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Darío Acevedo Carmona*                                        

En las más resonantes investigaciones judiciales relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia, realizadas por tribunales nacionales o americanos se destaca el activismo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en favor de “víctimas de crímenes de estado y terrorismo de estado”. Su accionar se orienta a acusar al estado colombiano de agenciar una política de terror y por tanto criminal contra la población civil, los movimientos sociales y el movimiento armado de las guerrillas revolucionarias.

Aunque se puede pensar que es una acción aislada o individual de esta organización, en realidad se trata de la que ejerce el liderazgo en el frente jurídico de varias (17) Ongs unidas en el Proyecto “Colombia Nunca Más” desde el que se pretende, a la manera de las Comisiones de la Verdad surgidas en el Cono Sur en el marco de la transición de la dictadura a la democracia, pero con correctivos, salvar la memoria popular y aplicar justicia y castigo contra el estado colombiano y sus agentes responsables de crímenes de lesa humanidad:

“El Proyecto Nunca Más es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, apoyado solidariamente por organizaciones también no gubernamentales de otros países, dirigido a salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el último e inconcluso ciclo de violencia, que se inicia en 1965” (colombianuncamas.org, documento distribuido en la red internet por derechos.org/nizcor/colombia, pag. 1)

El proyecto “Colombia Nunca Más” viene siendo impulsado desde mediados de la década del noventa y de él hacen parte, entre otras, ONGs como ASFADDES, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, CREDHOS; CODEHSEL, Fundación Manuel Cepeda, y está fundamentado en un conjunto de consideraciones que no deberían ser pasadas por alto si es que queremos comprender la razón de ser de un aparato propagandístico muy eficaz y con gran capacidad de daño al Estado colombiano, muy especialmente a los últimos gobiernos y a la Fuerza Pública. Han editado varias cartillas sobre crímenes de lesa humanidad que sólo pueden ser atribuibles al estado. Trabajan sobre una división del territorio nacional que refleja el carácter sistemático y muy bien organizado de un plan que pretenden adelantar por muchos años.

El documento que procederé a comentar críticamente fue tomado de una edición adelantada por el Grupo Internacional NIZCOR en mayo 31 de 2001. En él se afirma sin ambigüedades que:

“…se trata de un trabajo de largo plazo, que pretende ir salvando la memoria de estos crímenes, en todas las regiones del país, dentro de unos parámetros conceptuales, jurídicos, éticos, históricos y políticos que están ampliamente explicados en la Introducción…el Proyecto se inscribe dentro de unos objetivos más amplios: salvaguarda de la memoria histórica; esclarecimiento de los hechos en su verdad integral; sanción a los responsables y reparación integral a todas las víctimas y a la sociedad.” (p. 1)

Y se agrega que es con “el fin de que NUNCA MAS vuelvan a ser toleradas las estructuras, instituciones y estrategias que desconocieron tan osadamente lo más humano de los humanos.”(Subrayas Mías, en adelante S. M. p. 2)

En el Preámbulo explican que antes de lanzar el proyecto para Colombia, tuvieron en cuenta el balance negativo de las Comisiones de la Verdad que funcionaron en varios países:

“El Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad, que tuvo lugar en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994, nos había dado una visión evaluativa de las luchas contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad en otros países de América Latina. Tal evaluación no fue ciertamente positiva. Los delegados de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala nos compartieron sus experiencias y la insuficiencia de sus luchas para impedir que las políticas de perdón y olvido se impusieran finalmente a nivel oficial.” (p. 2)

Tenga en cuenta el lector que en dichos países se superaba un periodo de dictaduras militares que impulsaron desde el estado una clara política de violación de los derechos humanos. Como Colombia no se ajustaba a ese modelo de proceso, entonces concluían que:

“En contraste con los otros proyectos Nunca Más desarrollados en América Latina, el que se proponía para Colombia no estaría contextuado por un período post-dictatorial o de transición a un régimen constitucional, o de una especie de postguerra civil, sino que debía desarrollarse en el contexto de ejecución de políticas de terrorismo de Estado cuyo término no era previsible. La circunstancia específica de que en Colombia la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales del ser humano se ha dado dentro de regímenes de democracia formal, nos ponía ya en una situación peculiar. Se creyó ingenuamente que el gobierno de Samper, que se inició en agosto de 1994, podría traer al menos un alivio en las políticas de terrorismo de Estado, pero, por el contrario, no solo éstas se mantuvieron y fortalecieron, sino que los procesos de búsqueda de solución política al conflicto armado sufrieron un receso total.”(p. 3)

Ya se da por sentado que la diferencia no consistía en que allá o acá se impulsara una política de estado violatoria de los derechos humanos, sino que en nuestro país se hacía amparados en una falsa democracia o democracia formal. De ahí se desprende que los últimos presidentes de Colombia serían sujetos de acusación como criminales de guerra, desde el Frente Nacional en adelante. Por ello, la tarea y el reto para el colectivo de los 17 era titánica y llena de riesgos puesto que trabajarían en el marco de un estado criminal:

“El Proyecto se inició, pues, en medio de una política intensiva de perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ha tenido que afrontar enormes dificultades, muchas de ellas inherentes a dicha situación, como la eliminación, el exilio o la inmovilización de personas y organizaciones que se había creído que podrían hacer grandes aportes al proyecto…” Por eso se explica que “el Informe haya tenido que ser diseñado, finalmente, como una serie indefinida de entregas, en cierto modo improgramables en el tiempo, que vayan devolviendo paulatinamente a la sociedad una información procesada en medio de condiciones altamente desfavorables y riesgosas.” (p. 3)

El rasgo heroico como recurso no falta para darle mayor credibilidad a los resultados.

A continuación, el documento trae una amplia referencia a la historia de la violencia de nuevo tipo en la Colombia de los años sesenta del siglo pasado:

“Muchas circunstancias históricas de Colombia, de América Latina y del mundo, contribuyeron a que la violencia, durante este período, se ubicara fundamentalmente sobre el eje de un conflicto social en el que se enfrentan proyectos antagónicos de sociedad.”(p. 4)

Citan varios autores nacionales y extranjeros con el ánimo de darle estatus académico a un proyecto de acción política. En el conflicto actual, apoyándose en el historiador Gonzalo Sánchez, dicen que la violencia “se ejerce como instrumento de militarización de la polarización social.” Y sobre el contexto internacional de la guerra fría se refieren únicamente a la filiación del país con los EE. UU., pero omiten hablar de las influencias y militancias colombianas con la URSS:

“En primer lugar, existía un contexto mundial, el de la guerra fría, que sobredeterminaba los procesos nacionales. En ese mapa del mundo polarizado entre dos superpotencias e ideologías, Colombia se alineaba nítidamente en el bloque occidental, y sometía sus grandes decisiones a la superpotencia occidental: los Estados Unidos”. (p. 7)

De esta forma, Colombia es vista como una ficha del imperialismo norteamericano en el ajedrez mundial. La doctrina de la Seguridad Nacional es una directiva que se aplica mecánicamente en Colombia con “el propósito nuclear… de impedir la autodeterminación de los pueblos, para salvaguardar las estructuras mundiales de dominación”. No me detendré en la crítica de la mirada histórica sobre la violencia colombiana que subyace en este texto, ya que rebasa el propósito de estas líneas. Baste decir que se hace una presentación bastante simplista, moralista y reduccionista de los problemas colombianos de los años sesenta. La emergencia de las guerrillas es presentada como consecuencia de las profundas desigualdades sociales, por tanto, “representan” los intereses del pueblo. Se justifica el llamado a la lucha armada en los términos descarnados de una de las agrupaciones que organiza una guerrilla:

