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Jorge Humberto Botero         

Dicho por San Juan en el contexto de la liberación del pecador por el agua del bautismo, significa una cosa. Escrito en el Acuerdo del Gobierno con las Farc, otra muy distinta.

Ha pasado un tanto inadvertida la orden que el Congreso se ha dado a sí mismo de crear una comisión de la verdad. Tendrá por objeto “conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”.

Para desarrollar esta importante tarea carecerá de autonomía. Estará sometido al texto del Acuerdo Final, que es prolijo sobre la materia, y a la supervisión de las FARC ejercida desde la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Ese organismo paritario goza de la facultad de “constatar que el contenido de los proyectos de decreto, ley o actos legislativos que sean necesarios para implementar el acuerdo final correspondan a lo acordado”. Para terminar de ahogar la soberanía del parlamento, llegan a nuestro país dos expresidentes, uno de España y otro de Uruguay. Nunca antes en la existencia de la República, gobierno alguno había realizado tan hondas concesiones de su soberanía.

El cometido de la Comisión es gigantesco. Le corresponderá proveer una explicación amplia de la complejidad del conflicto “de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad”. Sería esta una gran hazaña. Todavía no se han podido saber con exactitud las causas del colapso del imperio napoleónico, de nuestra Guerra de los Mil Días o del triunfo de Trump. Ni se sabrá jamás con certeza. La historia es un terreno disputado respecto de la cual caben múltiples hermenéuticas. Las verdades oficiales, como esta que supuestamente resultará de un consenso social, son –inexorablemente– mera propaganda.

La prolija reconstrucción de un vasto pasado se deberá acompañar del reconocimiento de las víctimas del conflicto que se habrá de realizar de modo voluntario “por parte de todos quienes (sic) de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”, lo cual implica una gran ceremonia de expiación colectiva en la que los victimarios se inclinarán, reverentes y contritos, frente a las víctimas. Dada la duración del conflicto, es posible que estos rituales se deban realizar en muchos casos entre los nietos de unos y otros.

Tan fantástica catarsis colectiva llegará a su apoteosis cuando “toda la sociedad [rechace]...ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos”. Si esta puesta en escena fuere una inocente utopía de estirpe totalitaria (en sociedades liberales los consensos sociales son parciales y breves; duran, muchas veces, hasta las próximas elecciones), podríamos olvidarnos del asunto con una sonrisa de indulgencia.

Infortunadamente, no es así. A la Comisión, cuyos integrantes se definirán a través del mecanismo acordado con las FARC, le corresponderá definir: “Las responsabilidades colectivas del Estado, incluidos el Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto…”

Hasta ahora el Estado no había reconocido, salvo en episodios concretos y por orden judicial, su responsabilidad por los abusos que se han cometido en desarrollo del conflicto. Siempre sostuvo que tales atrocidades fueron cometidas por servidores públicos que actuaron por fuera del ámbito de sus competencias, o por civiles cuyas acciones delictivas no pudo controlar.

En adelante no veo con qué fundamentos podremos defendernos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se reclamen indemnizaciones a cargo del Estado; alguien debería calcular el impacto sobre las finanzas de la Nación de esta solemne declaración de culpabilidad, aunque en todo caso en nuestra condición de contribuyentes y beneficiarios del gasto social, terminaremos pagando los platos rotos.

De otro lado, cuando se prescribe la necesidad de definir las responsabilidades de organizaciones internacionales, el obvio candidato para sentarse en el banquillo será el gobierno de Estados Unidos, que tanto ha participado en el financiamiento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Puede que esa posibilidad no le resulte simpática y que no nos mire con especial gratitud.

La Comisión recorrerá de arriba abajo el territorio nacional a lo largo de tres años al fin de los cuales entregará sus “recomendaciones”, las que, en realidad, serán mandatos. En efecto, “Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el Informe Final”.

Preocupa, por último, la puesta en marcha de esta entidad itinerante en la seguridad de los integrantes de las FARC. Para entonces se habrán desmovilizado y carecerán de armas, pero como desgraciadamente permanecen activos muchos factores de violencia en la Colombia rural, podrían caer asesinados como inocentes palomas. Esa sería una terrible calamidad. Establecido que no habrá impunidad, pues para evitarla se ha establecido la Jurisdicción Especial de Paz, estas difíciles opciones entre memoria y olvido se deberían dejar en el ámbito de la libertad personal. Recordemos que “quien siembra vientos cosecha tempestades”.
Adenda. Para quien tenga interés en profundizar el pensamiento de este columnista sobre un tema tan crucial como poco debatido, recomiendo: “¿Bálsamo o Tóxico?”, y “Extravíos de la razón”.

Semana, Bogotá, 1 de abril de 2017.

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