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Hernán González Rodríguez                                          

Afirman los santistas que las Farc sí respetaron el cese al fuego bilateral, que se desmovilizaron y se concentraron en las zonas transitorias, entregaron sus armas, los niños y los escasos bienes que poseían, cambiaron las balas por los votos y muy pronto estarán reintegrados a la sociedad garantizando así la no repetición.

Verdades todas a medias. La totalidad de sus integrantes sí cesaron el fuego, pero un 20% aproximadamente, se declaró en disidencia, esto es, se negó a participar en los acuerdos: no entregó la totalidad de las armas, continuó cultivando y exportando cocaína por las mismas rutas y contactos de antaño, siguieron extorsionando y secuestrando, están incitando a los cultivadores para que se opongan a la erradicación de sus cultivos, no entregarán los bienes personales, entregarán los bienes colectivos, mas no para reparar a sus víctimas, sino para continuar haciendo política…  Evidente, disidencia planeada para garantizarles su capacidad ofensiva con el fin de presionar al Gobierno para que les cumpla los acuerdos.  

La preocupación principal radica a la fecha en preguntarnos hacia dónde se encaminará Colombia como consecuencia de las concesiones absurdas, innecesarias y hasta estúpidas del acuerdo Farc-Santos. No espero que ni el Gobierno ni las Farc cumplan a cabalidad.

El exmagistrado Jesús Vallejo Mejía afirmó que Santos les entregó a las Farc la soberanía de Colombia al pactar: “Corresponderá a la CSIVI constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el presidente de la República o presentados al Congreso”.

La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- entraña, para Vallejo Mejía, otra entrega de la soberanía nacional a tres retorcidos abogados extranjeros y a dos colombianos, un magistrado y una incolora profesional, quienes se encargarán de elegir los 51 magistrados de la omnipotente JEP. Curiosamente, a los integrantes de Farc ya les dictaron una generosa ley de amnistía, la cual comprueba que se ocupará la JEP solo de judicializar a sus contradictores.

Les concedieron una reforma agraria con mentalidad minifundista, con la posibilidad de expropiar, porque en concepto de autoridades integradas con la participación de las propias Farc, se justificará hacerlo por culpa de una supuesta explotación inadecuada de la tierra, por conveniencia de las comunidades vecinas o porque se está afectando el medio ambiente.

Están próximos a aprobar una reforma política para establecer unas instituciones y unas reglas de juego que les permitan, a quienes detenten el poder, perpetuarse en él, por medio del voto electrónico. Este sistema de votación está rechazado en Inglaterra, Alemania… por el fundador de Microsoft, Bill Gates. Con este voto se robaron los chavistas las elecciones en Venezuela.  

María Isabel Rueda y Pedro Medellín han llamado la atención en sendos artículos sobre la estupidez más reciente del Gobierno, el proyecto de acto legislativo n.° 4 de 2017. Como garantía de la no repetición, del uso de la fuerza y de las armas solo por el Estado, se prohíbe en adelante la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de los grupos armados ilegales, autodefensas, paramilitares y similares.

Pedro Medellín sostiene que con esta prohibición de lo prohibido “se está preconstituyendo una prueba de culpabilidad contra el Estado colombiano, válida ante cualquier corte de derechos humanos nacional o internacional… avalancha de indemnizaciones por crímenes de los que se hacen responsables todo un estado y toda una sociedad”. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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