“Al finalizar 1965 hay, pues, tres movimientos insurgentes explícitos que han adoptado, quizás con matices diversos, el método de la guerra de guerrillas., erigiéndose como vanguardias en la lucha por un cambio radical de las estructuras vigentes de la sociedad.” Citan una de las proclamas que incitan a la lucha armada, sin deslizar ninguna crítica: “"Para las condiciones colombianas es enteramente válido, y lo hacemos nuestro, el planteamiento leninista de que ocultar a las masas la necesidad de una guerra encarnizada, sangrienta y exterminadora como objetivo inmediato de la acción próxima, es engañarse a sí mismo y engañar al pueblo. Y es, hoy por hoy en Colombia, traidor a la revolución, quien no esté de acuerdo con la lucha armada” (S. M. p. 12)

En resumen, la visión del pasado se escribe según una concepción ideológica que justifica moralmente la apelación a las armas, recubierta con un manto pretendidamente académico, bastante flojo y sesgado. Todo es producto de un complot del imperialismo y la oligarquía para sostener el sistema capitalista a costa del hambre de las mayorías y perseguir y eliminar todo intento de crítica y oposición. El modelo de sociedad basado en:

“Tres factores esenciales caracterizan ese modelo conflictivo de sociedad: la concentración de la tenencia de la tierra; la marginación estructural de las mayorías en la economía monetaria, y el monopolio elitista del poder para mantener las dos segregaciones anteriores.” (p. 14)

En consonancia con la existencia de un régimen político represivo

“esta política económica estructuralmente discriminatoria no sería viable sin un control del aparato del Estado por fuerzas políticas identificadas con el modelo, y sin una estructura represiva que cierre las vías a modelos alternativos.” (p. 17)

Constituyen los factores justificantes de la emergencia de la violencia revolucionaria. Varias decenas de páginas son dedicadas a presentar cifras de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de tenencia de la tierra, como si se tratara de una tesis de grado en sociología, pero al estilo que regía en algunas universidades públicas: que quedase claro el compromiso político con una perspectiva de izquierda. Ahí está la esencia de un discurso que explica y justifica la lucha armada en razón de las “causas objetivas” y no en razón de la fe de los militantes de algunas organizaciones y en proyectos de lucha revolucionaria experimentados en Cuba la URSS y China. Esa tesis ha sido mantenida hasta ser convertida en consigna que por efecto de la acción propagandística se acepta sin dudas y casi piadosamente. Es el gran paradigma en el que se inspiran todas las tendencias y organizaciones que le apuestan al triunfo de la revolución en Colombia por la vía de las armas. De ese paradigma se deduce que hay violencia mala y violencia altruista, que los victimarios son el estado, el imperialismo y las oligarquías y la víctima es el pueblo (el que lucha, las guerrillas, etc.) El maniqueísmo sociológico termina disculpando las atrocidades de las guerrillas colombianas y otorgándoles la representación de lo social y de los movimientos populares y de las necesidades del país que no se compadece con la realidad vivida. Nótese como en la idea siguiente se da por sentado que

“Cuando… la UNION PATRIOTICA comenzó a recoger nuevamente el descontento popular, la clase dirigente y el Estado no dudaron en responder rápidamente con el GENOCIDIO exterminando a toda su militancia en una carrera contra el tiempo.” (p. 20)

Es el tipo de diagnóstico según el cual, los comunistas, toda la izquierda y las guerrillas representan al pueblo, son encarnación del ideal de justicia y hasta, prácticamente, dueños de la moral y de la verdad. El texto va allanando el camino a una tesis muy apreciada en los círculos de activistas humanitarios, a saber, que el Estado colombiano, como política propia, a la manera como lo hicieron las dictaduras militares del Cono Sur, estructuró un proyecto paramilitar para exterminar la protesta social, la oposición de izquierda y los movimientos armados desde la ilegalidad. Hasta afirmar una mentira como la que podemos apreciar en la siguiente frase:

“Frente a un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas, para satisfacer en niveles básicos las necesidades elementales de la población, un Estado tiene dos alternativas: un tratamiento político negociado para buscar soluciones a los reclamos justos, o un tratamiento militar para exterminar la rebelión. La opción fundamental del Estado colombiano ha sido claramente la segunda”(S. M. p. 21)

El Estado colombiano es valorado como un actor violento, militarista, que nunca ha ensayado la vía negociada, negando los intentos de varios presidentes desde Belisario Betancur hasta Andrés Pastrana, procesos que reconoce pero los minimiza porque supuestamente sólo buscaban la desmovilización de los alzados en armas.

Para desvirtuar los argumentos de quienes se oponen a esta caracterización del estado, que hablan de la existencia de un régimen democrático con carencias y fallas, que hablan de procesos reformistas que dieron lugar a la Constitución del 91, y que señalan la división de poderes, entonces sostienen que:

“Pero otro eje de no menor importancia ha sido el tomar a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente…si bien la Estrategia Paramilitar, así como la Estrategia de Culpabilizar a la Población Civil para Reprimirla Indiscriminadamente, son estrategias agenciadas en directo por las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado, no serían estrategias viables si el Estado fungiera como Estado de Derecho y si sus agentes e instituciones, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, actuaran conforme a Derecho. Por esto, es parte integrante e importante de ambas estrategias la tolerancia, aquiescencia, consentimiento, complicidad, colaboración, instigación, apoyo y protección que les garantizan los demás poderes del Estado.” (PP. 23, 24)

Más adelante podremos ver el nexo que se establece en este texto entre la explicación “sociológica” e “histórica” y las tareas y campañas humanitarias que se traza este colectivo de 17 organizaciones no gubernamentales. En la medida en que se profundiza e insiste con vehemencia en dar una imagen horripilante del Estado colombiano, se dejan de lado, se omiten referencias a los métodos de lucha y a la acción de las guerrillas:

“En cuanto a los METODOS utilizados por el Estado como actor violento, éstos podrían enumerarse de una manera muy simple: acusaciones falsas, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, juicios injustos, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos individuales y colectivos, desplazamiento forzado de poblaciones, destrucción de bienes de subsistencia, bombardeos indiscriminados, amenazas, atentados y violencia sexual”. (p. 25)

La conclusión es inequívocamente forzada por todo lo dicho: en Colombia hay un Estado terrorista que utiliza una estrategia terrorista, “La intencionalidad disuasiva…nos conduce al concepto de Terrorismo de Estado.” Es la visión de un estado que actúa monolíticamente y que por tanto no reconoce la existencia de profundas diferencias internas en el manejo de la cosa pública, que niega procesos de confrontación interna, que castiga a paramilitares y a agentes oficiales a su servicio, que es capaz de investigar y de luchar contra el pretendido “favor” que le estaban haciendo los paramilitares al país.

