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Darío Acevedo Carmona                                       

Preocupa en grado superlativo la crisis de las altas cortes, no solo por lo que representan idealmente ellas en tanto guardianas de las leyes, sino también porque su mayor desprestigio puede redundar en la acogida y validación del mal parido monstruo de la JEP en La Habana.

Con solo ver el punto al que se está llegando en la selección de integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y otros aparatos no menos azarosos que los mencionados hay razones de peso para que los demócratas estemos con la guardia en alto.

Entre los candidatos a todos esos órganos parajudiciales hay perfiles preocupantes, no solo de arribistas de ocasión, avivatos tras un salario pomposo y profesionales no conscientes del uso que harán de ellos en nombre de la paz. También hay personajes de oscuros antecedentes por el lobby hecho a favor de guerrillas y guerrilleros y juristas que justifican sociológicamente a las guerrillas.

También hay exmilitantes de grupos ya sometidos que no han cesado un instante en usar su poder político, social y judicial para perseguir a quienes consideran sus enemigos o a quienes los combatieron por vías violentas.

A la hora de nona veremos qué clase de humo saldrá de las largas y tediosas entrevistas que cinco magos escogidos por delegados de los negociadores de Gobierno y Farc realizarán a miles de aspirantes. Esa comisión carece de idoneidad porque nació de un acuerdo espurio e impregnado de trampas, engaños, mentiras y concesiones ilegales e inconstitucionales.

Para la Comisión de la Verdad, desde la que se intenta producir una versión oficial, única y definitiva de la “guerra” que, se da por sentado, “afectó y dividió a todos los colombianos por más de 50 años” suena como candidato a presidirla el sacerdote jesuita Francisco de Roux, una persona nada imparcial, por cuanto toda su vida ha usado su investidura y su sotana para darle rostro teológico a la versión del conflicto que las guerrillas quieren imponer.

En ese papel, al parecer, sería secundado por el sociólogo de los tenis pisahuevos, reconocido por su militancia ideológica en el mamertismo cultural y “científico”. No sabemos qué otras monjas y monjes están haciendo fila, pero de lo que sí estoy seguro es que la verdad que saldrá de esos conciliábulos es la que hemos leído en el periódico Voz, en las muchas columnas que pueblan los grandes medios nacionales y en los ensayos de académicos que hablan con propiedad de las “causas objetivas del conflicto” y ven en las guerrillas a luchadores sociales y excluidos y no comunistas totalitarios.

Con la JEP amenazan TimochenkoMárquezLosada y Santrich a empresarios, políticos, hacendados, ganaderos, estigmatizados estos últimos por intelectuales “modernos” y urbanos para quienes todo lo que huela a campo es sinónimo de atraso y que piensan que debemos abandonar la ruralidad a la suerte de las políticas comunitaristas y reaccionarias de las Farc.

Y que se cuiden también de esa justicia revolucionaria los políticos uribistas, conservadores y Uribe y todos sus seguidores, pues serán llamados a comparecer y a responder por el paramilitarismo. Esa es la dimensión de su llamado a la reconciliación que consiste en que el Estado los perdone, los financie, los repare y, eso sí, se castigue con cárcel a sus enemigos.

Ahora se viene en carga de caballería uno de los tipos más poderosos de la izquierda de civil, el congresista Alirio Uribe, el mismo que persiguió al coronel Plazas con mítines callejeros a la usanza de la “justicia de masas” del fascismo, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe al lograr que la Corte Suprema compulsara copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigarlo.

El sujeto de marras no es un simple opositor del gobierno sino adherente y militante del marxismo-leninismo, fue uno de los líderes del proceso contra el general Uscátegui por la masacre de Mapiripán en cuyo proceso se descubrió un montaje de testigos falsos. Miembro del renombrado Colectivo José Alvear Restrepo que hace parte de la coalición de más de 15 ONG unidas bajo el lema “Colombia nunca más” que también firmó la ONG del revolucionario jesuita Javier Giraldo, cuyo documento fundacional estipula, bajo el manto de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el Estado, la democracia colombiana, las Fuerzas Armadas y otros objetivos inspirados en el Foro de Sao Paulo.

He sostenido que el proyecto bolivariano castrochavista resulta beneficiario de la crisis institucional. Ese plato ya está servido. Confluye la crisis de las cortes con la de los partidos llamados a garantizar la continuidad del sistema. Ahora este gobierno, que para congraciarse con Chávez rechazó las bases antidrogas de EE. UU., levanta camorra porque es advertido de que los compromisos asumidos en el Plan Colombia se deben cumplir, todo por quedarle bien a las Farc a las que se les concedió irresponsablemente el “favor” de triplicar el área de cultivos de coca desde 2013 eliminando la aspersión aérea.

De manera que el reto que tenemos los que ganamos el plebiscito con el No a los acuerdos es crucial. Está en juego el futuro del país y así hay que plantear el problema: solo una fuerte victoria en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de una amplia alianza nos permitirá retomar el rumbo.

El Espectador, Bogotá, 17 de septiembre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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