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Marta Lucía Ramírez     

Existe en francés una expresión llamada “déjà vu”, que grosso modo significa que sentimos que lo que experimentamos en el presente, ya lo habíamos vivido. Cuando abrimos cualquier periódico, pareciera que nuestra historia fuera eso: déjà vu tras déjà vu.

Corría el año 1995, luego de la elección de Ernesto Samper, cuando empezaron a salir a flote rumores e investigaciones por concepto la financiación del Cartel de Cali al entonces candidato liberal. El Fiscal General de la época, Alfonso Valdivieso, reveló el contenido de unos cassettes –luego llamados los “narco cassettes”- en donde el periodista Alberto Giraldo hablaba con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela confirmando la participación económica del grupo narcotraficante en la consecución de la presidencia. La gravedad del caso motivó a Valdivieso a presentar denuncia ante la Comisión de Acusaciones, quien debía indagar sobre este episodio y la participación del presidente, miembros de su gabinete y congresistas en este escándalo.

En el argot popular lo sucedido en la campaña Samper se llamó “Proceso 8000”. Hoy, 22 años después, la historia parece repetirse; y aunque algunos elementos y actores son diferentes, en lo sustancial el cuento es el mismo: un candidato electo con serios cuestionamientos e irregularidades en su financiación, una ciudadanía burlada y un Fiscal cuyas primeras acciones nos generaron gran optimismo y confianza, pero que en el manejo del caso Odebrecht ha dado mensajes de ambigüedad inexplicables para un jurista de su talla.

La credibilidad y legitimidad de nuestra democracia, no pueden quedar al garete de una Comisión de Acusaciones decorativa y sin credibilidad , ni de un Consejo Electoral politizado que ya en la misma campaña de la reeleccion incurrió en desviacion de Poder como lo calificó el Consejo de Estado en sentencia de Nov de 2015. La clase política genera una percepción generalizada de corrupción porque en su mayoría , por décadas se ha hecho elegir usando las peores prácticas , incurriendo no pocas veces en acciones delictivas como la compra de votos. Hoy esos politicos del clientelismo y las maquinarias buscan lavarse las manos y salir impunes abrazando el discurso de la lucha contra la corrupción.

Decía Napoleón Bonaparte que “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Mucho daño nos ha hecho no ser capaces de aprender de los errores del pasado para poder transformar el presente y el futuro. Hoy no sirve repetir que la corrupción es mala y que debemos combatirla, si no hay transformaciones profundas en las instituciones para que puedan investigar a fondo y con autonomía frente al inmenso poder burocrático del Ejecutivo. Tampoco se puede aceptar que la simple indignación sin acción ni sanción se convierta en nuestro desahogo en la medida en que salgan a flote nuevos escándalos.

Desde que la Constitución de 1886 creó la llamada Comisión de Acusaciones, se estableció que ésta sería el juez natural del Presidente, magistrados y ministros. Desde esa fecha han pasado 40 presidentes, cientos de ministros y magistrados y sólo un proceso se materializó en condena: La declaración de indignidad en 1959 al General Rojas Pinilla por abuso de autoridad y se logró así su salida de la presidencia.

El escándalo de Odebrecht no puede ser uno más que quede sin resolver y pase al olvido sin responsables ni condenas. Aunque no lo han verbalizado así el Presidente y su Vicepresidente candidato , me recuerdan frases del pasado como: “si entraron dineros ilegales fue a mis espaldas” o “aquí estoy y aquí me quedo”.

Lo nuestro no puede ser un eterno déjà vu. Vamos a cambiarlo.

El Colombiano, Medellín, 23 de febrero de 2016.

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