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Darío Acevedo Carmona                                       

Los tiranos imponen su voluntad a como dé lugar, se inventan leyes o las interpretan a su amaño. Una y otra vez y cada vez más descaradamente, Juan Manuel Santos procede como un tirano, como dictador de una “banana republic” y se reafirma en su papel de abrecaminos del modelo castrochavista en Colombia.

Sus atropellos a la democracia y a la institucionalidad han superado con creces todas las barreras posibles de la ignominia. Primero desconociendo el resultado del plebiscito en el que los colombianos que votaron bajo las reglas del juego por él impuestas le dijeron No a su propuesta de paz. Ahora amenaza con dar el paso del aventurero enloquecido que quiere hacer de la derrota su victoria retorciendo el resultado adverso del Congreso.

El castillo de naipes que había forjado a punta de mermelada se le está derrumbando en un Congreso que, en demostración inusual de autonomía, le negó las mayorías a la ley que estipulaba la creación de “16 circunscripciones especiales de paz” en zonas de conflicto que en realidad caerían en manos de las Farc en vez de ser espacios de representación para las víctimas del conflicto.

Lo que están tratando de imponer con rebuscadas interpretaciones de códigos, artículos de la Constitución y hasta ecuaciones matemáticas es tan abyecto que no han mostrado el más mínimo rubor al decir que el Gobierno tenía “un as bajo la manga”, típica expresión de tramposos, tahúres y fulleros, similar a la de jugar con los dados marcados.

Santos ha violentado todos los umbrales de la decencia de la ética y de la moral y por ello pretende ubicarse por encima de todo, como un ser amoral, al pensar que su palabra empeñada a los criminales de guerra en La Habana y en Bogotá es la palabra del Estado colombiano y creyéndose a lo Luis XIV que él es el Estado, que ser jefe de Estado es lo mismo que ser el Estado.

A quienes nos acusan de querer volver a la guerra y de exagerar o fantasear con el peligro castrochavista, les decimos que el mejor argumento para demostrar la pertinencia de nuestros temores nos lo proporciona quien hoy ejerce de presidente de la República. Él con sus actuaciones no solo ha pisoteado la Constitución nacional y la institucionalidad, sino que le ha abierto la puerta de la política a quienes quieren implantar ese modelo en Colombia.

El presidente Santos, o más bien, el tirano, el dictador, el campeón de la arbitrariedad vestida de galas, quiere notificar a la población que dos por dos son seis, que donde por reglamento solo se pueden hacer dos votaciones se pueden hacer tres, que donde una vez se cierra el tiempo de votación hay forma de abrirle el margen para que un amigo salve el proyecto con su voto en extra tiempo, que la mitad más uno de 99 es 50 y no 50 y medio que se acerca al siguiente número entero, es decir, 51.

Solo un presidente arbitrario y uno que otro consueta pueden entender al revés el artículo 134 de la Constitución y su parágrafo transitorio que claramente estipula el régimen de faltas absolutas y temporales de los congresistas y de la pérdida de investidura por condena, situación en la que aún no están los tres congresistas investigados con los cuales, supuestamente, se rebajaría el quórum del Senado de 102 a 99.

No hay necesidad de citar a este u otro sabio de la ciencia política para pensar que este hombre ha causado un daño a la democracia comparable al de cualquiera otro de los sátrapas del socialismo del siglo XXI. ¿Con qué, o cómo, le vamos a cobrar a Juan Manuel Santos haber hecho añicos la Constitución, la justicia, la separación de poderes?

No nos ha dejado el maestro de las trampas otro camino que el de salir a las calles a exigir su renuncia y al de pedirle a la Corte Constitucional que se amarre los pantalones y de muestras de autonomía y rechace la presión de los grandes medios y del Ejecutivo para convertir nuestra Constitución en un papirote.

Golpe tras golpe Santos se ratifica como un auténtico golpista escondido con el disfraz de la paz. Reúne ya todos los méritos para ser juzgado y destituido.

Coda. Dice el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “El Acto Legislativo 2 de 2015 señala que, “para efectos de conformación de quórum” (no de mayorías) “… se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas”.  La norma no es aplicable a las faltas temporales de quienes, aún no condenados, tienen orden de captura en su contra. Así que, al tenor del artículo 375 de la Constitución, para un Acto Legislativo, “la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara”. Son 102 miembros del Senado, y la mitad más uno es 52, no 50 votos”.

El Espectador, Bogotá, 04 de diciembre de 2017

 

 

Publicado en Columnistas Nacionales

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