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Eduardo Mackenzie                                      

El 17 de abril pasado, la Misión Electoral Especial (MEE), un grupo de seis personas (cinco colombianos y un boliviano) creado para dar cumplimiento a un punto del acuerdo entre Santos y las Farc --pacto rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016--, entregó su informe definitivo al gobierno colombiano. El rechazo del acuerdo de La Habana no le impidió a ese grupo trabajar el citado tema.

Desde la entrega del informe al presidente JM Santos, la opinión pública no ha tenido acceso al documento completo de la MEE. Sólo un resumen de nueve páginas es disponible en una discreta página web (1) bajo el título de “Síntesis de las propuestas de reforma política y electoral de la Misión Electoral Especial de Colombia”.

He examinado esa “síntesis”. Mis primeras conclusiones al respecto son las siguientes.

La sombra del poder ejecutivo de nuevo sobre las elecciones

La reforma propuesta  busca reducir la independencia de los organismos encargados de realizar las elecciones políticas en Colombia. Introduce la mano del presidente de la República en el funcionamiento del sistema electoral al permitirle participar en la designación de los dirigentes del sector (Registrador nacional del Estado Civil, de la Corte Electoral y de miembros del Consejo Nacional Electoral), mediante el envío de ternas para la elección de esos funcionarios, en contravía del sistema actual que establece que la elección del Registrador recae, exclusivamente, sobre los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. La de los nueve miembros del CNE recae sobre el Congreso de la República en pleno.

La propuesta de la MEE aumenta la burocracia y la parsimonia del sistema electoral y de la resolución de los reclamos al desdoblar el actual Consejo Nacional Electoral en dos organismos separados: un “Consejo Electoral Colombiano” y una “Corte Electoral”. Estos dos, más la Registraduría nacional del Estado Civil, conformarían un trípode que recuerda mucho el pesado sistema mexicano, con su Tribunal Federal Electoral del cual hacen parte la Comisión Nacional de Vigilancia de Registro Federal Electoral, más un Consejo General, más una Junta General Ejecutiva y una Dirección General. Los seis miembros del Consejo General son elegidos por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por el presidente de la República mexicana.

Un organismo con poderes exagerados

La MEE propone retirarle funciones importantes a la Registraduría nacional del Estado Civil, dejándole funciones meramente técnicas y logísticas, como garantizar las urnas del día electoral, y dotar al “Consejo Electoral Colombiano” de poderes claves, excesivos y casi omnímodos: convocar las elecciones; reglamentar el proceso electoral; inscribir los candidatos; efectuar los escrutinios; resolver las reclamaciones; aprobar el censo electoral; delimitar las circunscripciones electorales; otorgar el financiamiento de las campañas electorales de los partidos; recibir las cuentas de éstos, revisar esas cuentas, sancionar y acusar a los infractores ante la Corte Electoral.

Intrusión en la vida interna de los partidos

Este organismo está diseñado, además, para inmiscuirse en la vida interna de los partidos: detendría la lista de adherentes y la lista de donantes, y hasta dirimiría las querellas internas de éstos. Estaría, por otra parte, encargado de ejercer funciones de policía ideológica de los partidos pues la propuesta habla de encargar al CEC de la “educación democrática y ciudadana”, es decir de propagar ideas y consignas a los partidos y a la ciudadanía en general. Funciones todas que son  propias de las formaciones políticas y no de aparatos del Estado. Con el sistema que propone la MEE los partidos pierden su libertad y autonomía y pasan a ser meros conglomerados amorfos de votantes bajo la influencia y control del Estado. En Francia, el Estado lleva la lista de los electores inscritos pero no la lista de los adherentes y militantes de los partidos políticos.

El CEC estaría, por otra parte, encargado de “preservar la memoria institucional”. No se sabe bien qué alcance tiene esa frase, ni de qué “memoria” hablan los proponentes. ¿Se trata de la “memoria” revisionista que los equipos de propaganda de las Farc están elaborando a marchas forzadas?

