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Iván Duque Márquez                                           

Mientras el gobierno sigue hablando de la “exitosa” Paz, las Farc permanecen sin entregar la información de su larga trayectoria de narcotráfico. No han contado cuáles eran las rutas que operaban, quiénes eran sus socios en México, Venezuela y Brasil, quiénes eran sus aliados en la cadena logística o de lavado de activos y lo que es aún mas grave, cuándo van a entregar la totalidad de los bienes para reparar a sus víctimas.

Ante esta burla la situación del narcotráfico en el país se sigue agravando. El área sembrada de coca supera los números previos a la implementación del Plan Colombia, crece el número de hombres en armas de las mal llamadas “disidencias” de las Farc, que a su vez controlan gran parte de los cultivos ilícitos en sus zonas de influencia histórica y ahora resulta que alias “El Paisa” desaparece de la supervisión del Estado con sus lugartenientes.

Lo curioso es que en medio de estas graves situaciones, el gobierno quiere tramitar por la vía del fast track dos proyectos que terminan premiando al narcotráfico y favoreciendo la expansión de los cultivos ilícitos.

Por un lado han presentado un proyecto de “Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores” donde por la puerta de atrás buscan reformar el artículo 375 del Código Penal, modificando el régimen sancionatorio a quienes participan en la cadena de cultivos ilícitos.

Dentro del proyecto pretenden que quienes siembren de coca hasta 5 canchas de fútbol como la del Estadio Atanasio Girardot, eviten la sanción penal del Estado, bajo la premisa de considerarlo cultivos de subsistencia.

Claramente lo que hay detrás de todo esto constituye un favorecimiento al famoso “pitufeo” que consiste en la sumatoria estratégica de pequeños cultivadores para insertarlos en la cadena de abastecimiento a los laboratorios y centros de procesamiento.

Como si todo esto no fuera suficiente para constituir un escándalo nacional, el gobierno también pretende presentar por fast track un proyecto que reforma la Ley 160 de 1994, relacionada con el régimen de tierras estableciendo que las personas que a la fecha de adopción de la ley ocupen bienes incluidos por las Farc en el inventario de bienes entregado al Estado tendrán derecho a recibir una compensación con un predio de características semejantes o con dinero perteneciente al Fondo de Gestión de Tierras Despojadas.

En el caso de este proyecto, no queda duda que se está indemnizando la condición de testaferro de bienes de las Farc, como si esa organización pudiera tener algún bien de carácter lícito que permitió su ocupación “bondadosa” para los menos favorecidos.

Lo que está ocurriendo en Colombia es muy grave. Crecen las “disidencias”, el área sembrada de coca, los asesinatos de líderes sociales en las zonas de influencia histórica de las Farc, se debilita el proceso de desarme y reinserción como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo y el gobierno pretende seguir agravando el problema premiando los cultivos ilícitos.

Los colombianos no podemos dejar que estas normas prosperen. Nuestro desafío es enfrentar las drogas con prevención desde la familia y el colegio, aplicar sustitución y erradicación obligatoria, desmontar que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político, desmantelar laboratorios, acelerar la extinción de dominio y la destrucción de cadenas de lavado de activos, fortalecer la interdicción, encarcelar a los jíbaros, penalizar sin criminalizar el consumo y atender integralmente a los adictos. Esa es la agenda que nos permitirá construir la paz como expresión de la seguridad y la justicia y no como la claudicación ante el delito.

*Precandidato presidencial CD

El Colombiano, Medellín, 29 de octubre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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