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Libardo Botero C.                                      

El 1 de abril el expresidente Uribe señaló: “esta marcha continuará”. Y lo dijo refiriéndose no solo a las movilizaciones de denuncia y protesta en las calles, que son cruciales, sino también a la ineludible –así se veía entonces- tarea de buscar la demolición de los pilares básicos de la “implementación” de los acuerdos con las Farc: la JEP y el “blindaje” constitucional de los mismos. A través de un referendo derogatorio.

La Convención del CD, poco más de un mes después de aquellas enormes movilizaciones de abril, lamentablemente no se ocupó del asunto. Se remitió casi exclusivamente a la organización del partido y a la preparación para las elecciones de 2018, asuntos necesarios sin duda, pero que no pueden excluir el otro objetivo.

El crítico panorama nacional reclama una postura clara del CD en este particular. Mientras los más diversos sectores sociales –educadores, transportadores, servidores públicos, comunidades martirizadas y abandonadas del Pacífico, entre otros- enfrentan la desidia e incompetencia del gobierno de Santos, con paros y marchas, el principal partido de oposición no puede dedicarse casi que solamente a los ajetreos de su campaña interna para definir candidato presidencial. Siendo ese ejercicio necesario, no exime a la colectividad de sus responsabilidades ante el país.

Por donde se mire la situación nacional es desesperante. Los indicadores económicos son tan malos que hasta personajes que han defendido con ardor la política oficial en la materia, como Rudolff Hommes, Guillermo Perry y Carlos Caballero Argáez, en las últimas semanas han puesto el grito en el cielo. La inversión, la agricultura, la industria, el empleo, el crecimiento del PIB, todo anda manga por hombro.

De la situación social, ni hablar. Un gobierno de relumbrón, que quiere vivir de pantalla, trató de aprovechar la tragedia de Mocoa para repuntar unas décimas en las encuestas, pero como el invierno ha sido largo y fuerte, lo que hoy se palpa es que desnudó su imprevisión total e incapacidad de enfrentarlo. A más de un mes de Mocoa, con un país inundado, la ausencia e impotencia del gobierno, y de Santos en particular, es apabullante.

El fin de la violencia, que nos vendió el malhadado Nobel de Paz como el legado más fastuoso de sus siniestras tratativas con los terroristas, ha devenido en el recrudecimiento de los atentados, los ataques a la fuerza pública, los secuestros, las extorsiones, la inseguridad a granel. Alguien sugirió irónicamente, que vivíamos una “paz pistola”, aludiendo al macabro plan del Eln y narcotraficantes contra nuestros policías.

Pero acaso el problema más grave es el proceso de imposición de los acuerdos de La Habana, que no se detiene. Acaba la Corte Constitucional de fallar parcialmente contra el acto legislativo que estableció el “fast track”, tras demanda del CD respaldada por más de 1 millón 300 mil firmas, y sustentada en la misma Corte por el senador Iván Duque. Sin embargo, deja vigente todo lo aprobado hasta el momento, y solo hace un poco menos rápido el trámite hacia adelante. Es un tropiezo para la marcha del proceso legislativo, abre más posibilidades para resistir, pero no lo detiene, ni mucho menos. De eso podemos estar seguros.

Ya está en la puerta del horno la reforma electoral, que modificaría las reglas del juego para el debate electoral de 2018, en materias muy sensibles, que van desde la aplicación ahora sí del voto electrónico –con los riesgos ya denunciados de fraude-, hasta la creación de un Consejo Electoral que prácticamente descarta la presencia de las minorías y puede ser manipulado por el ejecutivo, sin descartar que se quiera alterar el papel actual de la Registraduría.

Y, en su desespero, y con la conocida presión de las Farc, que auditan y vigilan el trámite a través de la fatídica y fantasmal Comisión de Seguimiento, el gobierno quiere sacar a como dé lugar la tal reforma rural integral que fue pactada en Cuba. Primero intentó expedirla por decreto presidencial, pero la reacción nacional ante el arbitrario mecanismo, lo mismo que frente a las facultades expropiatorias concedidas, lo obligó a virar para buscar otra salida. Ahora se pretende hacerlo por vía parlamentaria en parte, modificando hábilmente algunas normas, pero conservando bajo la mesa las potestades expropiatorias; otra parte sustantiva se persiste en expedirla como decreto presidencial con fuerza de ley.

La JEP, ya aprobada por el Congreso, y que empezó a operar aún antes de que hubiera norma legal vigente (con el nombramiento de la Comisión que escogerá los magistrados, y la designación de un Secretario administrativo que hace rato empezó a operar), ha revelado su peor faceta, la que se presume que le adjudicaron sus creadores: otorgar impunidad a los terroristas y perseguir con saña a los “enemigos de la paz”.

Desde antes de la misma marcha del 1 de abril, el expresidente Uribe había anunciado que se estudiaba la idea de proceder a un referendo derogatorio de los dos más nocivos actos legislativos expedidos por el “fast track” hasta el momento: la aprobación de la JEP y la elevación a norma supraconstitucional de los acuerdos, haciéndolos de obligatorio cumplimiento de todas las autoridades, y fuente máxima de interpretación de la Constitución. En una fecha tan cercana como el pasado 27 de abril, a través de Twitter el ex presidente Uribe trinó: “Equipo jurídico prepara recolección de firmas para enfrentar abusos de Santos, Farc y asociados”. Estábamos esperanzados de que la decisiva tarea se avecinaba y sería lanzada en la Convención, pero no sucedió así ni se ha vuelto a hablar del tema desde entonces.

Sabemos que semejante empresa es titánica, llena de riesgos y dificultades. Nos preocupa que, si no se adelanta y se corona ahora, quedemos pasivamente a la espera de que un nuevo gobierno, republicano, dé al traste con estos esperpentos, cosa que solo se materializaría por allá dentro de dos años -contando con los trámites de un nuevo Congreso-, momento para el cual probablemente sería inoperante hacerlo, o imposible, porque todo iría tan avanzado que serían hechos cumplidos, prácticamente irreversibles. Pero también entendemos que, si no se cosecha el éxito esperado con en el referendo, se termine afianzando los acuerdos y su materialización, e impactando negativamente las perspectivas de la oposición en las elecciones de 2018.

En el centro de la decisión debe estar la consideración el futuro del país, el desespero de la gente, el rechazo abrumador a los acuerdos de paz y al gobierno de Santos, que nos ofrecen un panorama de optimismo para el avance y logros de la resistencia civil, así como la batalla del 2018. Pero es hora de tomar una decisión. Si el régimen chavista de Venezuela es un buen ejemplo de lo que Colombia debe evitar, el valeroso pueblo de Venezuela en las calles, es un digno ejemplo de cómo lo debemos afrontar. El CD no puede dedicarse solo a su campaña electoral o a dejar constancias en el parlamento, desentendiéndose del mundo que lo rodea. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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