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Marta Lucía Ramírez                                   

Por la vía del “Fast-Track” el Gobierno procura imponernos hasta la música que debemos escuchar. Nos convirtieron el discurso de la paz en un cheque en blanco para modificar la Constitución de modo exprés y a la medida de las Farc y del Gobierno.

Hace más de un año, cuando aún no se había firmado el acuerdo con las Farc y avanzaba aún el proceso de negociación, señalé que era necesario tener una estructura institucional suficientemente fuerte para afrontar los riesgos y nuevos escenarios que traería el “posconflicto” pero que, en la práctica, no es más que un “posacuerdo”. En efecto, hoy estamos lejos de poder decir que se acabó el conflicto y que estamos en la etapa posterior , a pesar de que vemos en las noticias que presurosos hablan de desmontar en tamaño la fuerza pública y quitarle funciones militares a la Policía Nacional.

Muchos hemos insistido en la necesidad de priorizar el fortalecimiento institucional para lograr una Paz Verdadera, porque, como todos los que vivimos en Colombia queremos la paz y para ello se tiene que asumir una postura constructiva pero crítica del estado actual de las instituciones. Por más que la propaganda mediática oficialista se desbordó en calificativos y juicios de valor para tachar a los críticos de “enemigos de la paz” o “buitres de la guerra”, el tiempo ha terminado demostrando que lo sensato era pedir respeto a las instituciones y defender el estado de Derecho so pena de correr con el lastre de ser calificados de “enemigos de la paz.

Si se hiciera un análisis comparado de diferentes procesos de paz en el mundo como los de El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Sierra Leona e incluso Sudán, existe un elemento común que no admite discusión: la probabilidad de éxito en la implementación de cualquier acuerdo depende de la legitimidad, apoyo popular, armonía, buen funcionamiento e independencia de las instituciones del Estado. Al fin y al cabo la paz es eso: el imperio de la ley sobre la tiranía del caos. Aplica en Colombia y cualquier lugar del mundo.

Aunque el presidente señaló que en ningún momento existiría una especie de “ley habilitante” como la que engendró Chávez y hoy da vida a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, la figura del “fast track” parece un nombre “a la colombiana” para la misma cosa. Los procesos legislativos se acortan e incluso se convierten en simples actos en donde el Congreso cumple papel de notario o comité de aplausos. Las leyes solo pueden ser de iniciativa del Gobierno y no pueden ser modificados ni por el Senado ni por la Cámara sin aprobación del mismo Gobierno. ¿Tiene sentido eso? Si el Legislativo y el Poder Judicial están a merced del Ejecutivo, que no nos quepa duda. Nos han trazado el camino que puede desembocar en un quiebre de la democracia.

Hoy corroboramos el costo inmenso para la estabilidad institucional por haber convertido “la paz” en una bandera de campaña más allá de un propósito nacional. La paz se convirtió en cheque en blanco que pretende eximir de responsabilidades políticas por elefantes de corrupción y continuar modificando la Constitución y las leyes sin control alguno.

Colombia necesita fortalecer las instituciones, no acabarlas. Se necesita entender que no todo vale así como que hay unas leyes que nos gobiernan y que están por encima de todos los ciudadanos, incluido el presidente de la República.

El Colombiano, Medellín, 23 de marzo de 2017

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