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Darío Acevedo Carmona                                  

No nos debe caber la menor duda de que con la selección de la Comisión de la Verdad va a suceder lo mismo que con la de los integrantes de la JEP para las salas de justicia, ambas son parte del monumental paquete navideño regalado por el gobierno Santos a la guerrilla de las Farc.

Del trato de parte igual se derivan muchísimas consecuencias nefastas para la sociedad y las instituciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con la invocada y anhelada verdad que, por obra y gracia de una política claudicante, puede quedar en manos de quienes tienen ya un discurso preparado desde hace años y que se ha vendido como fruto de “profundas investigaciones académicas”.

La renuncia del Estado a defender la causa enarbolada por los uniformados de las distintas armas de la república significaría, si no hacemos algo urgente para derogar este y otros engendros, aceptar tesis que causarían daños irreparables a las víctimas, a la institucionalidad, a la democracia, a las Fuerzas Armadas y a la misma verdad.

Por ejemplo, que las guerrillas comunistas creadas casi simultáneamente entre 1964 y 1966 son el fruto o la consecuencia de una política excluyente y no de proyectos comunistas.

Que el levantamiento armado, además, se justificó por la existencia de profundas desigualdades e injusticias y la no resolución del problema de la tierra, vigente desde la época colonial para unos y desde la misma independencia para los menos radicales.

Que las guerrillas eran las representantes de la clase obrera y el campesinado que en alianza con otros sectores populares estaban identificados en luchar por el triunfo de la revolución socialista y la liberación nacional.

Que la responsable de todo fue una voraz oligarquía apoyada por el imperialismo yanqui al que entregó el país y nuestra soberanía y cuyos gobiernos adoptaron la política norteamericana de la “seguridad nacional” que consistió en enfrentar y reprimir todas las protestas y luchas populares pacíficas y armadas tildándolas de subversión comunista.

Que los gobiernos dictatoriales al servicio de esa oligarquía en vez de “resolver” los graves problemas de la nación, optaron por la represión política y armada asumiendo una posición militarista y de guerra sucia que derivó en la formación de grupos paramilitares como política de estado, para combatir a los luchadores populares y a los insurgentes.

Que ellas nunca cometieron crímenes de lesa humanidad ni de guerra y que el secuestro, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la violación de niñas y mujeres embarazadas obligadas a abortar, la voladura de sitios civiles como el club El Nogal y la iglesia de Bojayá y el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle y los concejales de Rivera, Huila, entre otros incontables atropellos a la población civil a policías y soldados y a familias enteras de políticos y empresarios, son delitos conexos al delito de rebelión.

La “Verdad guerrillera”, pretende convertirse en verdad oficial y cancelar el debate histórico. En verdad, nos depararía escenarios que ya empezamos a ver como que el Estado pida perdón a las víctimas de Bojayá, argumentando que no brindó la seguridad necesaria a las gentes, camino por el cual, el Estado colombiano terminará siendo culpable de todo, hasta del surgimiento de esas guerrillas que nada tendrían que haber visto con orientaciones revolucionarias del dictador Castro, del partido comunista colombiano y de la dictadura maoísta.

O que el mal ejemplo de ser indignos cunda en las filas cuando agentes del orden fraternizan con comandantes guerrilleros que no han resuelto su situación jurídica ni pagado las condenas impuestas por sus crímenes atroces.

O que las víctimas de las Farc queden a la espera inútil del resarcimiento a que tienen derecho porque las guerrillas solo entregaron unos nimios bienes que no alcanzan ni para una cena para cada una de las familias reclamantes.

O que nuestras fuerzas armadas se vean ante el panorama humillante de haber luchado vanamente contra unas guerrillas que no eran tan desalmadas como se les había dicho. Y que las armas legítimas del Ejército, la Armada, la Aviación y la Policía, no estaban defendiendo el orden ni la constitución ni las libertades ni la democracia sino un régimen de exclusión, una dictadura, una causa manchada de sangre inocente, una política de estado estilo Somoza o Trujillo y que eran golpistas.

El escenario ya se ha dibujado en miles de agentes oficiales de todos los grados en cárceles, miles de lisiados que se preguntarán ¿y entonces para qué tanto sacrificio?, decenas de oficiales degradados, varias cúpulas de generales llamados a calificar servicios, avergonzadas, ¿y los que quedan? Catatónicos viendo el mundo al revés en el que los pillos ahora son los héroes, legisladores, mientras sus compañeros de armas quedan con esa espada de Damocles que es la JEP sobre sus espaldas, desconcertados y desanimados, sin fe en el futuro como diciendo ¿Dios mío qué pasó, por qué ganamos esta guerra y terminamos perdiéndola?

El Espectador, Bogotá, 08 de octubre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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