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Luis Alfonso García Carmona                                        

Era necesario que el país tocara fondo, como ahora lo estamos presenciando, para que surgiera –irrefrenable- en las dormidas masas de ciudadanos,  la necesidad de cambiar el actual estado de cosas.

El artero zarpazo que propinó el Presidente al pueblo soberano, cuando desconoció el resultado del plebiscito fue el inicio; se destapó la ilegal entrada de dineros a las campañas presidenciales de Santos, complementada con la entrega de contratos a Odebrecht en compensación de tales aportes; la Justicia, que ya venía en franco desprestigio ante la opinión pública , se perfiló como un cartel más de criminales que se vende al mejor postor; el déficit fiscal, nacido del derroche de prebendas entre los amigos del régimen, llegó a insostenibles niveles; las obras públicas paralizadas; el pueblo, agobiado con los impuestos; la economía, en caída libre hacia la recesión; y las FARC, adueñadas del poder, imponiendo su ley al Gobierno y al Congreso.

Ante semejante panorama, lógico sería que surgiera la desesperación y el pesimismo, pero, aprovechando que aún subsiste parte del Estado de Derecho, debemos, antes de que sea demasiado tarde, proponernos un plan para reconstruir el país y evitar la catástrofe, plan que me permito resumir en 3 pasos:

PRIMERO.- Derogar, mediante referendo, la Justicia Especial de Paz (JEP), la incorporación del llamado acuerdo de paz al bloque de constitucionalidad y la participación en política de las FARC en condiciones ventajosas frente a los demás partidos, como lo acaban de proponer algunos parlamentarios del Centro Democrático. Nos corresponde a todos los colombianos de bien, sin distingos políticos, respaldar con nuestra firma esta iniciativa.

SEGUNDO.- Es necesario que quienes votamos NO a la letra de los acuerdos y quienes se abstuvieron o votaron SÍ, pero se encuentran decepcionados al descubrir lo que ocultaban tales textos, votemos masivamente en el 2018 para obtener una mayoría, por lo menos del 51% en el Congreso, y elijamos un presidente comprometido con el cambio de la actual situación. No caigamos en la ingenua equivocación de votar en blanco en señal de protesta o quedarnos en casa para que otros tomen nuestra vocería.

TERCERO.- Tanto los parlamentarios como el Presidente así elegidos deben comprometerse  a sacar adelante una reforma constitucional a fondo, lo cual puede hacerse mediante un nuevo referendo de carácter normativo, que incluya los siguientes temas:

a) El cultivo y tráfico de estupefacientes no es conexo con el delito político y, por lo tanto, no es amnistiable;

b) Es obligatoria la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos;

c) Los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados con penas privativas de la libertad y sus responsables no podrán ser elegidos ni ejercer funciones públicas;

d) La Comisión Paritaria de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) no podrá ejercer control previo a las leyes;

e) Los compromisos adquiridos por el Gobierno en favor de las FARC o de sus miembros sólo tendrán vigencia, una vez que las FARC hayan cumplido totalmente con la devolución de menores reclutados y secuestrados, la entrega de la totalidad de armas, la entrega de activos adquiridos en forma ilícita y hayan cesado en la comisión de delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión, minería ilegal, contrabando de combustible y otras actividades ilícitas;

f) Eliminación de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado y Corte Electoral. En su reemplazo se crea un Tribunal Supremo, con salas para cada área especializada. Los magistrados serán elegidos por el Presidente de la República, con base en estudio de sus méritos efectuado por un Comité de Juristas de la más alta calificación.     Los magistrados deberán ser mayores de 60 años y contar con una trayectoria en la cátedra o en la Administración de Justicia del más alto nivel. Sus faltas absolutas o temporales serán cubiertas mediante el mecanismo dela cooptación;

g) Se eliminan todas las funciones judiciales del Congreso, las cuales pasarán al Tribunal Supremo; asimismo, se eliminan todas las funciones electorales asignadas a la Rama Judicial; las funciones de fiscalización que cumplía el Consejo Superior de la Judicatura pasarán a la Procuraduría General de la Nación; las funciones de administración de recursos económicos y logísticos de la Rama Judicial quedan a cargo del Ministerio de Justicia;

h) Modificar la elección de Procurador General de la Nación, para que éste sea designado por el Presidente de la República, con fundamento en un estudio de evaluación de méritos realizado por una Comisión de Expertos, de una lista de 5 candidatos aprobada por el Congreso;

i) El Contralor General de la República será elegido por el Presidente, con base en un estudio de evaluación de méritos efectuado por un Comité de Expertos, en el cual estén representadas las asociaciones de Contadores Públicos, de lista de 5 candidatos elegidos por el Congreso; similar procedimiento será utilizado a nivel departamental distrital y municipal para la elección de contralores a nivel regional;

j) Se eliminan los cupos indicativos y toda forma de destinación de recursos fiscales a través de los miembros del Congreso. Todos los recursos de inversión deben ajustarse a los Planes Generales de Desarrollo y a un manejo presupuestal que no afecte la estabilidad económica del Estado;

k) La totalidad de empleados públicos, de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deberán ser designados únicamente por sus méritos, previamente evaluados por comités de expertos en la materia, y los así elegidos, ingresarán a una carrera administrativa;

l) Reducir la Cámara de Representantes al 50%; exigir a los senadores una edad mínima de 40 años, título universitario o experiencia mínima de 10 años en cargos directivos en el sector público o privado; los representantes deberán tener como mínimo 30 años, título universitario o experiencia mínima de 5 años en cargos directivos del sector público o privado. Ningún aspirante al Congreso podrá haber sido condenado por delitos de carácter intencional o doloso; y,

j) El juzgamiento del personal de las Fuerzas Militares y de Policía, por eventos sucedidos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, estará a cargo de la Justicia Penal Militar.

Cabe anotar que los 4 primeros puntos son los que motivaron el triunfo del No en el plebiscito y han sido recordados por el senador Iván Duque en su artículo  “El fin del conejo”, Portafolio, 27 de septiembre de 2017.Los demás, los desarrollo en el libro “Reconstrucción Nacional”, próximo a aparecer.

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Publicado en Columnistas Nacionales

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