Según su peculiar punto de vista, la caída del Muro de Berlín (no se refieren al derrumbe y colapso del comunismo y de la URSS) le quitó todo piso al intervencionismo norteamericano más no al proyecto armado de las guerrillas:

“De hecho, la caída del muro de Berlín, con toda sus connotaciones, dejaba sin piso ideológico la política intervencionista de los Estados Unidos en sus áreas de influencia, pues ya no existía ninguna superpotencia enemiga que tratara de infiltrarse en sus patios. Pero quedaban al desnudo los verdaderos objetivos de esa "guerra": impedir la autodeterminación de los pueblos que quisieran modificar las reglas de juego de un sistema de explotación generador de miseria a gran escala. Era necesario, entonces, encontrar otra legitimación ideológica para la intervención y para la continuidad de la estrategia paramilitar trazada desde comienzos de los sesentas, y esta fue la "política anti-narcóticos".” (p.31)

Cuando hacen el balance destructivo del narcotráfico en la sociedad colombiana omiten toda alusión a la manera como las guerrillas entablaron nexos orgánicos con tal empresa criminal de la cual derivan jugosas rentas, que explican su supervivencia armada con el sacrificio de todo su ropaje político:

“El fenómeno del narcotráfico se articula, pues, al actual ciclo de violencia: a) brindando financiación exorbitante y poder extorsivo y corruptor al paramilitarismo; b) brindando legitimación ideológica a la continuidad de la intervención estadounidense en el conflicto colombiano, mediante la ayuda militar creciente bajo el paraguas de "política antinarcóticos" y presencia creciente de asesores contrainsurgentes bajo el mismo paraguas; c) legitimando acciones destructivas contra las capas más vulnerables de la economía de la droga y provocando en ellas reacciones violentas de desesperación apoyadas por la insurgencia.” (p. 31)

La narrativa conduce en sana lógica a ubicar un único responsable de toda la violencia en Colombia: el Estado. Un Estado carente de un discurso legitimador de su política de exterminio que tiene que acudir a la ilegalidad, al paramilitarismo, y cuya fuerza: “descansa en el poder de la oscuridad, de la ignorancia, del ocultamiento, de la desinformación, de la falsedad y de la mentira” (p. 33). Por tanto, el fenómeno del paramilitarismo sólo tiene que ver con una política del estado colombiano, nada que ver con las acciones criminales, de extorsión y secuestro practicadas por las guerrillas. De ahí que la relación del paramilitarismo no es con sectores de la Fuerza Pública sino que es totalmente funcional al estado, es su criatura: “Si rastreamos las relaciones de las estructuras paramilitares con la fuerza pública durante los últimos 35 años, la falsedad y la mentira se convierten en política audaz, atrevida y desafiante” (p. 35). Así el modelo que sustentan cada vez se parece más al que a ellos les interesa asimilarlo, al de las dictaduras militares del Cono Sur, incluso llegan a decir que es peor, pues se reviste de legalidad con los formalismos de la democracia, una democracia de papel, falsa. Ningún sector del estado ni de los poderes públicos escapa a su lapidaria caracterización:

“Si rastreamos el accionar del aparato judicial, baluarte fundamental de la impunidad, nos encontramos la mentira y la falsedad institucionalizadas y atrincheradas detrás de la mayor parte de mecanismos judiciales que les sirven de pantalla y que ya han sido adaptados al servicio de la impunidad”. (p. 35)

A medida que avanzamos en su lectura, el documento adquiere un evidente matiz político e ideológico. No es propiamente el lenguaje de una organización social interesada en la verdad y la justicia sino el lenguaje de una organización política con nombre equivocado que lanza un ataque profundo, de descalificación absoluta, como los que hacen sólo los partidos y movimientos de extrema izquierda. Conviene tener en cuenta el tono usado contra el poder judicial al que condenan pero al que luego, cínicamente, acudirán para entablar sus demandas:

“El trabajo de los agentes del poder judicial ha buscado "legitimarse" apartándose de toda opción ética, ideológica, religiosa o política, y refugiándose en una pretendida 'imparcialidad', así como en una pretendida 'ciencia jurídica pura' que no reconoce más imperativos éticos que la aplicación mecánica de normas procesales”. (p.38)

Pues el Estado colombiano no sólo tiene una estrategia terrorista y es terrorista sino que adelanta una sistemática política para ocultar la verdad, para destruir el rastro de sus crímenes. No sobra advertir que si el mundo académico e intelectual, el que basa sus estudios en análisis con fuentes y datos al margen de intereses proselitistas e ideológicos, llegare a aceptar este tipo de documentos como válidos o respetables, estaría sentando el nefasto precedente de permitir la intromisión de intereses ajenos a su estilo ponderado y reflexivo que tiene en cuenta todas las variables que intervienen en un fenómeno como el de la violencia colombiana. El activismo político-partidista o político-social de cualquier causa, con fines nobles o innobles, no puede hacer pasar su militancia bajo el manto de un espíritu académico que riñe con tales sesgos.

Estamos ya en el nudo de la cuestión, la verdad histórica, la que los signatarios de este documento se comprometen a buscar hasta las últimas consecuencias y hasta siempre para que “Nunca Más” vuelva a presentarse la violencia del estado terrorista. Entonces se preguntan: “si la verdad puede ser imparcial y puntual” y aquí empieza un manejo distorsionado de un concepto o noción bien compleja. Por supuesto que la pregunta no es fácil de responder, imaginemos qué puede significar para cualquier político activo la verdad en política. Reconozcamos al menos que la verdad puntual se puede lograr en muchos casos y que ahí topamos con la verdad en términos jurídicos, se responde, por ejemplo, a la pregunta de quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Pero, de otra parte, nos situamos ante la verdad histórica, verdad que no se deja simplificar ni encajar en los estrechos marcos de los activistas y moralistas que profesan la fe en una única verdad. En la disciplina de la Historia la verdad es producto de una interpretación. Nunca es una sola, nunca es definitiva. Por eso se publican miles y miles de textos sobre procesos, fenómenos, situaciones y acontecimientos relevantes, porque se admiten diversos enfoques, distintas perspectivas. De manera que pretender vendernos la verdad histórica en 50 páginas, así sea citando a uno que otro respetable investigador o pensador, no tiene ningún asidero. Menos si lo que pretenden es reducir esa verdad a la dualidad victimarios (el Estado) y víctimas (el pueblo y sus organizaciones políticas y armadas).

“La Verdad a la que el Proyecto nunca Más quiere servir y desde la cual reacciona y enjuicia este ciclo de violencia que aún vivimos, no se construye con "verdades imparciales y puntuales o aisladas. Asumimos una Verdad Integral y Comprometida, que no esconda sino que saque a plena luz los móviles éticos, políticos, ideológicos y morales que la inspiran”. “La verdad integral y comprometida”. (p. 40)

Para este colectivo no está por establecerse, está en su discurso, en su narrativa. Para ellos todo está claro, la verdad integral, o sea, el Estado terrorista como propiciador y responsable de todos los crímenes de lesa humanidad. Lo que falta es la acción puntual, esa que sólo se puede hallar en los tribunales luego de arduas investigaciones y juicios. Ahí está el terreno para litigar a pesar de su declarado escepticismo frente a la rama judicial, tal como se puede leer en esta lapidaria sentencia:

“Sabemos que el aparato oficial de la "Justicia" en Colombia está inhabilitado para establecer la verdad del crimen de lesa humanidad, pues jamás indaga por los móviles institucionales o estructurales que generan este tipo de crímenes, ni contempla mecanismos ni procedimientos legales para ello, ni tiene previstas sanciones o correcciones que conduzcan a modificar las causas generadoras de estas cadenas sistemáticas de crímenes. Pero ese aparato de justicia ni siquiera está habilitado para establecer "verdades puntuales e imparciales"”. (p. 40)

No obstante, el colectivo tendrá que hacer caso omiso de esta declaración pues de lo contrario no encontraría apoyo financiero y político en el exterior para adelantar su proyecto “Nunca Más”. Por eso los vemos actuando con mucho ahínco y activismo en los tribunales nacionales y americanos en causas contra agentes del estado, en especial, contra miembros de la Fuerza Pública. Despierta curiosidad que a pesar de señalar como máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad al Estado y a los miembros del establecimiento, no hayan realizado ningún esfuerzo por encauzar a alguno de los presidentes que ejercieron durante el periodo de mayor violencia, los años 90, y que pretendan hacerlo contra el presidente que mayores garantías de seguridad les dio a sus opositores al promover la negociación con desmovilización del paramilitarismo.

