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Luis Alfonso García Carmona                                      

Si intentásemos en Colombia hacer un completo inventario de los daños que al país le han causado el tristemente famoso Acuerdo Final con las FARC, y los siete años de desgobierno de Juan Manuel Santos, seguramente tendríamos material suficiente para una enciclopedia de varios tomos.

Tendríamos que analizar la ruina en que han quedado la Democracia, el Estado de Derecho, las instituciones, el ordenamiento jurídico, la economía, la Justicia y, en fin todos los órdenes de la vida nacional.

Inquietos columnistas y algunos líderes opositores al tiránico régimen que nos gobierna, se han atrevido a hacer cábalas sobre el oscuro panorama que le espera al país en el futuro, pero se han quedado cortos. En apresurado tropel, el contubernio Santos-Timochenko, con la complicidad del Congreso y la indiferencia de la Justicia, aprueban normas, de las cuales ni siquiera alcanzamos a medir su ruinoso impacto en el presupuesto del Estado.

No obstante la gravedad y la extensión de estas desastrosas consecuencias, nada es comparable con los daños morales que  se han generado a la sociedad colombiana.

La implantación del engaño y la traición, la tergiversación de los hechos y la repetición de la mentira hasta convertirla en verdad, aupadas con millonarios recursos fiscales derrochados en publicidad, no han producido sino una generalizada falta de credibilidad en la clase dirigente. El pueblo colombiano ya no cree en nada ni en nadie, y sería ímproba la tarea de recuperar su confianza.

El maquiavélico consejo de que el fin justifica los medios se ha empleado – y se sigue practicando – hasta la saciedad. Para alcanzar el acuerdo llamado “de paz” había que ocultar su secreto propósito de entregar el país al motejado “socialismo del siglo XXI”; infringir la Constitución, las leyes o los principios universales del Derecho no estaba vedado; dejar el Estado en bancarrota y endeudado hasta los tuétanos, tampoco ha sido óbice que no se pueda saltar. ¿Qué nos queda? El ejemplo que se ha dado a la sociedad no puede ser peor. Si eso lo predica el Gobierno, hagamos todos lo propio, sin control moral ni vergüenza.

Se ha rendido culto a la impunidad. La siniestra intromisión del Ejecutivo en la Rama Judicial ha conseguido el aval para las mayores fechorías, a sabiendas de que el manto de la impunidad a todos los cobija. Se puede violar la Carta Magna para decir que con una simple proposición se sustituye la “refrendación popular” de los acuerdos; se tiene que condenar a un colaborador del anterior gobierno, aunque haya que fallar por conveniencia política y no en Derecho, como lo pide un ex magistrado a sus colegas; es permitido recibir millones de dólares de Oldebrecht  para robarse las elecciones y luego pagarle con contratos; se dice ante las cámaras que no habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad y luego se acuerda todo lo contario en el pacto firmado con el narcoterrorismo; en fin, le enseñamos al colombiano de a pie que la impunidad es el pan nuestro de cada día.

No es necesario proseguir este espinoso sendero para concluir en una palabra: Se ha corrompido el alma de la sociedad. Ya no existen valores, pues se ha demostrado que no hay respeto por la Verdad, ni por la Justicia, ni por los derechos de los demás. El bien común dejó de ser el Norte que debe guiar la acción del Estado. Ahora son los propios e insondables intereses del sátrapa de turno y de sus conmilitones. Un grupo de facinerosos de la peor calaña impone al Gobierno y al Congreso su voluntad, pues todo tiene que pasar por el filtro de la CSIVI.

¿Qué podemos esperar de una sociedad sin valores, sin credibilidad, sin respeto por la ley y por las jerarquías? Nada, a menos que nos unamos todos en un único propósito: LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL, que debe empezar por reconstruir la moral y las buenas costumbres y por reimplantar la supremacía de los valores eternos.

Publicado en Columnistas Nacionales

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