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Pedro Corzo      

Durante el aniversario del Plan Colombia, por medio del cual Estados Unidos facilitó al Gobierno de Bogotá recursos para combatir la insurgencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron público a través de uno de sus comandantes lo que podría interpretarse como un nuevo plan, en el que, por supuesto, las FARC resultarían beneficiadas.

Este planteamiento del comandante Pastor Alape demuestra que el grupo guerrillero que en el pasado encarnó una propuesta política antidemocrática —pero fundamentada en una ideología—, aparte de mutar a fuerza terrorista enraizada en el narcotráfico, está dispuesto a convivir con su enemigo más acérrimo si esa cohabitación está respaldada por grandes cantidades de dinero.

Durante décadas, las FARC proclamaron orgullosa y estentóreamente su hostilidad hacia Estados Unidos y los valores que esa nación representa. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que las diferencias podían ser superadas si Washington paga la consolidación del proceso de paz, financiamiento que repercutiría favorablemente en los bolsillos de los comandantes.

Para los jerarcas de la narcoguerrilla, lo importante es el cash. Los que cayeron defendiendo los postulados que las FARC enarbolaron en el pasado no cuentan, porque las propuestas ideológicas, a pesar de estar sostenidas en los fusiles, nunca lograron arraigar en el pueblo colombiano.

No les resultó reclutar niños a la fuerza, colocar minas antipersonales en zonas transitadas por campesinos y sus hijos, abusar de la población en todas las formas imaginables y expropiar bienes con el pretexto de que eran necesarios para la sacrosanta revolución. Los insurgentes nunca contaron con el suficiente respaldo popular que les permitiera proyectarse como una alternativa viable de acceder al Gobierno.

Las FARC decidieron participar con relativa seriedad en los diálogos de paz en La Habana, porque arribaron al convencimiento de que las fuertes bajas que les infligió el Gobierno de Álvaro Uribe hacían imposible una victoria militar. En consecuencia, optaron por negociar políticamente con el presidente Juan Manuel Santos lo que les era imposible obtener militarmente.

La acumulación de fracasos y el inexorable paso del tiempo transformaron a los comandantes y sus subalternos directos en caciques con disposición y capacidad de imponer en las regiones que operan su voluntad por medio de la fuerza.

La avaricia devoró los ideales, pero siguieron arropando sus actividades ilegales con la bandera de la insurgencia. El liderazgo de las FARC desde hace muchos años disfruta de riquezas que nunca produjeron. Los mandos superiores y medios se han dedicado a amasar una fortuna personal y familiar, producto de la extorsión, el secuestro y muy particularmente del narcotráfico.

En la actualidad, los jefes de las FARC cuentan con jugosas cuentas bancarias y poseen bienes inmuebles en Colombia y en el extranjero. Los compran directamente o a través de testaferros. Uno de los últimos escándalos que está siendo investigado por la fiscalía colombiana está relacionado con propiedades valuadas en 30 millones de dólares en Costa Rica, que supuestamente pertenecen al comandante Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo.

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, coincidió con la revista Forbes Israel cuando, en un informe, la publicación reseñó que las FARC eran multimillonarias. Agregó que ese grupo terrorista tenía miles de millones de euros y dólares, lo que daba lugar a una operación de lavado de activos sin precedentes en la historia.

El periodista Ricardo Puentes Melo indicó que uno de los planes de las FARC es invertir parte de sus riquezas en Cuba, aproximadamente novecientos millones de dólares en el sector del turismo. Según el director de Periodismo sin Fronteras, los ingresos de la narcoguerrilla superan los ochocientos millones de dólares al año, y su fortuna llega a más de veinte mil millones.

La mayor parte de esta fortuna es producto de la droga que durante años introdujeron en Estados Unidos, país que quiere que siga pagando las cuentas de sus gastos. A pesar de que, como dice la congresista Ileana Ros-Lehtinen: “Los miembros de las FARC tienen sangre de ciudadanos de Estados Unidos en sus manos y deben ser enjuiciados por lo que han cometido”, que termina demandando: “Los Estados Unidos deben mantener a las FARC en la lista de organizaciones terroristas”.

Todo parece indicar que las FARC gozarán de una gran impunidad, no sólo en lo que concierne a sus innumerables crímenes contra el pueblo colombiano, sino que también podrán conservar los cuantiosos bienes que han acumulado de forma ilícita. Al parecer, no pagarán con cárcel sus crímenes, tampoco compensarán económicamente a sus miles de víctimas, porque han dicho públicamente que no cuentan con recursos para hacerlo.

Infobae.com, febrero 13 de 2016.

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