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Rafael Nieto Loaiza                                    

Los escándalos de corrupción se suceden uno tras otro cada día.

El de Odebrecht sigue vivo y se extiende. No hay ningún signo que haga pensar que ya se está cerrando. Al contrario, en materia de sobornos está probado que se extendió a algunos parlamentarios. Y queda aún pendiente verificar si Santos y cuáles otros de sus funcionarios fueron compinches. Ahora bien, como está ya fuera de toda duda la entrada de dinero ilegal a la campaña de Santos en el 2010, sigue pendiente de establecer el alcance de la financiación ilegal para el 2014. Es entendible que haya temor por lo que se anticipa como un efecto telúrico de sus eventuales declaraciones, pero no se explica sino precisamente por esa razón que a estas alturas Roberto Prieto, gerente de la campaña e íntimo amigo personal de Santos, siga ahí tan campante. Si debe prender el ventilador, que lo prenda. Pero es indispensable que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias en este caso. Y que podamos establecer con certeza si el actual Presidente sabía o no de la entrada de ese dinero a su campaña o si tal cosa, que a estas alturas es un hecho, ocurrió a “sus espaldas”. 

Y no estaría mal que, además, la Fiscalía empiece a indagar si otras compañías de infraestructura, brasileras e italianas, por ejemplo, financiaron también la campaña santista. Y que se establezca si ese dinero, y otro adicional nunca declarado, irrigó a los parlamentarios costeños de la coalición de gobierno entre la primera y la segunda vuelta de las presidenciales, después de que Santos se llevara una dolorosa derrota en la primera a manos de Oscar Iván Zuluaga. Hay certeza de que hubo pánico entonces en esas toldas. Y es no solo posible sino altamente probable que se buscara desesperadamente dinero para engrasar la maquinaria electoral de los barones electorales de la coalición de gobierno.

Por cierto, los procesos al Ñoño Elías y a Musa Besaile son un frente nuevo no solo en relación con Odebrecht, sino también, por vía colateral, en lo que tiene que ver con la financiación de la campaña presidencial y en el uso de los cupos indicativos como instrumento de corrupción y de campaña electoral. La pregunta de si escogerán hundirse solos o empezarán a cantar, sigue aun sin respuesta.

La tragedia para Santos es que su apuesta por manejar la Fiscalía fracasó. Hay terceros en juego que no puede controlar. Esa es la gran virtud de los procesos de Odebrecht y del exgobernador Lyons: la información no depende ni en su contenido ni en su oportunidad de las autoridades colombianas.

Por cierto, la vinculación de ex presidentes de la sala penal y de la Corte Suprema de Justicia puso en evidencia lo que ya se sabía: además del de los falsos testigos, sí existe un cartel de la “toga”, una mafia judicial encargada de negociar procesos, libertades, condenas, libertades condicionales. Y de usar el aparato judicial como instrumento para perseguir a contradictores políticos y favorecer a los amigos. Una mafia de fiscales, jueces y magistrados con cómplices en el gobierno y en los partidos políticos.

Es hora de que empecemos a conocer también los nombres de quienes participaron en esa instrumentalización política de la justicia. Yo no dudo de que callarán aquellos que están decididos a usar todos los instrumentos para perseguir al Centro Democrático. Pero espero en que haya quien reconozca que al menos varias de las condenas a figuras del uribismo tuvieron motivación política. La revisión extraordinaria de los procesos en que participaron algunos de los exmagistrados señalados es indispensable para evitar la prolongación del daño a las víctimas de persecución política por vía judicial.

Por último, el escándalo prueba, de nuevo, la necesidad de una urgente e inaplazable reforma a la administración de justicia. A todos los problemas ya conocidos de la rama se suma ahora el cáncer de la corrupción. Los esfuerzos que se han hecho para esa reforma han sido sistemáticamente abortados por las altas cortes. Confío en que ahora los magistrados actuales entiendan que no puede aplazarse más esa reforma y que es indispensable ejecutarla apenas lleguemos al gobierno. Es esa reforma o el salto a la incertidumbre de una constituyente. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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