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Rafael Nieto Loaiza                                       

Apenas ayer, en el 2015, producíamos un millón de barriles diarios de petróleo. Este, 156 mil menos. Los campos declinan su producción rápidamente. En cinco años, Colombia tendrá que importar petróleo.

En el 2013, llegamos a exportar USD $32.483 millones en crudo. El año pasado, apenas USD $10.100 millones, menos del 30%. Es resultado de la caída en el precio internacional, es verdad, pero también de la bajada en la producción. Este año no pinta mejor.

Sin autosuficiencia no solo aumentaremos el déficit comercial, sino que, por un lado, se aceleraría la devaluación del peso por los menores ingresos en dólares por exportaciones y por la mayor demanda para importar, y, por el otro, el país dejaría de recibir las rentas y tributos billonarios de la explotación petrolera.

No es un asunto menor. El Gobierno ha sostenido que la pasada reforma tributaria, que acogotó a los ciudadanos y contribuyó de manera decidida a la contracción económica de este semestre, fue indispensable para paliar la caída del ingreso por petróleo. Para el Gobierno, esa caída amplió el déficit del 2.4% del PIB en 2013 al 3.9%  en el 2015. Más del 60%. Los ingresos del Gobierno disminuyen 73 mil millones por cada dólar de menor precio del barril WTI y 13 mil millones por cada 10.000 barriles que no se produzcan. Los tres puntos de IVA adicionales, que saltó de 16 a 19%, estaban destinados a compensar la caída de los ingresos por renta petrolera y minera (un punto del IVA representa alrededor de 2.7 billones –millones de millones- de pesos). Más allá de que sea verdad que es indispensable una evaluación a fondo del gasto público para repensar tanto su pertinencia y calidad como el tamaño del Estado, lo más probable es que la pérdida de autosuficiencia obligue a nuevas cargas impositivas en un país que no aguanta un tributo más. Y todo ello sin contar el impacto para la Nación y para los departamentos de la caída de las regalías, en especial para los departamentos productores.

Lo más grave es que será muy difícil revertir la tendencia. Y es culpa del Gobierno. Primero, porque no se está haciendo sísmica. Es literal: a 01 de mayo, en este año no se había hecho ni un solo kilómetro de sísmica en el país. Y si bien el año pasado se hicieron 39.8 mil kilómetros, solo 2.1 fueron en territorio continental. Lo mismo fue en el 2015. ¡Todos los demás fueron en el mar! Este año ni siquiera eso.  Tampoco son mejores los datos de pozos exploratorios. En los dos años pasados se hicieron apenas 25 pozos anuales, muy lejos de los 131 del 2012. Sin sísmica y sin pozos exploratorios es imposible encontrar nuevos yacimientos. Lo poquito que se pueda crecer en producción será por cuenta de la ya explorado y por mayor capacidad de recobro de pozos ya existentes y en todo caso será marginal. 

Los motivos del desastres son varios. Uno, menor, la caída de los precios. Hay que advertir que en otras épocas menos precios no generaron el frenón violento de la actividad exploratoria. La causa es otra: el país dejó de ser competitivo y las petroleras prefieren otros destinos. Y dejó de serlo porque la prospectiva ya no es buena (desde hace años no se han encontrado nuevos yacimientos), porque los trámites de licencias ambientales y consultas previas son casi imposibles y hay una insoportable inseguridad jurídica, y, en especial, porque hay una enorme carga tributaria donde el Estado toma el 70% o más de las utilidades.

El Gobierno es responsable de los dos últimos puntos, los más sustantivos. Conocedor de la importancia del petróleo de la economía nacional, en tiempos de vacas gordas apretó fiscalmente a la industria. Hoy esa carga tributaria es insostenible. Y por cuenta del proceso con la guerrilla, no solo no se atrevió a defender pública y abiertamente la importancia del sector extractivo en la economía nacional sino que fue incapaz de plantear con claridad que, si bien hay que oír a las comunidades y atender sus reclamos, no es menos cierto que los intereses particulares deben ceder frente a los generales. Y que el bien común debe primar por encima de cualquier otra consideración.  

Como resultado, nos clavaron una reforma tributaria espantosa, la economía tiene un crecimiento raquítico, y la pobreza aumentó.  Con todo los cuidados sociales y medio ambientales que son posibles y deseables, no extraer petróleo no es solo un derecho sino un deber social y ético. Necesitamos esos recursos para el desarrollo y para combatir la pobreza. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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