Alejar las empresas de la vida política y electoral

El famoso “Consejo Electoral Colombiano” (CEC) podría ejercer presiones fuertes sobre los partidos mediante el instrumento de la financiación de las campañas electorales. La propuesta habla de “equidad” pero no de igualdad republicana. Busca limitar los aportes familiares y personales de los candidatos,   y los de las empresas y aumentar, al mismo tiempo, los aportes del Estado a los partidos. En la propuesta de la MEE, es claro que las empresas y las familias deben ser alejadas con artificios de los partidos, de sus bases y de sus líderes. ¿Alguien pretende restringir artificialmente los medios de que disponen los partidos mayores y aumentar las posibilidades técnicas, propagandísticas y de agitación de los menores? En todo caso, mediante ese tipo de ayudas y de financiamiento, de la supervisión de los adherentes y del control de la ideología, hay una obscura maniobra contra la libertad de conciencia y una nacionalización de hecho de los partidos políticos. Todo eso es grotesco y antidemocrático.

Curiosos regalos a los nuevos partidos

La MEE propone dar dinero a  las “nuevas organizaciones políticas” incluso en época no electoral.  Quiere  lanzar “nuevos criterios” para dar  subsidios a esos grupos. El pretexto será  darles “premios” a las “políticas de inclusión” y a su “democracia interna”.  Es obvio que la atribución de esos “premios” la hará el CEC de manera subjetiva pues no existe un baremo para medir objetivamente tales conductas.

El esquema de la MEE favorece la multiplicación de los partidos, de las microempresas electorales y de los grupúsculos, con el argumento de la necesidad de “incluir a los grupos sub-representados”. Ese proyecto contribuye a acelerar el fraccionamiento en curso de los partidos tradicionales colombianos. El dogma central que la MEE trata de vender como una panacea es que ciertas categorías sociales, como “las mujeres”, los “grupos étnicos”, “los jóvenes”, “los indígenas”, deben tener sus propios partidos y defender sus particularismos en las elecciones. En las democracias, los partidos políticos son pluri-sociales y pluri-societales, incluyen y no vetan la afiliación de ninguna categoría, clase o capa social. En una democracia liberal, la nación está compuesta de ciudadanos iguales en derechos, a pesar de sus diferencias sociales. Crear instituciones separadas siguiendo el criterio de la diferencia (una justicia especial para los indígenas, por ejemplo), es una anomalía. Impulsar la formación de partidos “de jóvenes”, o “de mujeres”, o de “indígenas”, o “de afro-colombianos” equivale a agravar el diferencialismo. Es intentar borrar de la psicología social la idea de nación, y llevar a Colombia a un retroceso democrático, a que adopte una visión excluyente y sectaria, basada en la sospecha y en la desconfianza del otro.

Aceite para la agitación minoritaria

El resultado más que probable de la multiplicación de partidos, como ha ocurrido en otras sociedades, es la paradójica degradación del trabajo legislativo. La reducción del peso de los partidos mayoritarios, estables y coherentes, conlleva al deterioro del consenso y milita contra la obtención de las mayorías que sacan adelante las reformas. Los micro-partidos favorecen el auge de los personalismos, del clientelismo, de la agitación minoritaria. Saturan  de dudas y confusión el espacio mediático y reducen la estabilidad de los gobiernos.

Coherente con lo anterior, la propuesta de la MEE insiste en adoptar el modo de escrutinio proporcional, y renunciar al sistema uninominal mayoritario a una o dos vueltas. El escrutinio proporcional favorece el multipartidismo y la fragmentación política y dificulta la formación de mayorías centrales y sólidas.

Litigios y sanciones resueltos por un grupo ad hoc

La “Corte Electoral” (CE) sería un organismo adicional raro pues compuesto por “siete abogados” (la síntesis no les da el calificativo de magistrados). Esos “abogados” se eligen entre ellos mismos.  Las candidaturas saldrían de ternas donde aparece, una vez más, la mano del poder ejecutivo, por la terna enviada por “la Presidencia de la República”, a la que se suman las dos ternas enviadas por el Consejo de Estado, las dos de la Corte Constitucional y las dos de la Corte Suprema de Justicia. Empero, la “Corte Electoral” propuesta no tendría mucho poder pues dependería de las iniciativas del CEC. La CE, por ejemplo, podría declarar la pérdida y suspensión  de la personería jurídica de los partidos, y podría privar a estos de presentar candidatos, como ocurre hoy en Venezuela, pero “por demanda y solicitud del CEC”. En las democracias,  son los cuerpos regulares y estables del alto poder judicial, y no grupos ad hoc, como sería este CE, los que resuelven los litigios y deciden las sanciones grandes y pequeñas generadas por los procesos electorales.

