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Jorge Enrique Pava Quiceno                                  

Dentro del proyecto del nuevo POT de Manizales, existen dos posiciones antagónicas en relación con las zonas de expansión y que, para bien de la ciudad, requieren encontrar un término medio que evite lesiones, violaciones, actos de autoritarismo y un gran perjuicio para nuestro desarrollo.

La primera posición es la de algunos que se dicen ecologistas y animalistas  que se ensordecen ante las razones y los argumentos y se niegan a ceder ante lo obvio. Para ellos prevalece su parecer, y nada de lo que se diga (así tenga el sustento técnico, legal, ambiental y administrativo) es admisible. Ellos saben que destruir es fácil; que oponerse y manipular al ciudadano con desinformación es pan comido; y que los réditos politiqueros que se encuentran en los escándalos mediáticos por cuenta de la supuesta defensa de la tierra son baratos y efectivos. No les importa además arrasar con lo proyectado, con lo construido o con lo tramitado y, sin medir consecuencias, provocan movimientos bulliciosos sustentados más en la alharaca que en la razón, y más en los beneficios personales que en lo que pregonan como bien común. Luchan supuestamente por sus derechos, pero se niegan a respetar las condiciones establecidas y los parámetros estipulados en las leyes que nos rigen.

La segunda posición es la de quienes defienden las instituciones y el ordenamiento jurídico como única forma de vivir en paz y de armonizar la sociedad. Son quienes desarrollan la ciudad atendiendo los requerimientos legales y cumpliendo la totalidad de requisitos contemplados en las normas y que vienen contribuyendo con nuestro desarrollo invirtiendo en Manizales, generando empleo y moviendo la economía. Son quienes tienen la fortuna de entregarle a la sociedad la oferta industrial, comercial, de vivienda y de servicios que mejora la calidad de vida de los manizaleños y nos tiene ubicados como el mejor vividero del país. Son quienes posibilitan a las clases menos favorecidas, entre otras cosas,  que adquieran su vivienda económica y en condiciones dignas.

Las razones ecológicas son innegables siempre y cuando no se vayan a extremos tales que resulten sacrificando el desarrollo y el progreso, y las posibilidades de un crecimiento planeado. Siempre y cuando no vayan dirigidas a obtener réditos politiqueros o económicos personales. Por algo existen las autoridades ambientales, de planeación, de curaduría y demás órganos de control que, por cierto, son demasiado exigentes y rigurosos. Y tanto los ecologistas como los inversionistas se tienen que regir por esas exigencias y esas rigurosidades, así no sean del agrado de unos y otros. Ese es el fundamento del estado de derecho.

Por otro lado,  las razones de los inversionistas son de un peso absoluto y definitivo. Porque no podemos siquiera insinuar que el hecho de que se invierta en un sector de una zona de expansión signifique la invasión, el desmonte y la tala de la totalidad de la zona. Se tienen que respetar reservas ecológicas, laderas, cuencas y bosques que, muy al contrario de lo que se piensa, saldrán beneficiadas con las construcciones que se planteen. Porque al invertir en una parte de la zona de expansión, hay que atender, proteger, resembrar y mantener el resto de esa zona adecuadamente para la misma protección de quienes entrarán a habitar la parte construida.

¿Por quién tomar partido entonces? Por las dos partes: El concejo de Manizales debe reabrir la discusión y tratar de mediar entre las dos posiciones de manera tal que no se violen los derechos adquiridos de los inversionistas, no se ahogue el crecimiento de la ciudad y se permita desarrollar proyectos nuevos cuidándose de proteger gran parte de nuestra reserva natural. En manos del Concejo está nuestro futuro, y no puede ser inferior a esa responsabilidad. El POT no puede convertirse en un  negocio politiquero en detrimento de los intereses de la ciudad, y mucho menos en espacio de retaliaciones que tendrán costos millonarios para todos los manizaleños.

Publicado en Columnistas Regionales

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