Cajamarca. En tratándose de una actividad legal, relacionada con el aprovechamiento de recursos del subsuelo, que pertenecen a la Nación, debería regir el principio del derecho de las mayorías reales, mediante el cual todos los nacionales, no sólo los habitantes de un municipio, deben participar en una decisión que afecta el modelo de desarrollo, los actores legítimos para ejercer actividades empresariales y los medios para obtener o quitar recursos para el financiamiento del Estado, como las regalías.

A pesar de que lo usual es que quienes niegan la democracia de participación reclamen que ella no puede afectar a minorías que tienen derechos inalienables, perspectiva discutible, el país también enfrenta procesos en los que las mayorías pretenden imponerse sobre las minorías negando sus derechos, o subvalorándolos. La consulta anti-taurina es ejemplo relevante de esta forma de argumentar y promover decisiones, pues en ella se trata de que la mayoría enemiga de corridas de toros y eventos semejantes niegue a la minoría que participa de esa cultura, su derecho a tener las actividades propias de esa práctica, tradición y creencia. En situaciones como esta, esas mayorías olvidan toda coherencia y hacen nugatorios los derechos de las minorías.

El bloqueo a convocar al constituyente primario para que decida en materia que conoce y le compete se sustenta, en forma endeble por cierto, en una indolente negación de las capacidades del ciudadano que no está en el Congreso, en las cortes, las grandes ONG, el actual gobierno o los grandes medios, para evaluar los problemas puestos a su consideración y tomar decisiones que protejan el bien común. La inhabilitación, sin embargo, es parcial, porque a ese ciudadano sí se le permite educarse, trabajar, formar una familia y forjar cultura. Ahora, suponiendo que hubiera ciudadanos incapaces para la vida pública -un contrasentido en democracia-, se haría urgente habilitarlos mediante procesos educativos y participativos, que les permitan actuar para optar por el bien común, no sólo por su interés particular o su ideología.

El Mundo, Medellín, 14 de mayo de 2017.

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