Los estándares de los países democráticos

En Francia, el Consejo Constitucional, desde 1958, es el juez del proceso electoral, en especial  de la elección del presidente de la República, de los diputados y de los senadores. También tiene un papel considerable el Consejo de Estado. Las decisiones de esas dos instituciones son muy poco impugnadas. La lista de los candidatos a la primera vuelta  es validada por el Consejo Constitucional. En Estados Unidos, la Corte Suprema juega el papel decisivo en las controversias legales de los procesos electorales. En España, ese papel lo juega el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional decide en materia de derechos civiles. Austria, desde 1919, da tales poderes al Tribunal de Justicia Constitucional. En Francia, el reembolso de los gastos de campaña de los candidatos lo hace un organismo independiente, el CNCCFP.

¿Por qué la MEE quiere alejar a Colombia de los sistemas políticos y de la justicia electoral de los países democráticos?

Al leer la síntesis de la MEE puede uno preguntarse qué pretenden los autores de esa propuesta de reforma política. Ese texto está redactado de manera hábil: con cantidad de frases destinadas a crear en el lector un clima de confianza. Prometen que ese enfoque es más “moderno”, que mejorará el sistema electoral colombiano y que lo hará mucho más “transparente” y “equitativo”. En realidad, es lo contrario. Los modernos patentados de la MEE no son modernos, son anacrónicos. Ellos patrocinan una regresión democrática que conforta, desde luego, un mundo imaginario y aparte: el de ellos. 

¿Quién mueve los hilos de este proyecto?

No hay por qué sorprenderse. Los trabajos de la MEE estuvieron dirigidos prácticamente por dos grupos extranjeros: el Centro Carter, conocido por sus relaciones no conflictuales con  el mundo castrista y chavista, y sobre todo por el Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Ong fundada en el año 2000 por siete partidos donde están los laboristas y ecologistas locales, así como los cristianos y liberales de izquierda, todos partidarios del “cambio del sistema político” holandés. Las siglas respectivas son CDA, PvdA, VVD, Groenlinks, Democrats 66, Christen Unie y SGP.

El NIMD tiene poca influencia en Holanda. La mayor parte de sus actividades están en países africanos y en Latinoamérica. Esa Ong vive de donaciones del ministerio holandés de Relaciones Exteriores, pero también recibe dinero de fundaciones, gobiernos e instituciones transnacionales como la UE.  Entre las fundaciones que aportan dinero a NIMD está la Open Society Foundation, del polémico multimillonario George Soros (2). Ángela Rodríguez es la directora ejecutiva del NIMD en Colombia.

El NIMD hace parte de otra Ong más grande: “Hivos people unlimited”, que se ocupa de activismo político en el Tercer Mundo, y de grupos pro eutanasia, igualdad sexual, liberación femenina, ideología de género, LGBTI y MSM. Ben Bot, un ex ministro holandés, preside el comité de vigilancia del NIMD.

Esas organizaciones, a través del grupito de los seis,  son las que pretenden ayudar a los colombianos a “profundizar” la democracia, mediante una reforma electoral que tiene más defectos que virtudes.  Sorprende, eso sí, el silencio que guardan la prensa y los partidos colombianos y, sobre todo, los candidatos y precandidatos presidenciales, respecto de esa desviada propuesta de reforma política que avanza callada, de espaldas al público y que la administración Santos intentará imponer a como dé lugar, a última hora, y por la vía espuria del fast track,  sin que la representación parlamentaria y la opinión pública hayan podido discutir la menor de sus pretensiones.

(1).- colombia.nimd.org/recomendaciones-finales-de-la-mision-electorâl; sintesis moe.org.co/wp.../Colombia-Misio_n-Electoral-Especial-1.pdf.

(2).- http://nimd.org/organization/partners/

Publicado en Columnistas Nacionales

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