El proyecto “Nunca Más” se propone cuatro objetivos, a saber: salvaguardar la memoria, esclarecimiento de los hechos, sanción de los responsables y reparación de lo destruido. Todo suena muy pertinente, loable y justo. Ideal para hablar de reconciliación. El problema aparece cuando se implementan esos objetivos desde una concepción sesgada y parcializada de la violencia colombiana cuyo punto de partida es asemejar la situación nacional con las peores dictaduras suramericanas, por eso, en el campo de la memoria hay que oponerse a la propuesta de “perdón y olvido”, propuesta que no ha sido considerada en los últimos años, excepto cuando los presidentes Betancur, Barco y Gaviria ofrecieron generosas amnistías e indultos a grupos guerrilleros sobre la base de esa idea que el Colectivo tanto rechaza, la del “perdón y olvido”. ¿Olvidan ellos que frente a los crímenes de las guerrillas habría que aplicar la misma dosis o es que sólo ven crímenes cometidos por el Estado terrorista colombiano? Por más malabares teóricos que hagan, por más autoridades humanitarias que citen, no hay nada que tenga la virtud de tapar el monumental sesgo de exculpar a las guerrillas de los horrores cometidos. No hay argumento ético o jurídico que nos conduzca a la realización de esos objetivos mientras se excluya de toda responsabilidad a los ejecutores de masacres, secuestros, arrasamiento de bienes civiles, uso de armas prohibidas y otras fechorías que reúnen las condiciones para ser catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hablar contra el olvido a la vez que se procura el olvido de los crímenes de las guerrillas es un acto de cinismo moral inaceptable que le quita toda credibilidad a la idea de reconciliación nacional que debe acompañar a todas las iniciativas tendientes a hacer justicia y a poner fin a la violencia. El proyecto invisibiliza a las guerrillas al liberarlas de toda responsabilidad política y judicial. ¿Por qué lo hacen? En el documento se detectan al menos tres razones para llegar a ese exabrupto: la primera es la idea rectora del documento según la cual en Colombia se presentó o se vive una situación igual o peor que la vivida por Argentina, Chile y Uruguay. La segunda tiene que ver con la interpretación que pasan por verdad sobre el conflicto colombiano que les permite simplificar toda la violencia reciente como expresión de una especie de complot del Estado colombiano y las clases dominantes en contra del pueblo, de los movimientos sociales, la oposición y el movimiento guerrillero, atribuyendo a este último una legitimidad histórica en tanto el camino de las armas no fue una opción nacida de una inspiración en proyectos, modelos y teorías revolucionarias, sino una imposición del régimen político y una consecuencia de la miseria y la injusticia social y de la ausencia de libertades y garantías, todo lo cual se comprende en la noción de “causas objetivas”. Finalmente, la tercera, es una idea que a pesar de haber sido superada por el derecho internacional de los derechos humanos (véase reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Roma en 1998 que dio origen a la Corte Penal Internacional, CPI) intentan mantener vigente a contrapelo de la ONU. Se trata, según una alambicada y extensísima argumentación, de creer que sólo los estados, en tanto altas partes contratantes de los pactos internacionales, son los únicos responsables, por acción o por omisión, de la violación de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad.

Para el Colectivo es inadmisible extender la responsabilidad a grupos armados no estatales, mucho menos a individuos, pues ni unos ni otros son parte firmante de los pactos de la ONU en materia humanitaria. Un debate que ya surtió efectos pero que este organismo se niega a aceptar en su nueva realidad. ¿Por qué razón? La razón es clara: aceptar que los grupos armados no estatales o irregulares o subversivos o individuos miembros de ellos pueden ser sujetos de derecho internacional desarma el cuento, o la narrativa o la explicación “estructural” montada en estas 95 páginas que justifican el proyecto y que son las razones que sus 17 miembros esgrimen ante el mundo (capitalista por demás) parta colectar recursos financieros y apoyo político. Cuando les conviene se apoyan en la ONU, pero cuando este organismo abre campos de aplicación de sus acuerdos más allá del estado entonces se apartan. Conducta que configura un acto de cinismo jurídico y de oportunismo político. ¿Cómo entender que critiquen el otorgamiento de amnistías e indultos en aquellos países que transitaron de dictaduras a democracias y donde funcionaron Comisiones de la Verdad y que no quieran que esta experiencia se de en Colombia porque representa impunidad de los miembros de la Fuerza Pública o de otros agentes y organismos del estado? Omiten aclarar que en Colombia la impunidad a través de amnistía e indultos ha funcionado es para los grupos guerrilleros que han querido firmar pactos de paz. Por eso no hay coherencia con la siguiente afirmación:

“Casi todos los gobiernos han cerrado el proceso de "catarsis" ligado al funcionamiento de las Comisiones de Verdad, con leyes de amnistías o indultos para los victimarios, desafiando todo el Derecho Internacional vigente, y se han burlado olímpicamente de las condenas internacionales a ese atrevido desconocimiento de los principios de imprescriptibilidad y de no amnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad”( p. 60). Pues, de ninguna forma es algo que se haya considerado para el país. Ocurre más bien lo contrario, se hacen campañas en pro de reconocer estatus político a quienes han cometido sistemáticamente crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sus integrantes puedan recibir el beneficio del “perdón y olvido”.

En resumen, salvaguardar la memoria quiere decir impedir que el Estado esconda, impida o deforme la verdad. Esclarecer los hechos quiere decir los hechos producto de la acción criminal del estado terrorista colisionado con el imperialismo yanki. Sancionar a los responsables quiere decir investigar, judicializar y penalizar a los miembros de la Fuerza Pública y a los agentes del Estado responsables de crímenes de lesa humanidad. Y, reparar quiere decir que el Estado asuma toda la culpa y disponga todo tipo de recursos para reparar el daño causado a la sociedad. A las guerrillas, en este documento, le ocurre lo mismo que le sucedió a Trotsky en la Historia oficial escrita del Partido Comunista de la URSS, las desaparecieron. Comprenderá el lector porqué a este Colectivo no le agradan ciertos significados del derecho humanitario como lo dejan ver en esta frase:

“Somos conscientes de que existe una comprensión popularizada de los derechos humanos, común en el lenguaje coloquial, entendiéndolos como una exigibilidad ética que debe ser respetada y satisfecha por cualquier otro ser humano, y que se sitúa en el campo de relaciones: ciudadano/ciudadano. En este ámbito de comprensión, cualquier persona puede violar los "derechos humanos" de otra persona, y cualquiera puede reivindicar sus "derechos humanos" ante cualquiera.” (p. 65)

