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Rafael Nieto Loaiza                                  

El Contralor General de la Nación afirmó en días pasados que la corrupción le cuesta al país al menos cincuenta billones de pesos. Una suma enorme.

La corrupción es una enfermedad letal que se extiende por todo el cuerpo del Estado colombiano. Ya no se limita, como hace algunos lustros, a funcionarios de gobierno y a algunos parlamentarios. Invade todos los partidos políticos (incluyendo aquellos que tienen por bandera acusar a los otros del mal, sin mirar la viga propia), los gobiernos departamentales y municipales, las Fuerzas Militares y la Policía, la Fiscalía y los magistrados de las más altas cortes. Hay, por supuesto, fiscales y jueces pulcros, transparentes, honestos, pero ya se ha sembrado la duda de si son la excepción o la norma. Lo uno o lo otro, sabemos que cuando la sal se corrompe las sociedades están condenadas a su fracaso.

No será posible bajar los impuestos ni disminuir la pobreza si no somos eficaces en la lucha contra la corrupción. Si no tapamos el roto, la riqueza que creamos los ciudadanos (y le trasladamos al Estado para disminuir la pobreza y la desigualdad y para que nos los devuelva en bienes y servicios con cobertura y calidad), terminará en los bolsillos de unos cuantos bandidos.

Para atacar la corrupción se requieren tres paquetes de medidas. Las primeras son de carácter estructural y normativo. Una es, por sí misma, vital: una reforma integral al sistema de administración de justicia que haga al aparato judicial mucho más efectivo, disminuya la impunidad y de garantías de imparcialidad y transparencia a todos los ciudadanos. Las otras son también importantes. Menciono solo algunas de ellas: hacer de la contratación directa la excepción y no la norma (hoy el 82% de los contratos en departamentos y municipios se adjudica a dedo); diseñar e implementar pliegos únicos de licitación para acabar la contratación de sastrería, donde los contratos se hacen a la medida de quien adjudica y del compinche que está al otro lado; impulsar una política de estado para hacer gobierno y contratación en línea, como en Estonia o Finlandia (hace diez años era imposible. Hoy el desarrollo informático lo permite y es relativamente barato), lo que permite cercanía, inmediatez y control instantáneo de la gestión y la contratación gubernamental por parte de todos los habitantes; fortalecer las veedurías ciudadanas; depurar las contralorías departamentales y municipales, la mayoría fortines burocráticos y clientelistas que no protegen un solo peso de los recursos públicos; tecnificar la Contraloría General y elegir al Contralor por méritos; fortalecer el programa Colombia Compra Eficiente (de los pocos que en este gobierno merecen aplauso); reglamentar el cabildeo; aumentar las sanciones legales a los corruptos: prohibir que puedan ser empleados públicos como sanción por su traición a la confianza de la sociedad, impedirles que ellos o las sociedades de las que hagan parte puedan contratar con el Estado, eliminar para ellos el beneficio de la casa por cárcel. Y hay que dotar al Estado de una batería de instrumentos para ir por los bienes de los corruptos. El bolsillo es donde más les duele a los corruptos.

Un segundo grupo de medidas hace referencia a la política: por un lado, hay que bajar los costos de las campañas políticas a través de, entre otras medidas, hacer listas cerradas y disminuir los costos de publicidad. Los costos actuales invitan a los aspirantes a hacer pactos con contratistas, a los que más tarde devuelven el favor adjudicándoles contratos con sobrecostos. Por el otro, hay que modificar de manera radical la manera en que se construye gobernabilidad en Colombia. Debe hacerse en torno de ideas, políticas y programas. Si sigue haciéndose a través de la entrega de pedazos de la torta burocrática seguiremos teniendo politiqueros que creen que la parte que les tocó es su coto de caza personal y entran a saquear los recursos de la entidad. Por último, es indispensable transparentar la gestión de los parlamentarios frente al gobierno nacional, de manera que la ciudadanía sepa que proyectos impulsan los congresistas y pueda hacer control político de ellos (tal y como están hoy, los cupos indicativos son una fuente inmensa de corrupción).

Por último, pero no menos importante, hay que modificar la cultura ciudadana en al menos tres sentidos: primero, hay que tomar conciencia de los que los recursos públicos no son de un ente etéreo, sino que son nuestros recursos, los que hemos trasladado al Estado por vía de impuestos y contribuciones: segundo, hay que volver a la cultura de la austeridad y la discreción, de la construcción de patrimonio con esfuerzo, perseverancia y años de trabajo duro y honesto. El narcotráfico nos ha dejado una nefasta herencia de éxito y riqueza rápida y fácil, para la que todo vale, incluso la violación del código penal.

Finalmente, ningún esfuerzo será posible, sin embargo, si no reconstruimos el tejido ético de la sociedad colombiana. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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