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Rafael Nieto Loaiza                                    

Dos premisas: en Colombia el 28% de la población es pobre y la economía está exhausta. Si no crecemos al menos del 4% (en el primer trimestre lo hicimos al 1.1%), no bajamos el desempleo ni los niveles de pobreza.

Nuestro objetivo es generar un país donde todos seamos propietarios y superemos de manera definitiva la pobreza. La vía para lograrlo no puede ser el socialismo que, está probado por la historia y se prueba de manera comparada en el mundo contemporáneo, ha fracasado y fracasa hoy de manera estruendosa. Basta mirar en el espejo de Venezuela.

El camino para la construcción de ese país de esperanza y progreso es el capitalismo popular e incluyente, donde se genere riqueza, se cree empleo y se focalice el gasto del Estado en los más pobres y necesitados. 

El capitalismo popular no es vergonzante: apuesta de manera decidida y expresa por la propiedad privada y su defensa, incluyendo la protección de los legítimos propietarios de la tierra, y por la libre empresa y el apoyo al emprendimiento como bases estructurales del crecimiento económico.

La prosperidad no se obtiene con más Estado. Su motor es la empresa privada. En nuestro país está probado, además: el 95% del empleo lo genera el sector privado y solo el 5% el público.

Para impulsar la economía se requieren cambios estructurales: uno, seguridad jurídica y estabilidad. Los empresarios y los nuevos emprendedores necesitan certeza sobre las reglas de juego. Aquí la producción normativa es excesiva. Centenares de leyes y decretos y normas de inferior jerarquía se producen al año, haciendo cada vez más compleja y mucho más costosa la actividad productiva. Además, la maraña regulatoria y la tramitología abren las puertas a la corrupción y a la injerencia indebida del funcionario público en la actividad privada. Hay que bajar el costo normativo y simplificar la regulación. Por otro lado, hay que buscar mecanismos que impidan el exceso de cambios jurisprudenciales. Cortes y jueces, en virtud de la propagación como plaga de la teoría del nuevo derecho, han conseguido que impere en Colombia la incertidumbre jurídica. La búsqueda de mecanismos de jurisprudencia obligatoria es indispensable. Como lo es también dar solución definitiva a los enormes obstáculos para la prosperidad en que se han convertido las consultas previas y populares y un sistema de licenciamiento ambiental caprichoso y que no consulta la necesidad ineludible de conjugar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo.  

Dos, el sistema tributario se ha convertido en obstáculo para la economía y nos está impidiendo ser competitivos. Este gobierno no solo derrochó la mayor bonanza de la historia (con los picos de precios y de producción de carbón y petróleo), sino que asumió gastos permanentes con ingresos inciertos, de manera que al finalizar el boom se vio obligado a subir, una vez más, los impuestos. Solo el del IVA significó un aumento del 19%, de un día para otro, de la carga tributaria de los más pobres y de la clase media baja y castigó fuertemente el consumo. Además, hay que resaltar que en Colombia pocos pagan impuestos directos y quienes si lo hacemos tenemos tasas cuasi confiscatorias. Hay que decirlo con todas las letras: es indispensable simplificar el régimen tributario y bajar tarifas. Empezando por el IVA y siguiendo por los de las empresas siempre que generen empleo formal o socialicen las utilidades con sus trabajadores. El ex presidente Uribe va más allá y sugiere una reducción general de tarifas a cambio de un aumento del salario mínimo. En cualquier caso, la reducción de impuestos parece indispensable tanto en competitividad como para darle un nuevo aire a la economía.

Pero, tres, eso no es posible hacerlo con este gobierno derrochón, despilfarrador y corrupto. La ineficiencia y la corrupción convierten el efecto redistributivo del presupuesto y los impuestos en una transferencia de la riqueza que generamos los ciudadanos y el sector privado a los bolsillos de politiqueros y bandidos. Es inexplicable que el presupuesto del 2018 disminuya un 1% y al mismo tiempo los gastos de funcionamiento crezcan un 8%. Y que caiga la inversión en casi todos los rubros, pero aumente un 184% el de la Presidencia y un 3.900% el de un “postconflicto” que no existe. Un Estado austero y eficiente y una lucha sin cuartel contra la corrupción son condiciones indispensables para retomar el rumbo de la prosperidad. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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