El Colectivo quiere mantener un significado ya insuficiente de los derechos humanos al decir que: “la expresión DERECHOS HUMANOS, en contraposición a la de derechos ciudadanos, se reservó para designar esa área de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, ante un eventual Estado-agresor” entrando en franca contradicción con los nuevos desarrollos que atribuyen deberes y responsabilidades a agrupaciones armadas y al ciudadano común. Con respecto a los ciudadanos, desde la promulgación de la Declaración Universal en 1948 se estipula que todos los ciudadanos están impelidos a respetar los derechos humanos, en los artículos 2° y 3° así como en documentos ulteriores, se estipula que la observancia de los mismos es un deber de todos los individuos. Más aún, parece haberse echado en saco roto el debate que se adelantó en las sesiones de 1997 que aparecen publicadas en el documento de Naciones Unidas en las cuales se realizó un avance notable al reconocerse que en los países que enfrentan un conflicto armado interno la situación de los derechos humanos no depende exclusivamente de los estados sino que buena parte de los derechos son puestos en peligro y en entredicho y violados por actores armados irregulares. Y a partir de las reuniones de Roma de fines de siglo xx, se llega aún más lejos. Guste o no a cualquier persona, gobierno u organización, la CPI tiene el encargo de investigar y juzgar a responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, tengan o no estas personas una función estatal. Resulta poco convincente el argumento de que es la influencia neoliberal la que ha ocasionado la evolución en el tema:

“En los últimos años, la oleada ideológica neoliberal, que ha querido debilitar al máximo la estructura de los Estados para transferir su poder regulador a grupos privados económicamente poderosos, también ha buscado privatizar el concepto de derechos humanos, trasladándolo, abierta o veladamente, desde el ámbito de las relaciones ciudadanos/Estado, al ámbito de las relaciones ciudadano/ciudadano…”

Más claro y categórico es el estatuto de Roma que dio origen a la CPI. En las sesiones previas el razonamiento nada tenía que ver con influencias neoliberales. La creación de la CPI constituye un salto cualitativo de la mayor importancia en el terreno de la globalización de los DD.HH., quizá el más importante en ésta década. Su creación como bien se sabe, estuvo precedida por la formalización experimental de tribunales para enjuiciar crímenes de guerra en Ruanda y en la ex Yugoeslavia, y estuvo animada por el debate suscitado a raíz de la detención del exdictador Pinochet en Inglaterra. De tal manera que el texto del Colectivo “Nunca Más” lo que revela es un prejuicio ideologista y nos despeja la duda respecto de estar frente a un texto académico, pues en realidad es un texto de carácter político e ideológico.

El Colectivo considera muy grave el cambio conceptual asumido por Naciones Unidas:

“…se despoja el concepto de derechos humanos de estructuras garantes y operativas, reduciéndolo a un campo ético genérico, carente de instrumentos protectores. En segundo lugar, un concepto que se extiende a campos referenciales demasiado amplios o extensos, cae en la vaguedad, en la ambigüedad, en la trivialidad, en la banalización y en la inoperancia. En tercer lugar, cuando una responsabilidad es compartida por un conjunto muy amplio de personas, se diluye en la inexistencia, lo que se expresa en el dicho: "cuando todos son culpables, nadie es culpable". En cuarto lugar, cuando el mismo lenguaje de reivindicación de los derechos humanos va tomando como blanco y objetivo a personas o grupos privados, o a "la sociedad" (en abstracto) como tal, el uso de ese lenguaje va postulando que a personas y grupos privados se les otorguen instrumentos para garantizar esos derechos, en otros términos, instrumentos judiciales y sancionatorios, lo que va legitimando un retorno a la "Ley del más fuerte", o a las formas de "justicia privada", que son, de hecho, las más generalizadas hoy en Colombia.”,

 

Es claro que siguen existiendo, no se desvirtúan las estructuras tradicionales garantes, no puede ser trivial ni ambiguo ni banal hacer de los DD HH un catálogo de dominio universal que obliga a instituciones y personas y grupos privados, Tampoco hay disolución de la responsabilidad por el contrario, la nueva mirada permite ubicar el responsable concreto e individual. Eso fue lo que facilitó la detención del dictador Pinochet ante una orden de la Audiencia Española. Resulta curioso que quienes más han hablado en un sentido genérico de la culpa colectiva, la del Estado, la de la sociedad enferma y asesina, sean ahora contrarios u opuestos a su discurso tradicional. ¿No se trata más bien de un esfuerzo por liberar de toda culpa en materia de DD HH a grupos armados ilegales como las guerrillas sobre la base de que no son parte firmante de pactos internacionales? Como sostiene la ONU, todo grupo alzado en armas, que tiene por objeto la toma del poder, gobernar y dirigir una sociedad, con mayor razón está obligada a respetar los convenios internacionales de derechos humanos, en tanto patrimonio de la entera humanidad. La ONU sostiene en el numeral 59, Capítulo V titulado “Derecho Internacional relativo a los DD.HH. y situaciones de violencia interna” del Informe Analítico presentado por el Secretario General a la Comisión de DD.HH. de la ONU en enero de 1998 lo siguiente:

“Es evidente que las medidas adoptadas por estos actores (distintos del Estado) tienen consecuencias negativas en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En especial, los grupos armados que operan a distintos niveles de medios y organización son muchas veces responsables de las violaciones más graves a los DD.HH. Estos grupos no están en rigor obligados legalmente a respetar las disposiciones de los tratados internacionales de DD.HH. que son instrumentos adoptados por los Estados”.

Y a renglón seguido pone de presente las dos posiciones que se dan sobre el asunto: la de quienes consideran que las acciones de estos grupos están al margen de obligaciones internacionales y a quienes se debe encarar con la legislación criminal interna y la de quienes piensan que sí violan los DD HH y por tanto deberían ser objeto de críticas, condenas y sanciones.

Desde el punto de vista jurídico y teniendo en cuenta la normatividad internacional plasmada en pactos suscritos por los Estados era incuestionable la inimputabilidad jurídica de actores armados, individuales o colectivos, diferentes al Estado; no obstante, el Secretario General reconoce que esa mirada, basada en el espíritu de “poner límites al ejercicio del poder estatal nunca ha proporcionado una descripción plenamente adecuada del alcance del problema de los DD.HH. a escala internacional” y recordaba que la Declaración Universal y los pactos internacionales, “reconocen en su introducción la obligación de las personas de promover el respeto de los DD.HH.

Pero, para el Colectivo esa es una pretensión injustificada y deformadora de la filosofía primigenia y fundadora de los DD HH, por eso se aferran tercamente a decir : “Creemos que la manera más auténtica, consistente y coherente con principios filosóficos, jurídicos, políticos, históricos y operativos sustentables, es continuar considerando los derechos humanos como una reserva jurídica de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, frente al poder estatal, legitimada y operativamente protegida por la comunidad internacional” (S. M.) Según él, lo que ha ocurrido es “el remodelaje neoliberal de los "derechos humanos”. Por eso insisten en la vieja argumentación que es la que conviene a sus propósitos y actos consistentes en descargar toda la responsabilidad en el Estado, y cuando se admite de particulares es porque estos están apoyados por el Estado, como se puede apreciar en la siguiente acotación: “los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia”. Y cuando hacen alusión a los debates donde se amplía la esfera de responsabilidad más allá del Estado,

“El Proyecto de Código/96, afirma que tal crimen puede ser cometido, fuera de los gobiernos, "por una organización política o grupo". El Estatuto/98, en el literal a, del parágrafo 2 del artículo 7 explica: "Por 'ataque contra una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política".

