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Luis Fernando Álvarez         

El exfiscal Eduardo Montealegre presentó a consideración de la Corte Constitucional una demanda contra los acuerdos de paz que se suscribirán entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

El análisis inicial del escrito y de los cargos formulados, permite plantear las siguientes reflexiones: Independiente de la manera como la Corte Constitucional puede modular sus decisiones, no puede olvidarse que en principio su competencia es taxativa. El artículo 241 Superior, textualmente confía a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, “en los estrictos y precisos términos” de ese artículo. Quiere decir, que la Corte solo puede conocer de los asuntos allí mencionados, entre los cuales no se encuentran los acuerdos que eventualmente el Gobierno Nacional suscriba con los grupos internos alzados en armas.

Además, a título de discusión, previamente habría que precisar la naturaleza de dichos acuerdos. No pueden tener el carácter de actos constitucionales, tampoco se trata de leyes, ya que en el Estado Unitario Social de Derecho, estos actos y las funciones de donde se derivan, se asignan al Constituyente primario y al Congreso. Quedaría por debatir si eventualmente se trata de actos políticos y administrativos, en cuyo evento su control podría corresponder al Consejo de Estado, órgano titular de una cláusula general de competencia, que le permite conocer de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos cuyo estudio no corresponda a la Corte Constitucional. (art. 237 N° 2 C.P).

Por otra parte, es menester tener en cuenta que el control de constitucionalidad, salvo en los casos expresamente señalados como control previo, debe recaer sobre normas que son derecho positivo y vigente, no sobre textos que puedan adquirir en el futuro un carácter normativo, por sí mismos o por decisión o incorporación por parte de otras instancias. Es de anotar, además, que la acción judicial, es de inconstitucionalidad, no de constitucionalidad. Es decir, la norma ya existente se demanda para que la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, decretándola o negándola, pero por principio, no se acude a la Corte para que ratifique el juicio de constitucionalidad que el demandante tiene sobre la norma impugnada.

Los acuerdos de La Habana, si es que se suscriben, no tienen por esencia un carácter normativo vinculante, cuando más, adquieren el estatus de un texto político, a partir del cual los órganos constitucionalmente competentes, deben desarrollar las disposiciones constitucionales y legales necesarias para su implementación. Un pronunciamiento previo de la Corte o incluso del Consejo de Estado, porque consideren, por ejemplo, que se trata de acuerdos especiales internacionales, podría significar una grave vulneración del orden jurídico y político, pues equivaldría a concederle a la guerrilla el carácter de órgano estatal, sujeto de tratados o convenios internacionales.

Como puede observarse, son muchos los argumentos que pueden exponerse para advertir que es menester tener cuidado con la atrevida tesis del Dr. Montealegre, tanto por sus implicaciones jurídicas, como por sus consecuencias en el campo político e institucional.

Exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado..

El Colombiano, Medellín, 6 de mayo de 2016.

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