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Darío Acevedo Carmona                                 

La Corte Penal Internacional, suscrita por el Estado colombiano desde 2002, puede intervenir en un país signatario cuando su gobierno sea incapaz o se niegue a aplicar su estatuto a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Esa puerta se abrirá de manera automática en Colombia una vez el Congreso, por la vía golpista del fast track, le de vida a la Jurisdicción Especial de Paz, ese aparato creado en la mesa de conversaciones de La Habana para perseguir y juzgar a todos los involucrados en el fenómeno del paramilitarismo directa o indirectamente y que a los jefes de las Farc incursos en los delitos mencionados tan solo podrá aplicarles sanciones sin prisión y habilitándolos para ser elegibles a los cargos de elección popular.

La JEP, sin que aún se haya finiquitado el proceso legislativo para su aprobación definitiva, ya de suyo ilegal, ha sido seleccionada por un comité de cinco personalidades, cuatro de ellas extranjeras. La mayoría de cuyos miembros se ha distinguido por defender un punto de vista a favor del gobierno Santos, como se constata en el nombramiento de su exministro de Justicia o por haber sido activistas de Ongs de clara tendencia izquierdista, por militantes marxistas, por juristas que han escrito libelos y consignas contra el expresidente Álvaro Uribe.

Debe quedar claro, no obstante su pérfida composición para nada garantista, que viene con problemas de mayor calado. El principal es el que tiene que ver con el hecho de que la JEP es un aparato que se ubica por encima de todo el organigrama jurídico del país, de las altas cortes. Podrá revisar fallos de jueces y tribunales, no rendirá cuentas a nada y a nadie, es decir, tendrá poderes absolutos y funcionará por al menos doce años prorrogables.

Esa imposición, impresentable en cualquier democracia, nunca vista en otras latitudes, viene adosada por unos acuerdos inmodificables según el gobierno y las Farc que convirtieron la mesa de La Habana en una constituyente de facto. De acuerdo con lo firmado y concedido por Santos y de la Calle, no habrá cárcel para guerrilleros responsables de crímenes atroces como secuestros, masacres, reclutamiento de menores, abuso sexual a mujeres, y muchos otros. Esos guerrilleros, además, podrán ser electos desde concejales hasta presidencia sin siquiera lavarse sus manos untadas de sangre.

La JEP es considerada la joya de la corona, la almendra, el núcleo, en fin, lo más pétreo de los acuerdos de La Habana. Es la gran conquista de una guerrilla ya derrotada en el plano militar. Es vista así por las izquierdas y los amigos de una paz a cualquier precio, incluso, al de arrasar la Constitución y las instituciones. Pero, para las mayorías del país, las que ganaron con el NO el plebiscito de hace un año, es la corona de espinas con la que se inicia en forma el nuevo orden sonado por las guerrillas que no es otro que el de imponer en Colombia su modelo comunista, marxista leninista, su política de venganza contra el uribismo y todo aquello que huela a paramilitarismo y su verdad histórica que los dejará en el sitial de víctimas del sistema, perseguidos y excluidos que se vieron obligados a tomar las armas.

Así las cosas, la pregunta obligada es cuál ha de ser la alternativa para evitar que se consagre tal adefesio. Por fortuna se ha lanzado la propuesta que seguro tendrá amplio eco de convocar un referendo revocatorio de la JEP y de otros peligrosos decretos presidenciales y legislativos que amenazan  la vida de los colombianos.

Será necesario escudriñar otras opciones. Se me ocurre que es urgente conformar un equipo de juristas que se han destacado por sus críticos análisis sobre los acuerdos de paz, como Jaime Castro, José Gregorio Hernández y Jesús Vallejo, entre otros, para que preparen un alegato ante la Corte Penal Internacional con el fin de asuma sin mediaciones la investigación de los crímenes y delitos estipulados en su Estatuto ante la incapacidad o declinación manifiesta del gobierno Santos para hacerlo.

La Corte tendrá que responder, si es firme y leal con sus funciones y si va a hacer respetar sus competencias, pues de no hacerlo, un nuevo gobierno y unas nuevas mayorías en el Congreso, adversos al pacto golpista, podrían entrar a estudiar la renuncia a dicho organismo.

Sería una consecuencia lógica del mensaje que están dando al mundo Santos y las guerrillas, que no es como afirma el presidente un ejemplo de justicia transicional, sino todo lo contrario, un ejemplo de cómo violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y promover la impunidad con falsos disfraces.

Coda: Hace un año el gobierno Santos desconoció alevemente el resultado del plebiscito. Una democracia que se respete debe castigar con destitución y cárcel a quien así procedió.

El Espectador, Bogotá, 01 de octubre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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