Entonces concluyen que: “No hay duda de que con esos incisos se rompe la base conceptual (filosófico-jurídico-histórico-político-operativa) de los derechos humanos y del crimen de lesa humanidad, en cuanto área de defensa de los ciudadanos / seres humanos frente a un eventual Estado agresor.”

Más cínica es la argumentación con la que pretenden responsabilizar al Estado de los crímenes cometidos por los grupos civiles a que se refiere la ONU:

“la sistematicidad o "gran escala" con que un grupo privado pueda agredir a poblaciones enteras, de una manera persistente, implica al menos una tolerancia o aquiescencia de las estructuras del Estado, o revela que los organismos judiciales y defensivos del Estado no funcionan o están en connivencia clandestina con dichos grupos. Es bien sabido que en Colombia y en otros países se ha tratado de presentar como "grupos violentos no estatales" a las estructuras auxiliares de la fuerza pública o paramilitares, que desde los años sesenta ejecutan una política diseñada, apoyada y protegida de terrorismo de Estado, como ya se ha probado suficientemente”.

La conclusión que sacan de esta apelación a los antiguos y ya en desuso conceptos de crímenes de lesa humanidad es que estos sólo pueden ser cometidos por los estados:

“En el Proyecto hemos asumido, pues, la categoría de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, de acuerdo a la conceptualización más clásica, que encontramos más convincente por lo bien fundamentada, consistente y coherente, según todo lo expuesto, que para los efectos la identifica como CRIMEN DE ESTADO, rechazando las concesiones que se han hecho en instancias internacionales a la ideología neoliberal.”

No hay duda de la acomodación oportunista que realizan de un problema en el que lo que realmente tenemos por parte de la ONU, es un significativo desarrollo sobre la responsabilidad de individuos y grupos no ligados al estado en la violación de los derechos humanos. En particular, cabe resaltar las alusiones desobligantes cuando califican tales desarrollos como fruto de presiones “neoliberales”. Para las Naciones Unidas en cambio, se trata de un asunto de la mayor seriedad y de necesaria aclaración, sobre todo cuando se observa la situación de los DD HH en el marco de un conflicto interno armado, así, en el marco de las reuniones previas a la aprobación de la CPI, el secretario general de la Comisión de DD HH de la ONU, sostuvo, en 1996 que:

“en la subcomisión y en la Comisión de DD.HH. “se ha expresado preocupación por las graves violaciones de los DD.HH. perpetrados por grupos terroristas”. Hasta abogados chilenos defensores de la vieja concepción admitieron el cambio operado: “Los abogados Ramiro de Jesús Pazos y Juan Fernando Jaramillo, en un estudio serio y bien documentado, parten de la consideración de que “El Estado sigue siendo hasta ahora el único portador de una subjetividad jurídica plena en el ámbito del DIDH” (pág. 14). Después de una amplia y detallada presentación del debate los autores concluyen que “la noción de DD.HH. remite esencialmente a la responsabilidad estatal” ya que los actos de grupos armados están contemplados en los códigos penales de cada Estado. No obstante, ellos reconocen que “sería conveniente... que el Derecho Internacional pudiera desarrollar mecanismos para hacer exigible a nivel supraestatal dicha responsabilidad frente a tales grupos” (grupos armados antiestatales, pág. 45).

Con el nacimiento de la CPI en julio de 1998 en Roma, se dio punto final a esta discusión en los siguientes términos “cuando los embajadores plenipotenciarios de los países miembros de la ONU aprobaron por inmensa mayoría la constitución de la Corte Penal Internacional. Este organismo se encargará de investigar, juzgar y penalizar a los individuos responsables de delitos de lesa humanidad, de agresión y de crímenes de guerra, independientemente de la calidad de los mismos, de si pertenecen al estado o a grupos irregulares, además de que no reconocerá ningún tipo de inmunidad diplomática. En dicha reunión, los delegados tipificaron claramente los delitos que serán tenidos en cuenta por el nuevo tribunal, entre los cuales se encuentran: el genocidio, las masacres (artículo 8,2,e,D,i), el asesinato fuera de combate (art. 7,1,a), el secuestro (art. 7,1,e).”

Pero, eso es lo que no satisface al Colectivo que insiste, desde la aprobación de los fundamentos de su plataforma hasta el presente (2011) en apoyarse en superadas y limitadas versiones del derecho humanitario.

El tema que sigue es de los más críticos, el colectivo mismo lo reconoce de entrada:

“Este Proyecto Nunca Más, se fijó, pues, como objetivo, la salvaguarda de la memoria de las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales, en cuanto Crímenes de Estado y Crímenes de Lesa Humanidad. La opción por este campo específico implicaba dejar de lado el registro de los Crímenes de Guerra o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario perpetrados por grupos insurgentes. Las organizaciones responsables del proyecto somos muy conscientes del carácter polémico de esta opción, dentro del actual contexto colombiano e internacional”. (p. 75)

Y hay que darle toda la razón, pues de esa forma es que se concreta el acto de cinismo moral ya que se invisibiliza a uno de los sectores armados, las guerrillas, que más crímenes ha cometido junto con los grupos paramilitares. El Colectivo insiste en que es el Estado colombiano el que debe responder por todos los delitos -crímenes de estado y crímenes de lesa humanidad- ya que es, según los postulados iniciales en materia de DD HH, el único que debe asumir la salvaguardia de los mismos y responder por las violaciones, sean estas originadas por sí mismo o por omisión. Así, el Estado debe responde hasta por los delitos del paramilitarismo en cuanto éste es su creación, y, además, por los cometidos por las guerrillas, pues dejó de cumplir la función de protección de la población civil. Aunque el texto del Colectivo dice que “En ninguna medida desconocemos que en Colombia se dan infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos insurgentes y que dichas infracciones lesionan la dignidad humana de muchos hermanos nuestros” (p. 75), se da a la tarea de justificar tal exabrupto jurídico y moral. Veamos algunos de sus “criterios éticos, conceptuales y prácticos”:

Sostienen que el DIH encierra en sí mismo una limitación o un vacío muy grave en cuanto no se refiere a si la guerra o el conflicto armado que pretende regular es justo o injusto, legítimo o ilegítimo, para justificarse solamente en el cuidado de las normas más elementales de dignidad del ser humano combatiente:

“Es evidente que la guerra implica, por su propia racionalidad, destrucción de vidas humanas; supresión de la libertad física de numerosos seres humanos; y destrucción de bienes construidos por comunidades humanas. Todo esto, sometido al tribunal de la ética universal, es absolutamente repudiable y condenable… Pero aún este campo (el DIH) no está exento de ambigüedades y oscuridades” (p. 76), una de ellas, según se lee en el documento es que el DIH fue ideado para guerras regulares,

“Sin embargo, cuando se leen y re-leen los textos de las cuatro Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, se llega fácilmente a la conclusión de que el modelo de guerra que se tuvo en mente, al redactar todas sus prescripciones, era el modelo de guerra regular” (p. 77). De aquí llegan a una conclusión sorprendente, pero muy coherente con la maniobra de ocultamiento o exención de culpa de las guerrillas colombianas en los crímenes de guerra:

“El DIH no tuvo en cuenta, pues, la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas, cuyos manuales más elaborados comenzaron a ser conocidos en los años sesentas. Este modelo de guerra, diseñado para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo más pobre de la población, se sale de los marcos más clásicos de la guerra regular entre Estados, sobre cuyo modelo se redactó el DIH.” (p. 77)

