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Rafael Guarín                               

La legislación en materia de seguridad privada debe ser resultado de una discusión rigurosa y juiciosa que atienda criterios de seguridad nacional, derechos humanos, convivencia ciudadana y respeto por la iniciativa privada.

El Acuerdo de La Habana asume la seguridad y la vigilancia privada desde una perspectiva ideologizada que asocia a ese sector de la economía con el paramilitarismo. En ese sentido, al ser un factor peligroso para la paz, se pactó la adopción de una nueva legislación. Mientras el Gobierno la redacta con las FARC para imponerla a pupitrazo a través del fast track, no la discute de cara a la sociedad con los gremios, empleados y usuarios del sector.

Una actividad económica en expansión que representa 7,5 billones de pesos anuales y más de 250.000 empleos, terminó estigmatizada y sometida a una inaceptable presunción delincuencial. Para el 2015 la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada reportó 6171 registros, entre ellos empresas dedicadas a la vigilancia, transportadoras de valores, blindadoras, asesoras, arrendadoras, también esquemas de autoprotección, servicios comunitarios, capacitación y otros servicios. Estamos hablando de un sector que ha sido relevante para el mejoramiento de la seguridad ciudadana y que tiene cada vez mayor demanda.

Es previsible que en los próximos años la inseguridad aumente como resultado de la explosión de los cultivos de coca, el aumento del consumo, el crecimiento del microtráfico, la microextorsión y actividades delicuenciales relacionadas. La articulación de la Policía con los servicios de seguridad y vigilancia privada es cada vez más urgente para mejorar la eficacia en la prevención del delito. Además, coincide con reformas legales en diferentes partes del mundo orientadas a crear mecanismos de acompañamiento y apoyo en actividades específicas a la Policia.

Para el Estado es mejor contar con el concurso de las empresas del sector, sometidas a riguroso control en el marco del estado de derecho, que emplear recursos mucho mayores en aumentar policía. Es una cuestión de racionalidad económica y eficiencia. En vez de desestimular al sector de la seguridad privada, se debe más bien retirar de actividades de vigilancia a los soldados que hoy están atados al cuidado de un tubo o a la protección de infraestructura de multinacionales, servicio que debe ser contratado con el sector privado y no pagado con los impuestos de los colombianos, para sólo dar un ejemplo.

El nuevo Código de policía amplia el papel que en materia de seguridad pueden prestar las empresas privadas, un paso en el camino correcto. Sin embargo, la ideologización aceptada en el Acuerdo de La Habana va en dirección contraria. Para las FARC la seguridad y la vigilancia privada se debe restringir en contra de las tendencias internacionales que permiten el acompañamiento a la Policía en el cuidado de plazas públicas, eventos o sistemas de transporte masivo. No obstante, mientras quieren afectar el mercado al cual pueden acceder las empresas del sector, sí pretenden utilizarlas para mantener clientelas guerrilleras armadas, esos sí, potenciales aparatos paramilitares.

Veamos:

El Acuerdo Santos/Timochenko ordena la creación de un Cuerpo de Seguridad y Protección cuya población objeto son decenas de miles de personas: “los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo”, nivel que se presume “extraordinario”, señala el Acuerdo.

Ese Cuerpo de Seguridad estará integrado por personas de “confianza” del partido que surja de la guerrilla y de los protegidos. Por esa vía, tendremos, en principio, ¡ojo!, en principio, al menos 1.200 miembros de las FARC rearmados y pagados por la Unidad Nacional de Proteccion (UNP).

A eso se agrega que las FARC contarán con otro número adicional, no determinado, de exguerrilleros o exmilicianos vinculados a través de operadores de seguridad de su confianza, esto es, empresas de seguridad privada. Fácilmente, por ese medio se rearmarán un número mucho mayor de guerrilleros que los nombrados en la UNP. Cabe preguntar: Teniendo en cuenta el gran tamaño de la población protegida, ¿cuántos serán?¿3.000? ¿4.000? ¡Cuál desmovilización! ¿Para eso las FARC y el Gobierno quieren imponer una nueva legislación?

Nada descartable que con dineros lavados provenientes del narcotráfico los señores de las FARC terminen con testaferros comprando empresas del sector, hostigándolas, asociándose o fundando nuevas. ¿Cuál desarme? ¿Qué medidas se están tomando para evitarlo? ¿Para qué obligar al sector de la seguridad y vigilancia privada a contratar individuos que han pertenecido a estructuras con larga trayectoria en masacres, asesinatos, secuestros, violaciones y extorsiones?

El nominador de esos 1.200 armados de la UNP será el partido de las FARC, es decir, el Secretariado. También el Secretariado será el nominador de los cientos o miles que se vinculen a través de operadores privados. La cuchara depende la cúpula fariana. El que se salga del guión, al pavimento, cual cacique clientelista de pueblo. Eso asegura que el mando continúe y la jerarquía se mantenga en términos generales de la misma forma como funcionó en el monte. Será un partido político en armas, pero en democracia.

La legislación en materia de seguridad privada no debe ir por fast track, no debe estar sometida al visto bueno de las FARC, no debe exponer al sector a riesgos innecesarios y no debe limitar sus oportunidades y su aporte al país. Debe ser resultado de una discusión rigurosa y juiciosa que atienda criterios de seguridad nacional, derechos humanos, convivencia ciudadana y respeto por la iniciativa privada.

Semana, Bogotá, 11 de marzo de 2017

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