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Natalia Bedoya                                        

Ayer 15 de agosto, mientras el gobierno y la prensa celebraba la terminación de la supuesta entrega de armas, el silencio cómplice rodeaba la entrega de los niños reclutados.

Unicef informó la entrega de 14 niños que se suman a los 86 que han entregado desde que iniciaron los diálogos de paz.

La entrega de los 14 niños debe ser aplaudida; sin embargo, y muy a pesar de que el Defensor del Pueblo aspira a que no haya más niños en las filas de las Farc, su simple aspiración parece alejarse de la realidad. Al iniciar los diálogos de paz, las Farc tenían 3.000 menores de 18 años reclutados. Al entregar -durante y después de firmado el acuerdo de paz- en total 100 niños, a la fecha, en sana lógica, estarían en sus filas 2900 niños reclutados.

Si bien es cierto que quizás algunos de ellos cumplieron la mayoría de edad, sería cuestionable  pensar que los 2900 niños milagrosamente cumplieron 18 años antes del vencimiento del nuevo plazo para entregar menores de edad.

Incumplieron una y otra vez durante los diálogos de paz, han incumplido una y otra vez después de firmado el acuerdo; y ante la generosidad excesiva de Juan Manuel Santos, un nuevo plazo y un nuevo incumplimiento.

Ayer venció la fecha límite que se había fijado como nuevo plazo para que las Farc entregara todos los menores reclutados. Las Farc, bajo la excusa de que sólo son menores aquellos que tengan menos de 15 años, han burlado la voluntad del país durante todo este tiempo.

Desde la etapa de negociación el gobierno obvió, quizás sin intención, o con ella, que al momento de suscribir Colombia la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, presentó una reserva ampliando la protección de 15 años a 18 años, convirtiendo toda disposición contraria, en inconstitucional. Por lo que la excusa de que solo los menores de 15 años deben ser tenidos en cuenta como menores reclutados, es inocua en nuestro país.

Las Farc dice también que muchos de los menores reclutados hoy, han formado una familia en las Farc y no se quieren ir de sus filas; quizás es entendible el adoctrinamiento de muchos de ellos, pero, esa bajo ninguna circunstancia debe ser excusa para que el gobierno permita que las Farc continúe delinquiendo con la permanencia de niños menores de 18 años en sus campamentos.

El reclutamiento infantil es un delito de lesa humanidad, que no solo debe ser castigado por la justicia, sino rechazado por todos los colombianos. El gobierno no puede seguir otorgando amnistía y premios a las Farc mientras los niños continúan reclutados. Tampoco debe ser el silencio la herramienta para legitimar este delito atroz.

Es entendible que el gobierno guarde silencio, pues al fin y al cabo ha sido su cómplice en las concesiones concedidas, pero los medios de comunicación no deberían entrar en el macabro juega de la complicidad con el reclutamiento infantil.

¿Cuándo cesará el dolor de las madres que conservan la esperanza de  volver a ver a sus hijos? Ojalá no sea después del 7 de agosto de 2018 cuando arribe a la Casa de Nariño el nuevo presidente de los colombianos.

Una y otra vez debemos alzar nuestra voz de protesta, el silencio ciudadano sepultaría a los 2900 niños, de los cuales no sabemos nada. Exijamos verdad sobre las cifras que aún se encuentran en la penumbra.

Publicado en Columnistas Nacionales

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