No sólo se descarta la vigencia del DIH para las guerrillas, como si ellas fuesen un fenómeno como la guerra y no un método utilizado en la guerra, que además se ha utilizado desde los orígenes mismos de las civilizaciones, sino que se asume que estas guerrillas representan a los pobres. Y como esas guerrillas son además pobres, carecen de los recursos que sí tiene el estado opresor, por tanto tiene que apelar a métodos no convencionales,

“sin tener acceso a los recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. La racionalidad de ese tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente frente al enemigo. Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.” (p. 77)

La ecuación se va completando: las guerrillas se justifican sociológicamente como producto de las injusticias y de las llamadas “causas objetivas”, las guerrillas actúan en representación y defienden a los pobres y oprimidos y excluidos, las guerrillas son altruistas, el DIH que fue escrito para guerras regulares no tiene aplicación para estas pobres guerrillas. Finalmente, lo que se propone la guerrilla permite entender por qué es exculpada: “Otro elemento que incide a fondo en la racionalidad específica de la Guerra de Guerrillas, es el hecho de que ésta no se dirige fundamentalmente a la destrucción de un "ejército enemigo o de una simple estructura estatal, sino a la destrucción de un modelo de sociedad” (p.78), de tal suerte que su guerra, la de guerrillas, es una guerra justa a la manera cómo esta noción ha sido tratada por distintos filósofos:

“Pero si la insuficiencia de los instrumentos existentes para calificar los Crímenes de Guerra, o infracciones graves al Derecho Humanitario, nos inhibe para enfrentar el campo de los Crímenes de Guerra dentro del Proyecto, esa inhibición se refuerza aún más cuando entramos a discernir las razones del "Ius ad Bellum", o la legitimidad de la guerra.” (p. 79)

Así tenemos la conclusión perfecta: el estado adelanta una guerra injusta y criminal contra los pobres mientras las guerrillas expresan los intereses del pueblo y adelantan una “guerra justa” por una nueva sociedad, y como el DIH no habla de guerra irregular entonces las guerrillas no pueden ser sujetos imputables de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Sin que se realice el más mínimo esfuerzo para explicar cómo fue que llegaron a tales conclusiones, con qué metodología, ¿por qué la guerra de guerrillas es “legítima”? ¿qué consecuencias tiene esa actitud? ¿Acaso se puede adoptar ese tipo de posiciones sin afectar seriamente las tareas humanitarias que se proponen adelantar? Hacer tal cosa es escindir lo inescindible, en este caso la universalidad de las normas humanitarias consagradas tanto en los acuerdos de derechos humanos como en el DIH. Si conectamos esta posición con la que asumió recientemente el cura Javier Giraldo Sanín, al declararse por fuera del alcance de la justicia colombiana, alegando precisamente lo mismo que se dice en el documento del colectivo, cuya ONG, Comisión Intercongregacional, la suscribió, podemos inferir que se trata no de una omisión, ni siquiera de un descuido, mucho menos de una ingenuidad, sino de una actitud que nace de una profunda convicción según la cual el único responsable de todos los crímenes es el Estado colombiano. El cura Giraldo, en una extensa carta plantea de modo absurdo una “objeción de conciencia” ante el sistema judicial colombiano. Sería cosa fácil levantar un poco los ojos para ver todos los casos que asombran y causan el estupor de la mayoría de colombianos. Es cierto, agentes de la fuerza pública, pero no menos cierto es que también grupos armados de extrema derecha y de extrema izquierda han cometido crímenes horribles. Con los mismos argumentos del padre Giraldo cualquier persona, alegando no encontrar justicia contra las guerrillas y sus adláteres en la civilidad puede reclamar la misma “objeción de conciencia” o impedimento ético que alega el cura Giraldo. O estamos todos sin excepción sometidos a la ley de los hombres -es decir, a la Constitución- y a las instituciones encargadas de aplicarla, con todas sus falencias y errores, o entonces sólo queda el vacío y la anarquía en el que cada cual se autoevalúa y se autojuzga. Si una figura de estas fuese esgrimida para evitar el servicio militar o para que un combatiente no sea llevado al campo de combate, puede ser admisible, y para ese tipo de casos es que se creó. Pero, cuando es un sacerdote quien la reclama la cuestión tiene al menos dos problemas serios: el primero es que, por tratarse de un clérigo que tiene una investidura, eso se puede leer como un acto de rebeldía religiosa en que la institución clerical se pone por encima de la institucionalidad civil, lo cual va en contravía de las normas seculares que están en el fundamento de la constitución del 91. En la carta el cura Giraldo invoca tesis extraídas del Catecismo católico. Y, en segundo lugar, en cuanto lo que se deduce de tal rebeldía es el mensaje subliminal de que los sacerdotes sólo le rinden cuentas a Dios, cosa que también es inadmisible en términos de la igualdad jurídica que a todos los ciudadanos nos cobija por igual. Con este argumento hasta los curas pederastas podrán decir que sólo dan cuentas al Santísimo.

El Colectivo bordea el delicado y espinoso asunto de si es o no condenable todo tipo de violencia:

“Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de "Condenar toda violencia, venga de donde viniere". Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.” (p. 80)

La respuesta no es clara ni categórica, pero se deduce del contenido y del espíritu del texto que la que es condenable es la ejercida por el Estado. Una nueva exención a los crímenes de las guerrillas:

“Por ello concluimos que frente a conflictos tales, la "neutralidad" no es éticamente sustentable…No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles.” (p. 80, 81)

No hay que forzar el sentido de los argumentos, lo que nos están diciendo no tiene vuelta de hoja, si el Estado es el mayor responsable de la violencia, violencia contra el pueblo, y si no se puede “éticamente” ser neutral, entonces, ¿hacia qué lado se inclina la simpatía, la justificación sociológica y la venia ética?

La terquedad en este tipo de argumentos, reconoce el Colectivo, les ha representado serios problemas con agencias financiadoras que les exigen optar por una política de simetría frente a la violencia, es decir, de no exculpar a la guerrillas: “Este mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una opción por la política de las simetrías” (p. 81). El Colectivo condena y rechaza la simetría porque “La política de las simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que todos los actores son igualmente perversos” (p. 82). Y se duelen de que también se descalifique a los insurgentes al igualar sus acciones con las de otros grupos ilegales y cuando se les priva de contenido político:

“que los grupos insurgentes no tienen objetivos políticos sino intereses de enriquecimiento a costa del terrorismo; que los hechos violentos que saturan la cotidianidad responden a un gratuito accionar violento de grupos "al margen de la ley [todos ellos igualmente perversos y ajenos al Estado]” (p. 82).

