Facebook

     SiteLock

Última hora
En adelanto van estas “verdades”… - Viernes, 17 Noviembre 2017 07:25
El camino ambiental - Viernes, 17 Noviembre 2017 07:25
¡La lucha de Venezuela y Colombia es una sola! - Viernes, 17 Noviembre 2017 07:25
La reglamentación de la JEP - Viernes, 17 Noviembre 2017 07:25
Confieso que me equivoqué - Viernes, 17 Noviembre 2017 07:25

Luis Alfonso García C                                     

Escándalo tras escándalo, ha estallado en pedazos la poca credibilidad de los colombianos en sus jueces y tribunales. La corrupción ha penetrado en lo más profundo de las entrañas de nuestro sistema judicial.

Por eso no es de extrañar que la Corte Constitucional hubiera desconocido la voluntad mayoritaria de los colombianos, cuando rechazaron los acuerdos de La Habana, para sentenciar que esa refrendación popular la podían otorgar unas mayorías “enmermeladas” del Congreso, mediante una simple proposición. Ni nos asombremos porque se haya indultado a todos los miembros de las Farc sin cumplir ningún requisito, sin devolver los secuestrados y menores reclutados, sin entregar todas las armas y activos adquiridos ilícitamente, ni abandonar el narcotráfico. Ni nos preguntemos por qué la Corte no resuelve el caso del Dr. Luis Alfredo Ramos, quien espera hace casi 4 años una sentencia que tiene que ser absolutoria. Ni esperemos respuesta a las injusticias cometidas en contra del Coronel Hernán Mejía Gutiérrez y de tantos militares mantenidos en prisión gracias al dicho de falsos testigos.

No cabrían en esta cuartilla todas las injusticias cometidas por estas Cortes vendidas al mejor postor, en las que se dice que el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz o que hay que fallar en política para condenar a un funcionario del gobierno del Dr. Uribe Vélez.

En cualquier país del mundo, se habría levantado la nación entera para reclamar un cambio a fondo en las instituciones administradoras de justicia y un relevo de sus magistrados.

Aquí en Colombia no nos queda otra opción que movilizarnos para obtener las mayorías en el próximo Congreso y acceder al solio presidencial, en nombre de las mayorías triunfantes en el pasado plebiscito. Cumplido ese objetivo, proceder a una reconstrucción profunda de nuestra Justicia, la cual debe comprender:

a)      La derogatoria del Acto Legislativo 02 de 1917, por medio del cual se creó la Justicia Especial de Paz, originado en un acuerdo no refrendado por el pueblo , y, por lo tanto, inválido. Con este engendro jurídico pretenden las FARC la absolución de todas sus culpas y la persecución a todos los que se atrevan a criticar los acuerdos de La Habana. Por tratarse de una sustitución de la Constitución no podía ser aprobado por el Congreso sino solamente por el constituyente primario, vale decir, por el pueblo soberano;

b)      Suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, por la incapacidad demostrada para escoger magistrados probos e independientes, y por la pésima administración de los presupuestos asignados a la Justicia. Pese al aumento del presupuesto en más de un 50% en 4 años, cada vez la justicia es más  lenta y más desprestigiada ante la opinión pública. Sus funciones deben ser cumplidas por un Gerente de la Rama Judicial elegido por méritos, por la Procuraduría General de la Nación y por una sala temporal de asignación de competencias  , compuesta por tres magistrados designados respectivamente por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado;

c)       Revocar los nombramientos de la totalidad de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante un Acto Legislativo que reforme todo el sistema judicial. Facultar al Gobierno para designar sus reemplazos mediante un concurso de méritos ;

d)      Modificar el sistema de provisión de las vacantes, mediante sistema en el que participen las tres altas cortes proponiendo cada una un candidato, para que el Gobierno designe quien resulte ganador en un concurso de méritos;

e)       Suprimir las funciones de carácter judicial que cumplen las cámaras legislativas. Su carácter político les impide obrar con independencia a la hora de investigar o juzgar a los magistrados.  La investigación de delitos atribuidos a éstos la debe cumplir la Fiscalía y su juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. Cuando se trate de un magistrado de esta corte, la competente para juzgar será la Corte Constitucional;

f)       Implantar la pena de muerte para delitos de lesa humanidad, narcotráfico y secuestro. Su implantación se reflejará inmediatamente en la recuperación de la seguridad y en el temor de los delincuentes a continuar reincidiendo, como ha ocurrido en Singapur y otros países donde se ha establecido,

g)      Reformar el sistema carcelario para que todos los reclusos participen en trabajos en beneficio de la comunidad y tengan restricciones que no les permitan delinquir desde la cárcel.

Se dirá que son medidas extremas o de difícil aprobación. Pero mientras continuemos alimentando esta falsa hipocresía de pretender ser una sociedad civilizada, al paso que convivimos con la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, el enriquecimiento ilícito, la extorsión en campos y centros urbanos, no saldremos de esta podredumbre en la que estamos inmersos.

Empecemos por la RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA, y continuemos juntos, todos los que votamos por el NO en el plebiscito, trabajando por la RECONSTRUCCIÓN NACIONAL que el país reclama

Publicado en Columnistas Nacionales

Compartir

Opinión

Nuevos videos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ingrese su dirección de correo electrónico:

Nuestras Redes