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Darío Acevedo Carmona                                        

“La Justicia está herida”, fue lo que expresó la juez 40 de control de garantías en la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, después de que el fiscal investigador manifestara que lo ocurrido “Es demoledor para el Estado de derecho”.

Apoyada en los resultados de la pesquisa, la juez agregó un dato escabroso, el grupo criminal se había concertado desde 2003: "En el 2003 usted y Gustavo Moreno se conocieron a través de José Leónidas Bustos, fue usted quien citó a su apartamento al señor Moreno y le explicó cómo funcionaba la organización, indicándole cómo manejarían los procesos. Luego era usted quien, generalmente, beneficiaba a los congresistas, políticos y gobernadores de quienes se supiera que tuvieran investigaciones en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalía".

Y más adelante fue más directa: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (...) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura” (citas tomadas de Caracol radio y El Espectador).

Esa red se burló a la sociedad al convertir el castigo o la absolución en moneda de cambio, deterioró la confianza social en la Corte Suprema y en los órganos de justicia. Resulta asombroso que hubiera estado activa desde hace tantos años sin ser detectada y alarma constatar que esos magistrados hayan sido tan influyentes y decisivos en la politización de la Justicia y en los enfrentamientos de la Corte con el presidente Uribe.

Resulta entonces que habría que tomar en serio la versión obtenida por el antiguo DAS en el sentido de que una sesión del organismo acogió la propuesta de que las decisiones a tomar contra funcionarios del uribismo serían de orden político y no jurídico. La consecuencia de todo esto, si es que se pretende remediar así sea parcialmente el daño, es que se adelante una revisión por conjueces intachables y no politizados de las sentencias contra ciudadanos, exministros y funcionarios de ese gobierno que la soliciten.  

Tomando como punto de reflexión el solo caso del magistrado activo de la Corte, Gustavo Malo, el periodista independiente, Alberto Donadío, afirmó en su última columna (El Espectador 20/09/2017) que de la misma manera y por los mismos motivos que se le está pidiendo la renuncia a Malo, el presidente Santos debería “retirarse del poder”.

No es una exageración ni un exabrupto esa propuesta puesto que mirando atentamente lo que ha salido a flote en los sobornos multimillonarios de Odebrecht y el caso de los magistrados de la Corte se detectan lazos que unen los hechos de corrupción que no son pocos: Reficar, Isagen, Coopsalud, Interbolsa, “mermelada”, topes de campañas presidenciales y otros, con el poder gubernamental.

El senador Bernardo el Ñoño Elías, pieza fundamental en el andamiaje del presidente Santos ya reconoció el uso de los dineros de Odebrecht en el cubrimiento de costos de la campaña del 2014 “no sé si el presidente sabia o no. Esa fue la propuesta que me hizo Otto Bula, quien señala que ellos, Odebrecht, quieren ayudar a la campaña, pero ellos necesitan recursos vía adjudicación de ese contrato (Ocaña-Gamarra) Cuando Otto me aborda para tratar ese tema, eso ya estaba casi listo, eso era una decisión del ejecutivo."

Donadío refresca la memoria: “Los 285.000 votos que Musa y el Ñoño acumularon en las elecciones parlamentarias y le endosaron a Santos fueron los que le permitieron al presidente tener la mayoría en el Senado”. Y es tan grave el asunto que hasta el senador Armando Benedetti, otra ficha importante de la trinca oficial incurso en investigaciones, raramente frenadas, expresó que faltaba llegar “al penthouse”, o sea a la cabeza principal del andamiaje.

Lo que está destapando de forma valiente el Fiscal General Néstor Humberto Martínez de congresistas muy cercanos al gobierno como el “Ñoño” Elías, Mussa Besaile, Andrade y otros, refuerza las sospechas sobre manejos y arreglos inmorales que se habrían realizado para obtener ciertos resultados. Suena sospechoso que varios precandidatos presidenciales quedaran tendidos en el camino por montajes judiciales y que, a lo mejor, sean muchos los inocentes en prisión.

Hay cada vez mayor evidencia de que Santos extralimitó gastos de campañas con dineros de la multinacional Odebrecht a la que después favoreció con el otorgamiento de costosas concesiones de infraestructura que tienen a punto de ser llamados a versión libre a todos los ministros que firmaron esos proyectos en un CONPES.

Las escandalosas revelaciones permiten apreciar la confluencia de diversos personajes de la política (congresistas), del mundo privado y funcionarios en obtener jugosas comisiones y de como una parte de esos dineros fueron a parar a las dos campañas de Santos.

Es lo que se desprende del anuncio de inicio de investigación penal contra Roberto Prieto, otro gran amigo del presidente Santos, gerente financiero de sus campañas, por recibir dinero destinado a gastos extras de publicidad, y, factiblemente la masiva compra de votos en la Costa Atlántica en la segunda vuelta presidencial del 2014. Prieto, además, se benefició con más de una veintena de contratos milmillonarios con Presidencia y otras agencias estatales.

Y el círculo no se cierra ni con la vergonzosa negativa de las exministras Gina Parody y Cecilia López a comparecer por tercera vez ante la Fiscalía para explicar su papel en el otrosí Ocaña-Gamarra con el que se habría beneficiado la familia de la primera.

Cae pues un telón negro sobre la cortina trasparente que Santos dijo haber puesto a toda su gestión.

El Espectador, Bogotá, 24 de septiembre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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