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Carlos E. Correa M.                                   

Cuando de cumplirle a las Farc se trata, el presidente Santos no tiene ningún inconveniente en atropellar los demás poderes públicos. De manera descarada le exige al Presidente de la Cámara, doctor Rodrigo Lara, que agilice el trámite legislativo de las leyes que implementan el acuerdo de paz en los puntos  relacionados con la reforma política y otros, porque “los acuerdos son para cumplirlos”. Actitud contraria asume el mandatario cuando de cumplirle al pueblo colombiano se trata.

Con esta actitud Santos no solo desnuda completamente su catadura dictatorial, farsante, y engañosa, sino que quiere ocultar el incumplimiento que la contraparte terrorista realiza en el acuerdo. ¿De cuándo acá, en la separación de poderes, al ejecutivo le está permitido atropellar y entrometerse en los terrenos autónomos del legislativo? Hasta donde sabemos Colombia es, por ahora,  un régimen democrático. Solo en las dictaduras el sátrapa de turno monopoliza a su antojo todos los poderes públicos como ha pretendido, en reiteradas ocasiones, el presidente Santos.

De otra parte, no sin razón, la opinión pública se pregunta, si “los acuerdos son para cumplirlos” tal como lo exige Santos ahora, ¿por qué, engañando a nueve millones de ciudadanos en el año 2010 incumplió el ACUERDO sagrado de su programa de gobierno con el pueblo colombiano de continuar con la SEGURIDAD DEMOCRATICA impulsada por su antecesor Álvaro Uribe V?

Y más recientemente, el pueblo colombiano contradiciendo a Santos, quien públicamente expresaba en su momento que “el pueblo colombiano apoya masivamente el proceso de la Habana”, se pronunció mayoritariamente en el plebiscito de octubre del año 2016, en contra del acuerdo de paz y el señor Santos, olímpicamente lo desconoció. Ese acuerdo también había que cumplirlo, honrarlo y respetarlo Presidente. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público, establece claramente nuestra Constitución Política en su artículo 3. Nuestra Carta Magna también obliga al Poder Ejecutivo que infortunadamente, para los colombianos, Santos desvergonzadamente representa.

 Y si de incumplimientos seguimos hablando, el pueblo colombiano no olvida las promesas de Santos, algunas ofrecidas con grabación en mármol, como la relacionada con el no incremento en las tarifas de impuestos; la eliminación gradual del 4 x 1000; la reforma a la justicia; la lucha contra la corrupción, hoy más acentuada que nunca; la no impunidad contra los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad; el descuento del 8% mensual a la salud de los pensionados; etc.

Todos los colombianos deseamos la paz, ninguno es tan estúpido para preferir la guerra. Pero el pueblo colombiano no quiere una paz a cualquier precio. La paz verdadera no se puede construir con impunidad y con elegibilidad para los responsables de crímenes atroces. Las víctimas tienen que recibir una justa reparación y conocer la verdad sobre su lamentable situación. No puede haber una justicia especial para condenar a unos y  absolver a quienes cometieron cualquier cantidad de crímenes.

Si bien en este acuerdo ha sido el gobierno, en cabeza del presidente Santos, quien más ha concedido ventajas a las Farc, éstas han abusado de la generosidad del mandatario y de la sociedad colombiana para imponer sus condiciones, incumpliendo como Santos, muchas partes del acuerdo. Las Farc como contraparte del gobierno, también están obligadas a cumplir y a honrar lo acordado, sobre todo en aquellos puntos donde la opinión pública ha tenido la benevolencia de avalarlos. Sin embargo, lo que la opinión pública registra con desconcierto e indignación es el incumplimiento de parte de esta organización terrorista de gran parte de los puntos del acuerdo suscrito con Santos.

La gran mayoría de niños, menores de edad y secuestrados siguen sin ser entregados y/o liberados por las Farc. Implementando todas las formas de lucha, la guerrilla hace política sin hacer entrega de la totalidad de las armas, dejando gran cantidad de ellas en poder de los grupos “disidentes” y sin pagar condena alguna por sus fechorías. Se siguen beneficiando del narcotráfico y de la minería ilegal. Bienes y dinero en efectivo encontrados por la Fiscalía después de no haberlos declarado en su inventario inicial, no son muestras de cumplimiento y compromiso serio con la opinión pública nacional e internacional de parte de las Farc. Entre mentirosos y tramposos no debe ser difícil ponerse de acuerdo.

Solo una acción política decidida de la población colombiana votando en el 2018 por los candidatos opuestos a este ignominioso acuerdo, le hará comprender a las Farc y al gobierno de Santos que la voluntad popular se respeta y que la democracia y la institucionalidad prevalecerán por encima de sus siniestras intenciones.

Publicado en Columnistas Regionales

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