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Darío Acevedo Carmona                                     

De no haber sido por el montaje del hacker urdido por servicios de inteligencia y de la Fiscalía y por los aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, quien tendría que estar en el sillón presidencial es el doctor Óscar Iván Zuluaga.

Recuerdo que Santos en un mitin con sus entetados congresistas y dirigentes políticos de distintos partidos prometió destinar inmensos recursos a la campaña que, como bien se intuye, quería decir plata para comprar y movilizar electores a punta de tamal y ron, vieja costumbre que, como también se supo después, fue puesta en práctica por ñonos y musas en departamentos del litoral Atlántico en donde, de la noche a la mañana, el que había perdido la primera vuelta por más de medio millón de sufragios apareció vencedor con una ventaja de casi un millón.

El triunfo de Santos fue, pues, el fruto de montajes, maniobras y financiamiento irregular que hoy está siendo investigado por agentes de la Fiscalía General de la Nación gracias a las confesiones de Otto Bula, el intermediario de la multinacional brasilera en el reparto de las multimillonarias comisiones.

Conviene tener en cuenta que las conductas investigadas a la campaña Santos constituyen delitos de carácter penal por tratarse de la figura presidencial en juego y de las evidencias sobre otorgamiento de costosos proyectos a esa firma como pago a la “ayuda” prestada en la campaña. Es decir, no era solo un asunto de infracciones en la contabilidad como insinuó el presidente al decir con frivolidad y cinismo que “apenas me vengo a enterar”.

Y conviene tener en cuenta, igualmente, que el involucramiento de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en la recepción de pagos extras por la misma firma extranjera a raíz de declaraciones de su asesor de publicidad Duda Mendonca, en tanto no tipificaba aspectos penales, fue lo que llevó al fiscal Néstor Humberto Martínez a dejar todo en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), aportándole todo el material recolectado hasta ese momento.

Y conviene tener en cuenta, también, que el Dr. Zuluaga, perfilado como la opción más fuerte del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2018, en gesto decoroso y de transparencia, en vez de aferrarse a su condición, decidió dar un paso al costado para dejar que la investigación del CNE fluyera libremente y sin presiones.

Y todo lo anterior hay que rememorarlo por cuanto el fallo absolutorio a favor del doctor Zuluaga por parte del CNE removió como un tsunami el modorroso debate de precandidaturas presidenciales con la consecuente reincorporación del doctor Zuluaga a la competencia.

Y no sé si fue por eso o por otras razones que se tendrían que hacer explícitas, el fiscal Martínez salió inmediatamente a la palestra y luego, presuroso, como si hubiese recibido alguna instrucción, lo hizo el procurador, a decir que las declaraciones del señor Martorelli, el gerente de Odebrecht en el país, en el sentido de que esa firma no le dio dineros ni a la campaña ni a Zuluaga, no eran suficientes para eximirlo de culpa y que, por el contrario, habría pruebas para condenarlo.

Se pregunta uno si, como ya ocurrió desafortunadamente en casos anteriores, no hay una colusión de intereses entre elementos de la política y del poder judicial, artimañas, mandados y montajes, en esta situación y en la reacción escandalosa que hemos presenciado generosamente amplificadas en las crónicas de la gran prensa contra el fallo del CNE.

¿Cuál es la razón, preguntamos al señor fiscal general, para retomar un caso que él mismo ante la opinión pública transfirió al CNE? ¿Acaso el CNE, conformado en su gran mayoría por magistrados en representación de la coalición de gobierno se coludió con Zuluaga? ¿O es que, en el fondo del susto que les ha causado el regreso de un peso pesado a la campaña, sonaron las alarmas y hay que echar mano de nuevo a las viejas picardías y trampas para atravesarse en el camino del rival?

¿Será que en nuestro país ya ni siquiera es suficiente que un órgano de justicia electoral de por cerrado un caso porque otros órganos y autoridades judiciales se creen con el derecho a clavar una estaca en la espalda sobre aquellos a los que hay que cerrarles el camino para que no se les dañe el arreglito del espurio acuerdo de paz Santos-Farc?

Coda: Para bien de la credibilidad de la política seria, el doctor Zuluaga podrá tomar la decisión de si se lanza a la contienda por la Presidencia invocando la enseña uribista de “tener siempre presente los altos interesas de la patria” o se deja paralizar por turbias maniobras.

El Espectador, Bogotá, 29 de octubre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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