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Samuel Hoyos                                    

Poco a poco vamos conociendo cómo funcionaba el “cartel de la toga”. A través de abogados y fiscales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, recibían sobornos a cambio de absoluciones y condenas. Por ahora es muy poco lo que sabemos sobre esta red de corrupción, que involucra a altos funcionarios del Estado. No son casos aislados, montaron una estructura criminal para saquear al Estado de manera organizada y sistemática, con la participación de jueces y parlamentarios, pero también del Gobierno. El negocio era redondo y bien pensado. Cooptaron la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Los magistrados indicaban a los procesados que abogados debían “contratar” para poder salir bien librados de los procesos, disfrazando el soborno como si de honorarios se tratase. Ese es el caso del extraditable Gustavo Moreno y su socio, Leonardo Pinilla, alias “Porcino”.

El ex Fiscal General, Eduardo Montealegre, ternado por el Presidente Santos y elegido por la Corte Suprema, pagó su elección repartiendo puestos y contratos a los familiares de los Magistrados, entre ellos los de Leonidas Bustos y Gustavo Malo. En el caso de Malo, Montealegre le daba puestos en la Fiscalía y después, al parecer, su hija Yara Malo les cobraba el 20% del sueldo.

La Comisión de Acusaciones también fue infiltrada, parlamentarios procesados por la Corte eran miembros de la Comisión, encargándose de cerrar y obstaculizar investigaciones contra los Magistrados y el Fiscal General. En agosto de 2015 denuncié el “roscograma” que montaron Eduardo Montealegre y varios magistrados de la Corte Suprema, por supuesto la investigación no ha avanzado gracias a que ellos controlaban la Comisión.

Gustavo Moreno, en calidad de abogado, llevaba procesos ante la Fiscalía, y simultáneamente tenía un contrato con la entidad. Los corruptos Bustos y Ricaurte, amigos y socios de Montealegre, se lo habían recomendado. Al mismo tiempo, era contratista de la Comisión de Acusaciones, lo que le permitía intervenir en los procesos en la Fiscalía, la Corte y la Comisión. Hoy, Bustos, Moreno y Montealegre, están peleados porque se están empezando a sacar los trapitos al sol.

Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte, hoy presos, compartían oficina de abogados con Ruth Marina Díaz, la magistrada que se iba con licencias remuneradas de la Corte Suprema a cruceros por el Caribe. Ricaurte, además de sobornos en efectivo también recibía contratos del Gobierno Santos. Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2017, Ricaurte suscribió contratos con Fonade por cerca de mil millones de pesos. Al parecer, Yara Malo -la hija del magistrado- también conseguía puestos en el Fonade, no es coincidencia que el amigo de su padre, el también Magistrado Ricaurte, haya recibido del Gobierno Santos, mil millones de pesos en contratos. ¿Qué favor le estaría pagando Santos a Ricaurte y a Montealegre que tantos contratos les dio?

Esto es como “Burundanga” la canción de Celia Cruz, “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Fuchilanga, le echó a Burundanga y les hinchan los pies…” Ojalá sigan cantando, ya es hora de que Santos y Montealegre entren al baile.

El Nuevo Siglo, Bogotá, 17 de octubre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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