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Carlos Holmes Trujillo García                                        

Resulta verdad que los escándalos recientes arrojan sobre el poder judicial un manto de dudas
y descreimiento indiscutibles.

 ‘Confiar’ (Confianza por el impecable actuar) en la justicia, es lo que debe buscarse en Colombia. Si bien es cierto que hay magistrados, jueces, y funcionarios impolutos, también resulta verdad que los escándalos recientes arrojan sobre el poder judicial un manto de dudas y descreimiento indiscutibles.

Se ha llegado, pues, a un momento en el que no puede demorarse más la tan reclamada reforma. El argumento según el cual no son las instituciones las que delinquen, sino las personas, al que se acude para indicar que los cambios no se requieren, tiene validez teórica en épocas de cierta normalidad. Pero, cuando el estado de la enfermedad ha avanzado, lo que se necesita es una operación de alta cirugía.

No obstante, aunque existen avances en reformas procesales, simplificación de los procesos y separación de funciones de investigación y juzgamiento, hay que actuar en materia de acceso, independencia, eficacia y seguridad jurídica. 

En relación con el acceso, debe debatirse la conveniencia de tener una sola corte, al igual que un sistema descentralizado de justicia. En esas condiciones, la Corte Suprema única debería tener siete salas para atender asuntos administrativos, laborales, constitucionales, electorales, civiles y comerciales, y penales. Así mismo, se crearían ocho cortes regionales que fortalezcan los distritos judiciales y respondan a las necesidades de la justicia en las regiones del país. Los tribunales se conservarían como instancias de apelación, en tanto que las mencionadas cortes serían investidas con funciones de cierre.

Por su parte, la Suprema Corte fallaría en revisión algunas de las sentencias proferidas por las regionales y tendría, entre otras tareas, la unificación de las sentencias. Se buscaría, entonces, que el grueso de las decisiones judiciales se falle en las cortes regionales, en aras de la celeridad, el relacionamiento de la ciudadanía con sus jueces y el mejoramiento del acceso al sistema.

De otro lado, la realidad obliga a quitarle funciones electorales de magistrados y jueces a las altas cortes y al Congreso. Esa elección debería hacerse mediante concurso público de méritos para la excelencia de la justicia, especialmente diseñado para tal efecto, cuya administración quede en manos de las mejores facultades de Derecho de la nación. Debería, igualmente, crearse una junta directiva del sistema, independiente, como órgano de gobierno y administración, que esté presidida por un gerente de la función elegido por concurso de méritos.

Con relación a la eficacia y la eficiencia, sería conveniente implementar la oralidad en todos los procesos judiciales, simplificar las formas procesales, superar las fallas en la dirección del proceso, fortalecer los programas de descongestión, y diseñar un ambicioso programa tecnológico para la justicia, entre otras acciones necesarias. De otro lado, buscar seguridad jurídica requeriría mejorar la producción y publicación de jurisprudencia, tener más sentencias de unificación y crear el observatorio de jurisprudencia conjuntamente entre la Rama y las facultades de Derecho, para evitar contradicciones y ayudar a definir líneas jurisprudenciales.
Hay mucho más para decir, pero, por lo pronto, quedan a consideración de ustedes algunas propuestas arropadas por la idea de ‘confiar’ (Confianza por el impecable actuar).

Portafolio, Bogotá, 04 de septiembre de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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