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Carlos Felipe Mejía Mejía                                      

Hace un año la mayoría de colombianos ejerciendo el derecho al voto tomamos la decisión más trascendental en lo que va de este siglo, pero así mismo hemos tenido que soportar la frustración por una imposición tramposa y por la oprobiosa forma en que fuimos víctimas del peor fraude de la historia de nuestra nación.

Un arrogante presidente consideró que la autónoma decisión de negociar con las Farc, cediendo en todo lo pretendido por esa organización criminal, la podía fácilmente imponer a todos los colombianos mediante una amañada pregunta general para validar un acuerdo inconcluso, con la seguridad que el pueblo lo refrendaría en forma mayoritaria y así implementar de inmediato el acuerdo sin oposición o críticas.

Sin embargo, en el gobierno y la coalición que lo ha apoyado sumisamente, se percataron que gran parte de los colombianos pensaban más de lo que ellos creían y que a través de medios no tradicionales se informaban y analizaban lo que se iba revelando del acuerdo, ante lo cual no dudaron en manipular la consulta popular, crear trampas, modificar descaradamente los límites y requisitos de los mecanismos de participación, presionar a empresarios, ordenar el constreñimiento a gobernadores y a alcaldes, aceitar la maquinaria ejecutivo-Congreso, direccionar la pauta publicitaria oficial logrando el apoyo de la mayoría de medios de comunicación para pretender que nadie se podía oponer o atreverse a dudar de la conveniencia del proceso adelantado a espaldas de la nación. El No se impuso a pesar de todo, pero faltaba más. Aprovechando la buena fe de los dirigentes que promovieron el No, quienes convencidos que podrían lograr un gran acuerdo nacional que modificara la negociación en aras de una paz para todos, desde el gobierno simularon tramitar y considerar las propuestas de la oposición, mientras movían y cuadraban las fichas para imponer tramposamente lo que se había rechazado.

Un año después el gobierno sigue tratando de implementar la totalidad del acuerdo, mediante artimañas legislativas y de decretos, mientras los colombianos dudan cada día más de los beneficios y de la conveniencia de este, como lo ratifican las encuestas durante este año. Claro que esto no amilana al presidente Santos, si le toca entregar los escasos recursos públicos a futuro, expedir decretos de última hora, desconocer las sensatas observaciones y propuestas del Fiscal General, manipular la elección de miembros de la Corte para que abiertamente prevariquen, lo continuará haciendo hasta satisfacer integralmente a las Farc, llegando al punto de entregarles una justicia especial con poderes para ejercer retaliación y venganza, por encima de la justicia ordinaria y pisoteando la deshojada Constitución que nos va quedando.

Las argumentaciones de los dirigentes y promotores voluntarios y no comprados del No, son y han sido advertencias ciertas y sensatas, y que se van volviendo realidades concretas en el desarrollo de este irregular y antidemocrático proceso. A la oposición y quienes votamos y apoyamos el No, a los arrepentidos que votaron Sí, nos queda un arma para hacer frente a este atropello, pero es la más legítima a la cual podemos acudir y es que el mismo pueblo mediante referendo derogue y modifique lo más aberrante del acuerdo y de la implementación. Esto solo será posible en la medida en que en 2018 los ciudadanos elijan un congreso que a diferencia del actual no caiga rendido a la mermelada gubernamental y más importante aún, que llegue a la casa de Nariño un presidente que por sobre todas las cosas preserve la libertad y la democracia de nuestra nación, sea ejemplo de dignidad, integridad, transparencia y respeto a la ley; para que tenga la autoridad moral de hacer las grandes transformaciones que hoy claman al unísono las grandes mayorías de compatriotas. 

Los ciudadanos en las urnas tienen la palabra: o le pasan la cuenta de cobro a todos los que al lado de Santos se amangualaron con él para crear esta descomposición institucional que campea por todas las ramas del poder público, con el único propósito de sacar adelante un proceso de paz que ha producido de todo menos paz; o cabalgaremos por el despeñadero del socialismo del siglo XXI, con los multimillonarios e impunes narco terroristas de las Farc y sus aliados gobernando a Colombia. Esas mismas Farc donde criminales de lesa humanidad no pagan un día de cárcel, serán elegidos para cargos de elección popular, no entregaron su inmensa fortuna, no se desmovilizaron todos sus miembros, no entregaron todas sus armas, no entregaron cultivos de coca y rutas de narcotráfico y con la tal JEP podrán seguir delinquiendo sin perder beneficios y podrán perseguir a sus opositores…pero claro los que mentíamos éramos los del No…que tal¡

La Patria, Manizales, 11 de octubre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales
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