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Francisco J. Saldarriaga                                          

Semanalmente se presentan en Colombia una serie de sucesos que asombran al más frio e indiferente de sus habitantes, y es que con un presidente espurio y cínico hasta la saciedad, es imposible no sentirse inquieto y desconcertado ante situaciones que en un país con algún trazo de moralidad pública, ya habría originado consecuencias suficientes para un cambio de gobierno, o la renuncia por decencia del que funge como primer mandatario, aunque ahora se mantiene por fuera y el estado está en manos del muy cuestionado exdirector del Sena.

A propósito de este individuo de antecedentes desconocidos, pero que por lo sucedido en su anterior cargo origina muchas preguntas con respecto a su gestión y al clientelismo extremo, similar al del anterior jefe de Cambio Radical, pero que parece se ha olvidado ante el intento de desmarcarse del espurio que pretende hacer Vargas Lleras; el hecho es que los contratos de prestación de servicios y las adjudicaciones de obras y todas esas formas de para esquilmar al erario público, se hicieron presentes  en la administración del señor Prada.

¿Quién se comporta con laxitud de principios es el indicado para ser la mano derecha del presidente?, ¿Los órganos de control se acomodan para eludir el cumplimiento de sus funciones y sancionar ejemplarmente a este tipo de individuos cercanos al presidente?, ¿Con la destitución de quien denunció sus artimañas, se puede entender que la cultura organizacional de esta administración consiste en premiar al corrupto y castigar a quien lo denuncia?

Salen a la luz los papeles del paraíso que involucran al espurio y de inmediato este, como acostumbra hacer, niega cualquier vinculación y envía su declaración de renta a los medios pretendiendo demostrar su transparencia, esto en un intento bobalicón de desvirtuar los hechos,.

¿Le salió el tiro por la culata, cuando en su documento no aparecen propiedades en el exterior y en el cual se pueden colegir falsedades y elusiones?, ¿De dónde salen los recursos para comprar a través de una sociedad gerenciada por su esposa y cuyo suplente es su hijo peleador de bares en Brasil, un apartamento en Miami y el supuesto palacio que compró en Londres para radicarse allí, una vez se retire y salga, para beneplácito del pueblo colombiano, del cargo que usurpó?, ¿Por qué cuando se destapan este tipo de corrupciones, sacan a la luz otros hechos para cambiar de escándalo?

El congreso cumpliendo con su deber constitucional decide discutir con profundidad la reglamentación del mecanismo, ideado en La Habana para favorecer a los narcoterroristas del partido de la FARC y a su vez buscar la manera de vengarse de quienes los combatieron cumpliendo con el deber impuesto por las leyes colombianas, y desde palacio se escuchan voces presionando la celeridad para aprobar esta reglamentación de la JEP.

¿De cuándo acá, la ONU tiene atribuciones para exigir celeridad a un congreso de un país?, ¿Quién decidió amenazar al pueblo colombiano con decretar la conmoción interior para aprobar por decreto, lo que el congreso no apruebe debido a que  esa instancia jurisdiccional será, antes que nada, una manera de propiciar la impunidad de los delitos atroces y de lesa humanidad perpetrados por los narcoterroristas ahora libres de toda persecución por parte de un gobierno ilegítimo? ¿Esa JEP tiene atribuciones que le permitan juzgar a todos los colombianos?

¿Cómo así que los miembros del partido de la Farc, dejaron las armas para poder entrar al congreso cuando las “disidencias están armadas hasta los dientes?, ¿Estas disidencias se pueden considerar el brazo armado del partido de las Farc?, ¿El nuevo partido Farc., tiene licencia para realizar proselitismo armado y así promover la votación a su favor con fusiles en la cabeza de los votantes?, ¿El dinero que salió en valijas diplomáticas, durante las conversaciones en la Habana qué tipo de procedencia tiene?, ¿Si este dinero procede de la extorsión y el narcotráfico puede el estado colombiano darle legitimidad y permitir que se emplee en la financiación de las campañas del partido Farc?

¿Ahora se puede entutelar a quien manifieste lo que piensa sobre un narcoterrorista y los jueces pueden exigir cambio de palabras para describir las acciones innegables y delictivas de un sujeto?, ¿Llamar a las cosas por su nombre es un delito o una indelicadeza?, ¿Para referirnos a estos facinerosos y forajidos debemos antecederlos apelativos de sustantivos así: Excelentísimo señor asesino, u Honorable narcoterrorista?

Me rondan en la cabeza muchas más inquietudes y estoy seguro de que el pueblo colombiano tiene infinidad de interrogantes que hacen que la incertidumbre se esté generalizando puesto que se vislumbra un futuro muy opaco y ya se está viendo cómo se descapitalizan las empresas para llevar ese dinero a otros lares en donde haya menor desconfianza jurídica.

Publicado en Columnistas Regionales

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