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Eduardo Mackenzie                                            

El senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, llamó la atención hace unos días sobre una frase rara que encontró en el artículo 4 del proyecto de ley estatutaria que pretende reglamentar la JEP (Jurisdicción Especial de Paz). El sugiere, con gran timidez, que esa frase no salió del cacumen de los redactores del reglamento sino que éstos la hallaron en alguna parte y la incorporaron ilícitamente al citado artículo 4. Según el senador, la frase original viene “de un texto de un autor de 1949”. Gaviria acusa indirectamente a los redactores del reglamento de haber plagiado a un autor poco conocido lo que muestra, según él, que no sólo ese artículo 4, sino la reglamentación y la misma JEP tienen orígenes dudosos.

El senador Gaviria tiene razón. Por eso vale la pena mirar ese misterioso episodio de plagio en forma detallada. Pues hay sorpresas. Veremos que no es cuestión únicamente de plagio, ni de la manipulación de un concepto de un jurista ajeno a las negociaciones en La Habana, sino de incorporación de ideas que vienen de una franja de pensamiento antiliberal muy problemática.

El debate de fondo es el siguiente: ¿Es aceptable o no la idea de que “la humanidad futura tiene derechos”? Mi respuesta es: No. Esa idea, precisamente, contradice todas las reglas de Derecho. Empero, esa idea, aparentemente generosa, es lo que está en juego cuando ellos hablan de “justicia prospectiva”. Es lo que tratan de introducir, de manera artera, los inventores de la JEP y de su ley reglamentaria, como lo veremos más adelante.

La frase del artículo 4 del proyecto de ley estatutaria, señalada por José Obdulio Gaviria, es la siguiente: “Un paradigma orientador de la Jurisdicción Especial para la Paz es la idea de que la comunidad política no es solo una unión de coetáneos, sino también un vínculo entre generaciones que se eslabonan en el tiempo. La Justicia es prospectiva en cuanto considera que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores”.

En el acuerdo final-final de noviembre de 2016 la justicia prospectiva aparece dos veces, pues ésta otorgaría, según las Farc, el derecho “a la exención de responsabilidad por las acciones cometidas por las generaciones precedentes”. En otras  palabras, la justicia prospectiva sería la base conceptual que justificaría la inacción voluntaria de la justicia penal colombiana, es decir el derecho a la impunidad total respecto de los crímenes y atrocidades cometidos por los jefes y combatientes, armados y no armados, de las Farc. La frase clave sobre la “exención de responsabilidad por las acciones cometidas” aparece dos veces en el acuerdo final-final entre Santos y las Farc.

Si ese es el alcance asombroso que el acuerdo final le da a la “justicia prospectiva” resulta que, en realidad, ese concepto, tomado de un artículo de 1949, intitulado “Sobre la justicia prospectiva”, de Juan Lambías de Azevedo (1907-1972), un jurista y filósofo paraguayo, no tiene el propósito de garantizarle a nadie la impunidad de sus crímenes.

El jurista Azevedo dice lo siguiente: “El paradigma orientador ha de ser aquí el pensamiento de que la comunidad política no es sólo una unión de coetáneos sino también un vínculo entre generaciones que se eslabonan en el tiempo.”

El redactor o los redactores de la reglamentación de la JEP, y del acuerdo final, tomaron la frase de Azevedo ocultando que era de él (¿Cuántas copias y abusos de este tipo hay en la reglamentación y en todo el andamiaje de la JEP?)—y la acomodaron a su antojo. Le antepusieron la expresión “de la Jurisdicción Especial para la Paz”, aunque el texto de donde viene esa noción no tiene que ver con el adefesio de la JEP, para dar la impresión que ésta es un conjunto aceptable de normas.

La frase “La Justicia es prospectiva en cuanto considera que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores” también fue una amalgama. La frase exacta del jurista paraguayo, en otra parte de su artículo, fue: “la experiencia que ilumina esta nueva dimensión de la justicia no es, desde luego, la trivial comprobación de que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores, sino la elevación de este hecho al plano del conocimiento y a su consiguiente y ulterior utilización.”

La afirmación de que “una época influye ineluctablemente sobre las posteriores”, y aquello de que “en las generaciones futuras recaen los efectos de la voluntad de las generaciones actuales”, es una majadería, una obviedad, una “trivialidad”, como lo admite Azevedo. 

