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Jaime Jaramillo Panesso                                         

Hemos topado con el principal hoyo negro del Acuerdo de Paz entre el Presidente Santos y las Farc-ep2 (a la dos, porque es guerrilla y es partido): la JEP, Tribunal Civil de Guerra Judicial, con el cual las partes del señalado acuerdo, pretenden ganar la disputa política y social con los contradictores o enemigos de este proceso, iniciado hace cinco años en La Habana y que se prolongará por diez o quince años más, tiempo pactado de duración para la JEP.

Colombia entera, con la JEP, será un campo de batalla, prolongación del hasta ahora mantenido por la guerrilla, que se efectuará en los salones de los togados y sus víctimas selectivas, pues mientras los “ex terroristas” van a pasar por los expedientes en que los condenarían, no tendrán pena carcelaria, mientras los demás civiles, militares, políticos, empresarios, profesionales y ciudadanos no mamertos  que sean condenados, irán a parar a los calabozos y celdas intramurales.

Los magistrados y jueces escogidos por tres sujetos importados, bajo la lupa inquisidora vigilante del Secretario Ejecutivo Néstor Raúl Correa, eminencia gris de este andamiaje, tienen mayores compromisos emocionales, ideológicos y partidarios con el régimen santista que con la ley y la Constitución. Es tan  evidente esta afirmación, que ya tienen el nombramiento en el sobaco sin que exista la ley estatutaria que aplicarán en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué clase de juristas son estos que aceptan un cargo cuya legislación o normas para actuar no es  conocida y menos aprobada? Esta reflexión conduce a comprobar  el aforismo popular: “están enjalmando sin traer las bestias”. A lo mejor es al contrario.

Si la tranquilidad alcanzable de la república va a estar,  durante los próximos años, en los bolígrafos de los jueces jepalinos, es muy seguro que la lujuria judicial de la nueva maquinaria vengativa conducirá a la irreconciliación, a reforzar las trincheras políticas y a ahondar el foso entre la guerra y la paz. Peor aún, cuando el proceso con el Eln termine algún día del actual régimen, más grave, más terrible serán los llantos y los dolores del alma colombiana.  Entonces el sistema judicial constitucional estará hecho trizas y sobrarán los programas universitarios para formar abogados. Este King Kong jus faraco será, además, un succionador de recursos inconmensurables: cada uno de los magistrados ganará treinta millones de pesos al mes, dos primas adicionales de quince millones al año, automóvil blindado, cuatro escoltas y dos motos, varios secretarios y notificadores, mensajeros y una central telefónica, guardia interna y externa permanente, viáticos y tiquetes aéreos para quienes vivan fuera de la sede,  celulares y computador personal. ¿Me invita a un tintico Señora Magistrada?                    

Publicado en Columnistas Nacionales

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