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Natalia Bedoya                                          

Si me pidieran hoy que ejemplificara impunidad, la mejor ejemplificación sería la posibilidad de que las Farc puedan hacer política y estar en el Congreso mientras son investigados por la JEP. Una evidente participación política sin pagar un día de cárcel por sus crímenes, incluyendo los de lesa humanidad.

Pero la impunidad es tan solo un eslabón de la escalera de prebendas negociadas en Cuba. Pretender darle apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, parece ser otro de los regalos del gobierno  a las Farc.

El Decreto - Ley 903 de 2017 expedido por el Presidente Juan Manuel Santos, en virtud de sus facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Republica, deja abierta la posibilidad de constituir un verdadero lavado de activos a los bienes de las Farc legalizado por el propio gobierno.

El Presidente Santos autorizó la creación de un fondo fiduciario, al que pasarán los activos de las Farc declarados en el inventario de bienes, que servirán entre otras cosas para financiar al partido político de las Farc.

Muy a pesar  que desde la orilla  del gobierno, en cabeza de su Ministro de Justicia, se niegue el posible lavado de activos de los bienes de las Farc, la literatura del decreto los desvirtúa y pone en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno y las Farc.

El artículo 4 del decreto 903 de 2017 establece que con los bienes y activos incluidos en el inventario de las Farc se procederá a la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final.

El punto 3.2.2 del Acuerdo Final  contempla la financiación y asistencia técnica en el funcionamiento del partido político de las Farc.  De manera literal  “la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político - de acuerdo con sus intereses”.

Lo cual en otras palabras significa que el dinero del narcotrafico, del secuestro y demás actividades ilícitas de las Farc pasará a un fondo, administrado supuestamente por el gobierno, para financiar el nuevo partido de las Farc, lo que en últimas representa un lavado de activos con la autorización del gobierno.

Recuerden que en las condiciones del Acuerdo final el partido de las Farc recibirá anualmente, hasta el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento. Además, el Centro de Pensamiento de las Farc recibirá una suma equivalente al 7% anual del presupuesto destinado para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022.

Según cifras entregadas por el Consejo Nacional Electoral, para cumplir con los cronogramas del partido político de las Farc, éste requiere arrancar con 3.565 millones de pesos de cartera. ¿De donde provendrá este dinero? ¿Acaso del dinero de las actividades ilícitas llevadas a cabo por este grupo terroristas por más de 50 años?

El código penal define el lavado de activos como aquel en que incurre una persona que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen ilícito. Entonces, ¿quién incurrirá  en lavado de activos del dinero de las Farc?

Según dijo, la Fiscalía , “3.389 son los bienes de propiedad de las Farc, en un valor aproximado a $1.107.130 billones”.  ¿Cuántos bienes entregaron en inventario las FARC? Aún no sabemos, pero seguramente será menos de lo que realmente tienen.

El dinero del narcotráfico será reinvertido en las Farc, mientras víctimas del narcotráfico y el terrorismo están en vilo a la espera de una reparación inmediata.

¿Cuantos regalos del gobierno a las Farc faltarán por revelarse?

Publicado en Columnistas Nacionales

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