Lo que no está claro es la cuestión de saber de qué naturaleza es esa influencia, si la influencia de lo presente sobre el futuro es “ineluctable”, si puede conocer rupturas, si hay saltos civilizacionales positivos o negativos que no son automáticamente el resultado de una “época” anterior. Y, sobre todo, si esa influencia puede justificar lo injustificable: la impunidad para los crímenes de lesa humanidad y para los crímenes de guerra. Sobre eso Azevedo no dice una sola palabra.

Azevedo era un admirador del filósofo alemán Carl Schmitt (1888-1985), sobre todo de sus trabajos sobre el concepto de decisión. Carl Schmitt, funcionario un tiempo en el seno del III Reich hitleriano, proponía una “ética de la decisión”. El sostenía que “la decisión política por sí misma hace bueno el acto, con indiferencia de los principios”. Soberano es quien decide fuera de toda norma, decía. Schmitt es visto como un rival de Hans Kelsen, como un legitimador del poder central arbitrario, pues los principios, según él, no valen ante la decisión, la cual es en sí un acto bueno.

Azevedo también sufrió la influencia de Adam Heinrich Müller (1779-1829), un político alemán pro Estado, adversario de las ideas liberales de  Adam Smith. En su artículo, Azevedo evoca un precepto de Müller: “una generación no puede gozar de libertad absoluta frente a las posteriores”.

Azevedo acepta esos enfoques antiliberales y los convierte en eje de su especulación jurídica. Él dice que “la doctrina marxista-soviética de la dictadura del proletariado se fundamenta en que tal medio es necesario para que en etapas ulteriores pueda verificarse el beatífico ‘salto a la libertad’” y que eso “resultó históricamente exacto”.  Para el caso colombiano deberíamos interpretar ello así: la impunidad para las Farc (condensada en la JEP) es un medio necesario para que en etapas ulteriores pueda verificarse un beatífico “salto a la libertad”.

No es una casualidad que ellos, a través de la curiosa producción del jurista paraguayo, hayan invitado a su acuerdo final y a su JEP al sulfuroso Carl Schmitt.

En su texto, Azevedo explica qué es la “justicia prospectiva”. Él dice: “En cuanto la eficacia histórica de las actuaciones se hace consciente y una generación decide por otras y para otras, la relación que entre ellas se establece queda sometida a la férula de la justicia.” Y agrega: “Cuando una generación decide para otra, es claro que este ‘decidir para’ puede ser tanto un decidir a favor como un decidir contra.”

Lo más interesante es que ese trio tan poco favorable a la libre empresa y al desarrollo del Derecho frente al poder y en vista de las consecuencias futuras --Adam Müller, Carl Schmitt y Juan Lambías de Azevedo--, tiene un cuarto profeta, que agravó esas desviaciones y produjo una filosofía basada en el miedo.

Alumno de Husserl y de Heidegger, Hans Jonas (1903-1993) es el inventor del “principio de precaución”, la piedra filosofal de los movimientos verdes anticapitalistas. El concepto central de él es idéntico a los anteriores: “el futuro”. Su postulado general es: las consecuencias de la tecnología pueden ser desastrosas.

“La humanidad posee el poder tecnológico de la autodestrucción: toda  la humanidad es objeto de la responsabilidad. La humanidad es vulnerable ante las acciones de uno o más individuos”, escribe Jonas. “Este es un derecho de las futuras generaciones. Por lo tanto, estamos en deuda con ellos y con el futuro”, agrega.

Los admiradores de Jonas ven en ello una “ética de la responsabilidad”.  En realidad, esa filosofía busca impedir o paralizar toda acción de progreso industrial y desarrollo tecnológico y económico capitalista. Para ello ya no invocan la explotación del hombre por el hombre sino un temor a las consecuencias futuras. “Para ellos el miedo es un motor”, replican los críticos de Hans Jonas.

La finalidad del discurso fatalista, y su mórbida inclinación por la catástrofe, es que el ser humano debe abstenerse de actuar, de buscar, de crear, de innovar, pues todo eso puede tener consecuencias negativas en el futuro. Lo que debe primar es, pues, el “principio de precaución”.

La guerra de los partidos verdes en Europa contra el capitalismo toma así la apariencia de un combate legítimo contra el desarrollo industrial, contra el desarrollo agrícola, contra la agricultura OGM, contra la aplicación civil de la energía nuclear, contra la construcción de nuevos aeropuertos, contra la extracción de hidrocarburos, etc. Empleando el “principio de precaución” los verdes y los socialistas crearon verdaderas crisis en el Reino Unido, Suiza, España, Portugal y Francia con la decisión del sacrificio total de hatos y rebaños ante la aparición en éstos de dos o tres casos de encefalopatía espongiforme bovina, hasta que España y Suiza abandonaron, años después, ese método y escogieron el sacrificio selectivo, en vista de los efectos desastrosos sobre las economías rurales respectivas.

