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Alfonso Monsalve Solórzano                                        

La realidad está ahí, cada vez más amenazante. La arremetida contra los colombianos es como un pozo sin fondo. Esta semana, para decepción de los que piensan con el deseo y se niegan a ver la realidad, los acontecimientos nos golpearon con fuerza de los hechos.

De entrada, el cinismo de Santos no tiene límite. ¿Cómo se atreve a decirle a los colombianos que hay parte de los acuerdos que firmó con las Farc que no le satisfacen, pero que los suscribió porque era una transacción, y que había que cumplirlos?

Es de no creer. Un presidente que llegó al poder en 2010 y en 2014 con dineros provenientes de fuentes de corrupción, como los que recibió de Odebrecht en la reelección -dicho no por la oposición, sino por la propia Fiscalía-, que lo hizo para negociar con las Farc un pacto que fue rechazado por los colombianos y que viola la Constitución que juró defender; ese presidente, digo, carece de legitimidad de origen y de legitimidad de desempeño. Y su confesión, porque su declaración es una confesión en toda la regla, debería tener consecuencias legales: debería ser juzgado y condenado con la destitución, si hubiese un Congreso y no un rebaño adormecido de mermelada en sus mayorías, y unas Cortes que fuesen independientes.

Pero en el país ocurre lo contrario: no pasa nada cuando las Naciones Unidas informan que en 2016 hubo150.000 hectáreas de cultivos de coca, un impresionante crecimiento en un año del 34%, y entre 800 y 1050 toneladas de cocaína; cálculo que, entre otras cosas, es mucho menos preciso y está siempre por debajo de las que hacen los Estados Unidos, que estiman más de 200.000 hectáreas sembradas el año pasado.

Y para la prueba, un par de botones. Un obscuro funcionario de apellido Villegas, y nada menos que el vicepresidente Naranjo, se refirieron a esta situación. El primero, que funge, según se dice, de ministro de defensa ofreció su cabeza, pero no por el brutal crecimiento de la coca bajo su gestión (¿?), no, sino solo en caso de que no pudiese erradicarse la meta propuesta para este año (100.000, de las cuales llevan erradicadas a la fecha, según dice sin prueba alguna, 21.000; y otras 50.000, que estarían bajo promesa de ser sustituidas voluntariamente. ¡Qué risa!). Y, ¿qué tal el vicepresidente Naranjo diciendo que no va a pelear con las cifras, sino a cumplir con las metas fijadas? ¿Qué significa su crítica actual a la fumigación, cuando él se supone que la encabezó durante muchos años en el gobierno de Uribe como director de la policía y no la criticó? Naranjo fue actor esencial en la negociación, por eso, es inaceptable que ahora pase de agache. Su responsabilidad con lo pactado es de primer orden.

Tampoco pareciera ocurrir nada en Colombia, al menos en el alto gobierno y los representantes de la Onu en el país cuando alias Carlos Antonio Lozada sale a decir que no entregarán más niños reclutados al ICBF: "Nosotros hicimos un pronunciamiento público en el cual nos comprometimos a llevar a la edad de 17 años el ingreso a filas. Esa decisión se mantiene y lo hemos respetado desde el momento que se hizo el pronunciamiento (…). En ningún caso se dijo que fuéramos a retirar de filas los menores de 17 años que ya habían ingresado" (http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/las-farc-aseguraron-no-entregaran-los-ninos-tienen-sus-filas).

Esto es de una gravedad inaudita. Simplemente se niegan, esta vez sin ningún tipo de disimulo, y usando una falacia inaceptable, a cumplir el acuerdo en materia gravísima. Basta leer lo pactado. Los niños de las Farc, de los cuales entregaron apenas menos de 80, son víctimas de primer orden de ese grupo: les robaron la infancia, los arrancaron de sus familias y jugaron con sus vidas.

Y que tampoco regresen su riqueza ilegalmente acumulada es otro incumplimiento mayor: lo acordado era que entregaban todos sus bienes. Ahora resulta que se quedarán con "Lo que se necesita para las víctimas y obviamente para el funcionamiento del partido porque de qué va a vivir el partido si no es de recursos económicos que salen adelante por el acuerdo con el Gobierno (…) A lo largo de la guerra conseguimos fincas, caballos, carros”, (http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/andres-paris-afirmo-parte-los-recursos-las-farc-serian-destinados-su-partido). Eso de que repararán a las víctimas es el peor de los chistes que nos han contado. Tenía razón el Fiscal: se está preparando la mayor operación de lavado de activos del país.

Y que se queden en las zonas transitorias, es gravísimo de suyo: están creando asentamientos ancla para desplegar su estrategia de combinación de todas las formas de lucha.

Las preguntas que surgen de todo esto son: ¿cómo es que hay que acatar un acuerdo que fue firmado por un gobierno ilegítimo? ¿Cómo respetarlo si las Farc lo están incumpliendo en materia grave? Elementos de ese pacto son inaceptables, aun si los colombianos deciden mantener partes del mismo, como la amnistía para aquellos que no han cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra. Pero la situación hoy es distinta: las Farc están violando el acuerdo, lo que de hecho hace que el gobierno se libere de sus compromisos.

Claro que eso no ocurrirá. Santos y las Farc seguirán haciéndole trampa a Colombia. Sólo ganando las elecciones de 2018, o adelantándolas, a causa de la ilegitimidad de Santos, podremos los colombianos recomponer este entuerto, salvando la paz, pero recuperando la validez de nuestra Constitución y el control de nuestra democracia y de nuestro territorio. Para que no desaparezcan, como hoy sucede. Porque es claro que Santos ha mancillado nuestra democracia y las Farc incumplido el acuerdo. Algún día habrá justicia.

Publicado en Columnistas Nacionales

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