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Samuel Hoyos                            

“Quieren hacer de la JEP un tribunal de venganza”

El año pasado Moisés Wasserman señaló en su columna de El Tiempo lo peligroso que resulta el sentimiento de superioridad moral derivado de la convicción de que las propias creencias o afiliaciones son más virtuosas que las de los demás, en tanto que los “malos” actúan pensando que son extremadamente buenos, y justifican cualquier cosa en nombre del altruismo. Bajo esa premisa las Farc–Ep han venido justificando de manera sistemática la totalidad de los delitos cometidos por su organización en contra del pueblo colombiano, y al mismo tiempo han exigido -irónicamente- que el Estado colombiano se reconozca como el principal responsable del conflicto, tratando de explicar con ello su irracional actuar criminal.

El líder de las Farc y precandidato presidencial alias ‘Timochenko’ remitió a la Fiscal de la Corte Penal Internacional una misiva en la que manifestó las preocupaciones de su organización, en relación con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que incorporó a nuestro sistema judicial la cuestionada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la carta ‘Timochenko’ señaló que la postura de la Corte Constitucional de excluir la obligatoriedad de que terceros no combatientes acudan a la JEP, abre las puertas a la impunidad.

Nada más peligroso que estar convencido de un dogma e inadmitir la discusión del mismo, tal y como le pasa a ‘Timochenko’, a quien los fallos de la Corte Constitucional que garantizaron la estabilidad jurídica del acuerdo; la participación y financiación económica de la organización política de las Farc con 10 curules en el Congreso de la República sin obtener un solo voto; y el actual fallo que permite que criminales de lesa humanidad y criminales de guerra confesos, no sólo que no paguen un solo día de cárcel, sino que sin someterse a la JEP, puedan participar en cargos de elección popular, le parecen ajustados a derecho y, además, respetuoso de los derechos de las víctimas. Pero eliminar la obligatoriedad de que terceros acudan a la JEP y puedan ser juzgados por su juez natural, eso no sólo le parece al líder guerrillero deleznable sino que, además, es el sendero a la impunidad.

Lo anterior lo único que evidencia es el talante de una organización que utilizando a las víctimas se burla de ellas, diciendo que las van a reparar, cuando en realidad los dineros fruto de la actividad criminal van a ser destinados para su propia financiación, como lo señala el artículo 4 del Decreto 903 de 2017, que justifica sus crímenes y atrocidades culpando al Estado colombiano que legítimamente los combatió, que no presentan ningún reparo con el hecho de que responsables de masacres confesos no pasen un solo día en prisión, y participen en política, pero los indigna el hecho que la justicia ordinaria investigue, juzgue y sancione con penas reales a los terceros no combatientes que tengan responsabilidad en el conflicto. Ello lo único que demuestra es que las Farc nunca han estado dispuestas a someterse a la institucionalidad colombiana, y que quieren hacer de la JEP un tribunal de venganza en el que puedan juzgar a su antojo a todos sus contradictores en su camino por tomarse el poder.

El Nuevo Siglo, Bogotá, 21 de noviembre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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