Como para que no quede ninguna duda de que su único objetivo es el Estado, porque su violencia sí es criminal, la carga de artillería incluye lo que se destila sólo en los círculos revolucionarios y de extrema izquierda sobre el asunto de la “Verdad”, esto es lo que plantean:

“En nuestra sociedad la VERDAD sufre censura, ejercida de múltiples y sutiles formas por el Estado y por el Establecimiento. La VERDAD ha llegado a ser una seria amenaza para el statu quo y por ello es algo sutilmente prohibido” (p. 86). Y se anticipa en descalificar los argumentos que supuestamente saldrán de los victimarios:

“Desde ya sabemos que esta VERDAD será recibida y combatida como "mentira" por los victimarios y sus cómplices. Conocemos de sobra los argumentos con que la combatirán en sus poderosos medios informativos: "son calumnias contra los servidores del Estado, calumnias provenientes de los idiotas útiles de la insurgencia"; "Es la insurgencia la que se sirve de ONGs amigas para desacreditar al Estado legítimamente constituido"”(p. 86)

Como quien dice su “verdad” es indiscutible, los que controvierten son enviados de los victimarios, lo de él es palabra cerrada, no es tema de debate. El colectivo no cree en la VERDAD “Todo el debate que este informe desatará nos corroborará, una vez más, que una verdad "imparcial" no existe, socialmente hablando” (p. 86). Es la verdad del Colectivo, la que exime de toda culpa a las guerrillas, y la verdad de los victimarios, del establecimiento, del estado y de los defensores del statu quo. De antemano se les debe dar la razón, nada por fuera de él tiene validez, por ello el padre Giraldo, uno de los líderes de ese Colectivo de 17 organizaciones reclama la objeción de conciencia ante la justicia colombiana. No creen en ella, difaman de ella, la consideran torcida, infiltrada e injusta e incapaz, pero apelan a ella cuando de defender sus causas se trata. A eso lo podemos llamar una actitud de cinismo jurídico. El Colectivo no admite que los jueces fallen en contra de sus intereses y demandas pues si lo hacen salen a descalificar los fallos, no los acatan, siempre deben ser a su favor.

En síntesis, el documento que sienta las bases políticas del proyecto “Colombia Nunca Más” suscrito por 17 Ongs constituye una demostración palmaria de la distorsión que se hace del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además, representa una aviesa e infame maniobra de desfiguración de la historia reciente del país, y, finalmente, es una invocación al más burdo de los reduccionismos interpretativos de la violencia reciente. Veamos muy sumariamente las conclusiones:

Sobre la primera tesis, la idea de excluir a las guerrillas de toda responsabilidad jurídico-penal en materia de crímenes de guerra y por tanto de lesa humanidad, supone escindir normas de valor universal y negar los nuevos desarrollos que han alcanzado las naciones en sus deliberaciones, como las que dieron lugar a la creación de la Corte Penal Internacional que tiene la función de juzgar individuos, sean funcionarios de estado o agentes privados de grupos armados ilegales incursos en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y de genocidio. Es absurdo e irracional argüir que estos avances son producto de presiones del neoliberalismo. Es inadmisible que se rechace la obligatoriedad de observancia de las normas y preceptos humanitarios en países en conflicto armado por parte de los grupos que están levantados en armas y que hacen parte del mismo. De igual manera, resulta fallida la apelación a las teorías de los conflictos armados o guerras civiles para mantener una clasificación que ha sido reventada por la realidad histórica de las últimas décadas en el mundo, es decir, seguir pensando que de la teoría del Ius ad Bellum se puede deducir que un levantamiento contra una democracia puede ser calificado de legítimo, es una osada teoría que pondría en aprietos a los regímenes democráticos de todo el mundo. El hecho protuberante es que las leyes humanitarias deben ser aplicadas sin miramientos a quienes las hayan violado. No hay un ápice de justicia en descargar todo el peso sólo sobre los agentes del estado y no hay pruebas fehacientes y convincentes para achacar toda la violencia a una “política de estado” tal como sucedió en las dictaduras del Cono Sur. ¿En que quedan los atropellos de las guerrillas como los secuestros de civiles, el secuestro de militares reducidos a condiciones infames y por más de 12 años condenados a la selva, al extrañamiento de familiares, sin ninguna posibilidad de defensa jurídica, a la más absoluta soledad?, y ¿qué decir de los atentados contra lugares civiles como iglesias, escuelas, medios de prensa y clubes, de la voladura de puentes y de la quema de vehículos privados, del reclutamiento masivo de menores, entre otros graves crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Con respecto a la tesis que alude a una historia de las guerrillas como expresión de búsqueda de justicia social y producto de “causas objetivas” que han dado lugar a un “conflicto social y armado” pues bien vale la pena reclamar a este respecto la omisión que se hace de los esfuerzos del Estado y de varios presidentes por llegar a acuerdos de paz, exitosos en algunos casos. También era de esperar, para un análisis más integral que se reconociera el peso negativo de la influencia del narcotráfico en la degradación del accionar de las guerrillas. Por supuesto, era de esperar en su argumentación que el derrumbe de la URSS y la crisis del comunismo mundial fuera incorporada como una variable para concluir que en Colombia las fuerzas guerrilleras realizaran un cambio similar al realizado por sus pares centroamericanos. Lo que encuentra el lector en el texto del Colectivo, en cambio, son palabras de comprensión y justificación de la continuidad de la lucha armada, la calificación de la misma como una causa justa y redentora. Que además, se reconociera que en la historia reciente de Colombia se han adelantado procesos muy firmes e promisorios de reforma política de las instituciones que debieran servir para aleccionar a las guerrillas sobre la inutilidad de la lucha armada, sobre esto, total silencio. El documento no dice una sola palabra de condena a las atrocidades de las guerrillas.

Y, por último, hay que resaltar la terca persistencia de este Colectivo en un vicio clásico de los marxistas y en especial de los comunistas colombianos que reducen situaciones complejas a explicaciones simplistas y de confrontación mecanicista entre pobres y ricos, buenos y malos,  justos e injustos. La opinión pública cuenta con elementos de juicio suficientes para entender que la violencia en Colombia no es competencia o responsabilidad exclusiva del estado o de agentes del mismo, que paramilitares y guerrilleros tienen una altísima cuota de culpa en los hechos de ignominia.

El lector de estas motas puede reflexionar sobre el accionar de estas 17 entidades, en particular de algunas de ellas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Congregación Intercongregacional de Justicia y Paz liderada por el cura Giraldo, la Fundación Manuel Cepeda, así llamada en honor de quien, en palabras de un viejo militante comunista –Alvaro Delgado5- fue el ideólogo de la combinación de todas las formas de lucha, para comprender en qué se inspiran y en que basan su militantismo en una causa anti estatal a ultranza y su beligerancia en los juicios y campañas que adelantan contra unidades, suboficiales y altos oficiales de la Fuerza Pública, contra dirigentes políticos y funcionarios de la rama judicial y cómo se van congregando a cada momento con otros colectivos para adelantar bullosas campañas contra el Estado y supuestamente por la VERDAD, verdad de la que excluyen a los grupos guerrilleros.

Es, al menos incoherente, no creer en la “verdad” pero luchar por ella, no creer en la Justicia colombiana pero utilizarla para sus litigios, descreer de la democracia colombiana pero apoyarse en ella y descalificar principios esenciales del derecho internacional de los derechos humanos y a la vez salir en su defensa.

Me quedo con esta reflexión del sacerdote jesuita Francisco de Roux “Porque si vamos a castigar en justicia legal todos los crímenes de guerra y si vamos a seguir persiguiéndonos, odiándonos, armándonos unos contra otros, no hay salida. El proceso es parte del horizonte de paz de los que siguen en combates. Nadie va a dejar las armas para pasar el resto de su vida en la cárcel.” (El Tiempo, 8 de oct. de 2011)

* Doctor en Historia y profesor Titular Universidad Nacional de Colombia

Medellín, octubre de 2011

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://ventanaabierta.blogspirit.com/list/historia/631676570.doc

Publicado en Columnistas Nacionales

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