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Darío Acevedo Carmona                                    

Para referirme con responsabilidad a la crisis de la Justicia colombiana debo hacer las reflexiones que se leerán a continuación. Invoco paciencia.

La Justicia, con mayúscula, la entiendo como el conjunto de preceptos y mecanismos que les señalan a las sociedades y a los pueblos los márgenes de acción que garantizan la vida en común y la sociabilidad. La noción de castigo para quienes se salen de ellas nos remite a una vivencia permanente de los seres humanos. Sin Justicia no sería posible existir. Las formas y las instituciones que se han dado los pueblos en cada época dan cuenta de la búsqueda de un estado de cosas que diferencia el bien del mal y es representado por lugares imaginarios -el cielo el infierno, el purgatorio-, y por figuras -el diablo, dios- y se concreta en instituciones de orden religioso y político.

¿Por qué? O mejor ¿De dónde nace esa tensión que nos acompaña desde los orígenes? Algunos filósofos responden afirmando que el hombre es un lobo para el hombre, otros consideran que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Algo de razón hay en cada aforismo. Si entendemos que los humanos somos seres morales dotados para distinguir el bien del mal, a diferencia de los animales, entonces veríamos aquellos comportamientos y condiciones que nos son propias y requieren de controles como la ambición, sin la cual estaríamos estancados en el origen y la codicia, que sin límites puede llevar a delinquir.

Hoy como en el pasado remoto, seguimos encarados a la misma dinámica dilemática entre el bien y el mal y por ello a lo largo de la historia desde las religiones y la política hemos creado teorías, organismos e instituciones cada vez más complejas en la lucha contra los delitos y evitar el colapso.

Sodoma y Gomorra no han desaparecido, las conductas criminales e indeseables se resisten a desaparecer. El robo, el asesinato, la violencia y la corrupción están siempre al acecho. Pero, hay países y comunidades exitosas en su brega por hacer prevalecer la Justicia, otras son más incompetentes y viven tragedias profundas y dolorosas. La elaboración más avanzada y compleja de la idea de Justicia la encontramos en nuestra era, la Modernidad, en la que funciona como uno de los tres poderes pilares del estado y es independiente de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

En Colombia pienso que hay un derrotero destructivo de la Justicia entendida en su más amplia acepción. Encontramos fenómenos de amplia escala y poder como el narcotráfico desde los años ochenta, la violencia con pretextos políticos y prácticas politiqueras. ¿Cómo no pensar que nuestra Justicia, sus leyes y sus órganos han perdido respetabilidad y eficacia no solo por la codicia y la ambición desaforada de riqueza y de poder de ciertas elites, sino también porque ha sufrido ataques que la han debilitado?

Retrocediendo en el tiempo tenemos hechos que marcan ese camino de destrucción: la justicia penal militar para delitos de rebelión, la alevosa toma del palacio de Justicia por el M-19, el asesinato de jueces y magistrados por el narcoterrorismo, la infiltración del paramilitarismo, la eliminación de la extradición en la constituyente del 91 por sobornos de la mafia, el asesinato de jueces, magistrados y procuradores.

El mal ejemplo de altas autoridades como el presidente que se hizo elegir con dineros del narcotráfico y fue absuelto por el Congreso, que otro se haya elegido con la compra de votos con dineros fruto de la corrupción y haya convertido recursos públicos en plata de bolsillo (mermelada) para ganar el apoyo de políticos y cooptar órganos judiciales y magistrados.

La Justicia ha sido atacada desde afuera y desde adentro. Hemos tenido jueces de diverso rango que se han involucrado en las disputas políticas afectando sus fallos. Establecieron el perverso carrusel y la puerta giratoria para merodear de Corte en Corte y se han prestado para hacerles favores a mafiosos. Varios Procuradores y Contralores fueron destituidos y llevados a prisión.

Cómo no mencionar la imposición del nuevo paradigma consistente en que puede haber paz sin Justicia y se cree, en nombre de la paz una Justicia paralela, la JEP, cuya función es validar la impunidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad y perseguir, acorde con la versión narcoguerrillera de la violencia, a quienes supuestamente financiaron y apoyaron el paramilitarismo.

La crisis de la Justicia y los escandalosos niveles de corrupción dan lugar a todo tipo de análisis y propuestas como pensar, por ejemplo, que somos un pueblo maldito, un “país de mierda”, sin salvación y a que se formulen propuestas insólitas como “cerrar todas las Cortes”, “convocar una asamblea constituyente” o “realizar una consulta popular”.

La situación es, sin duda, demasiado crítica, pero no tanto como para darnos por perdidos. En medio del caos, de la desconfianza y de la rabia justificada de las gentes, el hecho de que se estén destapando las ollas podridas y se esté investigando a los responsables es una señal positiva.

Ojalá que las investigaciones de la actual Fiscalía sobre los escándalos de Odebrecht, Reficar, y financiación ilegal de la campaña presidencial, llegue a los altos poderes del Estado que auparon el despelote en que nos encontramos.

El Espectador, Bogotá, 20 de agosto de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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