El ensayista francés Pascal Perri dice que el “principio de precaución” exagera el riesgo, nos hace tener miedo de nosotros mismos. El estima que “la hipertrofia de la amenaza nos transformará en bestias asustadas, dispuestas a caer en las manos del primer gurú que se aparezca”.

Si los primeros homo erectus hubieran aplicado el principio de precaución, si se hubieran imaginado los futuros incendios de sus caseríos, campos y bosques, hace 1.600.000 años, no habrían inventado el fuego y no habrían llegado a ser homo sapiens. Si los armadores hubieran previsto el naufragio del Titanic se habrían abstenido de desarrollar la industria naval. Solo mediante el riesgo, la inventividad y del desafío a lo desconocido, el hombre ha perfeccionado su humanidad.

Lo de la “justicia prospectiva” es de ese orden. En el caso colombiano, ese concepto es utilizado para propiciar la parálisis del derecho, de la acción de la justicia, para impedir que ésta innove y perfeccione sus criterios en el contexto de un proceso “de paz”, pues todo eso podría tener “consecuencias negativas en el futuro”.

La “justicia prospectiva” serviría para desafiar y congelar el derecho e instaurar un anti derecho, con el cuento de que así las generaciones futuras tendrán “derechos fundamentales”. En otras palabras: el no castigo de los peores criminales del país, la impunidad para las conductas más destructivas de la paz, de la  convivencia ciudadana y del progreso del país, sería una necesidad para que las futuras generaciones “tengan derechos”. La JEP, ese compendio de anti Derecho, esa caza masiva de brujas que perfila, sería indispensable para construir un futuro. Por eso el acuerdo final proclama sin rodeos que la justicia prospectiva exige “la exención de responsabilidad por las acciones cometidas por las generaciones precedentes” (léase las generaciones de Tirofijo-Timochenko). Ese es el gran sofisma que se esconde en la fórmula de la “justicia prospectiva”.

Los redactores del acuerdo final-final se sirven del futuro abstracto para justificar el acto presente de destrozar el derecho y la justicia. El hecho real del debido proceso es permutado por un ausente: el futuro incierto. La maniobra es hábil y casi indetectable.

¿Es cierto que “la humanidad futura tiene derechos”?

La respuesta es que, obviamente, en el futuro, si no hablamos de un futuro de aniquilación, deberá existir un sistema cada vez más perfeccionado de Derecho. Y es obvio que el derecho que leguemos servirá de base a las futuras generaciones. Pero eso es una cosa. Otra es decir que los ausentes, las personas no existentes, o que solo lo serán en el futuro, son también sujetos de derecho hoy y aquí.

La justicia de Occidente descansa sobre el supuesto de que el derecho sirve a los presentes, a la persona particular, y provee respuestas a los problemas existentes. La creación de derecho no tiene por objeto sancionar los delitos y conflictos del futuro, inexistentes. Crear un derecho para las personas futuras no tiene sentido. El derecho es una ciencia positiva, no adivinatoria. Sólo el individuo real, no un ser genérico (la llamada “generación futura”), pueden disfrutar de derechos; solo él puede reivindicar derechos. Pascal Perri subraya: los ausentes, o los presentes hipotéticos del futuro, no tienen personería jurídica, no pueden tenerla. 

La argucia de los verdes consiste en tomar hechos conocidos --como el calentamiento de la Tierra, las epidemias, las desigualdades sociales, el progreso social no uniforme--, para trabajar fragmentos de verdad y presentarlos luego como una verdad acabada. A la opinión pública no le queda sino acoger esas construcciones imaginarias.

Las campañas de tales extremistas contra quienes critican esos trucos y excesos son de gran violencia verbal y física. Acusan a sus rivales de ser culpables, irresponsables y “fascistas”. En Colombia es lo mismo: los inventores de la JEP acusan a sus adversarios de ser “guerreristas” y “fascistas”. Los burdos epítetos, y los sofismas jurídico-filosóficos, van fácilmente de un continente a otro pues la operación anticapitalista es una sola y en todas partes. Luego el combate contra eso no puede ser sino global.

@eduardomackenz1

Publicado en Columnistas Nacionales

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